Aparato de justicia inservible

¿Cuántos miles de millones de pesos cuesta el enorme aparato de justicia, con sus fiscalías General de la República, de la Ciudad de México, de los estados? ¿Con la Suprema Corte, Consejo de la Judicatura? ¿Con todo el despliegue que representa la Guardia Nacional, las policías capitalinas, tanto preventivas como judiciales? ¿Con las corporaciones encargadas de perseguir el delito en las entidades del país y hasta en países diferentes?
No encontré el dato y para armarlo tendría que recurrir al presupuesto de cada entidad que interviene en todo el sistema, para darnos una idea de lo cuantioso que debe ser la procuración e impartición de justicia. La prevención, la persecución del delito. El mantenimiento de las cárceles del país y todo lo que se mueve adentro, desde el personal administrativo, el operativo y los reos que purgan condenas.
De todos formas, debe ser de muchos miles de millones de pesos mensuales que prácticamente se tiran a la basura en un país en donde desde el principio de la actual administración, se puso el ejemplo sobre la forma de dilapidar el numerario que pertenece al pueblo de México −porque gracias a él ha sido posible conseguirlo− y que su Presidente, sin la menor congoja arroja a un pozo sin fondo. Verbigracia, la desaparición del aeropuerto de Texcoco.
No sólo desapareció el aeropuerto. También cientos de instituciones que tenían su función específica y necesaria, como el Fonden y otras parecidas.
¿Por qué no desaparecer ahora toda la maquinaria apuntada líneas arriba, si no tiene ningún caso mantenerla? El dinero que se emplea en ella podría servir para regalarlo ahora a los jóvenes a punto de cumplir 18 años y que en breve se convertirán en votos seguros para quien no tiene ningún empacho en dilapidarlo. De esa forma podría anticipar y ampliar su espectro de adoradores.
Lo anterior viene a colación por las revelaciones hechas apenas por el Inegi, con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, en el sentido de que el año anterior, más de 21 millones de mexicanos fueron víctimas de la delincuencia en el país. Afirma que en 93.3 por ciento de los delitos no hubo denuncia o la autoridad no inició una carpeta de investigación. A pesar del elevado número de ilícitos, fue menor que en 2019. La encuesta aprecia que la pandemia ayudó a esa pequeña reducción.
¿A qué obedece todo esto? Obviamente, a la táctica absurda de no perseguir los actos delictivos. Las autoridades encargadas se preocupan por convencer de que siempre está a la baja. Eso lo he escuchado a lo largo de mi vida. Por eso, en una ocasión aseguré que si la incidencia realmente bajara con cada nuevo funcionario, México ya estaría en competencia con los países europeos que han cerrado sus cárceles por falta de delincuentes.
Eso es también la consecuencia de una táctica por demás equivocada y hasta ofensiva, de dar abrazos a los delincuentes, que oculta la verdadera intención, de dejarlos actuar a sus anchas, a cambio de que coadyuven con ciertas tareas de gobierno. Desde hace tiempo sabemos que el crimen no prospera, si la autoridad no quiere. Es necesario el concurso de ésta.
Desde hace varias décadas, muchos mexicanos sabemos de la complicidad de unos y otros. Pero es la primera vez que escuchamos un consentimiento explícito a los criminales, animados por expresiones que coadyuvan abiertamente a impulsar el delito, mientras las instituciones encargadas de reducirlo duermen.
El informe es detallado. Utilizamos sólo datos que pueden interesar al lector. Dice también que el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó un monto de 277.6 mil millones de pesos, es decir, 1.85 por ciento del PIB. Ya podemos imaginar el tamaño de la erogación, si tomamos en cuenta el gasto en instituciones que no funcionan. Pero el gobierno de un país pobre se comporta como si lo fuera del más rico del mundo.
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