Contexto Político
Por Efraín Flores Iglesias
La función policial ocupa un lugar primordial en materia de seguridad ciudadana. Lamentablemente, no todos los elementos policiacos cumplen con lo que establece la ley ni protegen a los ciudadanos y sus bienes de peligros y actos delictivos. Por el contrario, afectan a personas inocentes.
Se entiende que su trabajo sea de alto riesgo y que muchos de ellos pierdan la vida ante integrantes del crimen organizado. Lo que no se vale es que sean ellos los que afecten la tranquilidad ciudadana con sus acciones.
El domingo 4 de junio de 2017, por ejemplo, durante una persecución a disparos entre hombres armados y policías estatales en Tixtla, murió una persona que nada tuvo que ver en el enfrentamiento.
Se trata del abogado Eduardo Catarino Dircio, quien se encontraba en su domicilio junto con su familia refugiándose de la balacera, pero los elementos policiacos entraron a su domicilio y lo ejecutaron, además de sembrarle un arma.
De acuerdo a las versiones periodísticas de aquel entonces, el enfrentamiento inició en Chilpancingo y continuó hasta Tixtla, donde los delincuentes atacaron a los policías con armas largas y granadas de fragmentación.
Tras el enfrentamiento los policías estatales fueron señalados por los familiares del abogado de haberlo privado de la vida.
Y eso no es todo. Días después, cientos de vecinos de Tixtla marcharon por las principales calles de esa ciudad para exigir que se castigue a los policías estatales que dieron muerte a Eduardo Catarino.
El 29 de junio de ese año, el fiscal Xavier Olea Peláez informó que las investigaciones realizadas confirmaron la responsabilidad de uno de los policías que participó en el enfrentamiento.
’Se solicitaron a la Secretaría de Seguridad Pública las armas de cargo de cada uno de los policías que participaron en el operativo y de análisis periciales se advierte científicamente que efectivamente una de ellas privó de la vida a Eduardo Catarino Dircio’, destacó el entonces titular de la Fiscalía General del Estado. (Noticieros Televisa, 29-VI-2017).
La identidad del policía imputado no fue dada a conocer, pero Olea Peláez informó que la orden de aprehensión ya había sido solicitada y que sólo 19 de los 20 policías que participaron en el operativo en el que murió el abogado tixtleco habían declarado ante el Ministerio Público.
’Se solicitó al órgano jurisdiccional que corresponda con pruebas científicas suficientes la orden de aprehensión en contra del presunto responsable’, indicó.
CUENTO DE NUNCA ACABAR
Actualmente, existen protocolos mínimos de actuación policial, mismos que fueron aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, el 30 de agosto de 2017, y cuyo cumplimiento se hizo obligatorio para las entidades federativas.
Son seis protocolos los que deben regir la actuación de los miembros de las instituciones policiales, siendo los siguientes: Protocolo nacional de primer respondiente, Protocolo nacional de cadena de custodia, Protocolo para el uso legítimo de la fuerza, Protocolo de actuación policial en materia de violencia de género, Protocolo para la atención a víctimas y grupos vulnerables y Protocolos para la función de prevención o reacción.
Al parecer, no todos los elementos policiacos siguen al pie de la letra los protocolos. Les vale un soberano comino.
Y lo comento porque el pasado domingo (13 de junio), un joven de 34 años de edad recibió dos impactos de bala en el pecho, mismos que acabaron con su vida minutos después.
De acuerdo a la versión de sus familiares, elementos de la Policía Estatal fueron los que le dispararon cuando éstos perseguían a un presunto delincuente por las calles de la colonia Francisco Figueroa Mata, de Chilpancingo.
El hoy occiso respondía al nombre de Juan Antonio Delgado Antúnez, de oficio transportista y que era vecino de la citada colonia.
De acuerdo a la versión de sus familiares, Juan Antonio tenía planeado salir con sus hijas para almorzar con ellas, por lo que optó en esperarlas afuera de su domicilio. Y en ese lapso fue que recibió dos impactos de bala que acabaron con su vida.
Los supuestos elementos policiacos, en lugar de llamar a una ambulancia, para brindarle auxilio médico, recogieron los casquillos percutidos y se retiraron del lugar de los hechos.
La familia de Juan Antonio y sus compañeros del volante se han organizado para exigir justicia y demandar castigo para los responsables.
Ojalá la Secretaría de Seguridad Pública estatal tome cartas en el asunto y deje a un lado la soberbia.
Insisto, no todos los elementos policiacos actúan injustamente contra la ciudadanía. Pero hay manzanas podridas que manchan el nombre de la institución a la que pertenecen.
Juan Antonio deja a seis hijas huérfanas.
Veremos qué pasa con su caso.
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