Para erradicar cualquier práctica basada en tradiciones, usos o costumbres que tenga como resultado final la venta de niñas y adolescentes con fines de matrimonio forzado o cualquier otra actividad denigrante o ilícita, la diputada Julieta Fernández Márquez presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado.
En la propuesta que analizan las Comisiones Unidas de Para la Igualdad de Género y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la legisladora plantea que se garantice que los usos y costumbres de las comunidades indígenas y de toda la sociedad nunca socaven, limiten o violen los derechos humanos de las mujeres.
Y es que -señala- esta práctica no respeta el principio básico de lo que constituye el matrimonio e impide la libertad física de la persona, así como su capacidad de decidir su futuro por sí misma.
Indicó que México es uno de los países con la tasa más alta de matrimonios infantiles, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, y afecta cada año al 4.45 por ciento de las adolescentes de entre 12 y 17 años, lo que significa que más 25 por ciento de las mujeres mexicanas habrá entrado en matrimonio o unión a temprana edad.
Agregó que en Guerrero, lamentablemente, se sigue dando esa práctica, y lo grave es que ha dejado de ser sólo un rito o tradición en que se entregaba la dote en especie a la familia de la novia bajo el argumento de usos y costumbres, al existir dinero de por medio.
Reiteró que esto se ha convertido en una práctica denigrante de comercialización real de las mujeres, al obligarlas a contraer matrimonios arreglados por encima de sus derechos humanos, y con el consentimiento -muchas veces- de las autoridades.
Recordó que recientemente se reformó el Código Civil para prohibir el matrimonio infantil, estableciéndose que sólo los mayores de 18 años pueden contraer matrimonio; sin embrago, esto no ha sido suficiente y es necesario que las autoridades estatales y municipales realicen tareas en diferentes vertientes para concientizar, prevenir y erradicar esta práctica que lastima a las niñas, niños y adolescentes.
Fernández Márquez aclara que con esta reforma no se pretende restringir el libre desarrollo ni coartar el derecho constitucional de las comunidades indígenas a la auto determinación, sino que se pretende que el gobierno estatal y los municipios garanticen por diferentes medios el respeto irrestricto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
