Aplicar la ley a los delincuentes

HAY QUE DECIRLO CON TODAS SUS LETRAS. Lo que ocurre en Xalpatláhuac no es un asunto político, sino legal, es decir jurídico, y en consecuencia, debe aplicarse la ley a quienes la violan. En este sentido, se equivoca el secretario general de Gobierno, Saúl López Sollano, quien no entiende, además, los nuevos tiempos: la ley no se negocia ni es objeto de acuerdos.

En este sentido, mal empieza el gobierno de Evelyn Salgado Pineda quien, a través de su secretario general de Gobierno, pretende negociar la ley, cuando lo que sucedió en Xalpa fueron hechos delictivos que al menos dejaron dos heridos, el robo de armas de la policía municipal y agresiones a la alcaldesa del lugar, Selene Sotelo Maldonado.

Así las cosas, negociar con quienes cometieron esos delitos, no sólo es contrario a la ley y a la justicia, sino que con ello se protege a los delincuentes y en consecuencia, se da paso a la impunidad, y lo que es peor, se deja la puerta abierta para que sigan cometiendo otros delitos, no sólo contra la gente ’común y corriente’, sino también contra las propias autoridades legalmente constituidas.

Por supuesto, Xalpatláhuac es un municipio pequeño comparado con otros, como Tlapa, Chilpancingo, Acapulco, Iguala u Ometepec, entre muchos otros, pero eso no es motivo para que las autoridades estatales permitan que grupos delincuenciales siembren el terror en ese lugar, como ocurre con los encapuchados que se hacen llamar policía comunitaria, auspiciados por un candidato perdedor y un supuesto tlayakanki que se erige en autoridad.

Hay que decirlo. En Xalpatláhuac, como en cualquier municipio del estado, incluso en Ayutla, que se rige por el método de usos y costumbres, las únicas autoridades legalmente constituidas son las que se eligen constitucionalmente, de ahí que si hay otros que se erigen o se autonombren como tales, no solamente están fuera de la ley, sino que cometen un delito al usurpar funciones de quienes han sido designados por la voluntad popular.

En consecuencia, a las autoridades legalmente constituidas deben dársele las garantías necesarias para que operen con normalidad y en consecuencia cumplan con su responsabilidad y lo que establece la ley, y en ése mismo sentido, el gobierno del estado, e incluso el gobierno federal, está obligado a actuar para volver a la normalidad. No hacerlo, o en su caso negociar con quienes han puesto a ese municipio en un estado de excepción, es amafiarse con quienes han violentado la ley.

Puntualicemos. No se trata de reprimir a quienes protestan, sino de aplicar la ley a quienes han cometido delitos y puesto en peligro a la población. El bien superior, el bien común, ciertamente está por encima por el de grupos que por la fuerza, la presión y el chantaje buscan doblegar, y hasta hacerse del poder de quien fue elegida legal y democráticamente.

Se equivoca pues el secretario general de Gobierno. Pretender que la alcalde negocie y acceda a las exigencias del grupo de encapuchados que se hacen pasar por policías comunitarios, alentados por el candidato perdedor Edmundo Delgado Gallardo, y el tlayakanki Nicolás Villarreal Dircio, no sólo es socavar la autoridad del Ayuntamiento que encabeza Selene Sotelo Maldonado, sino ponerse de lado de quienes con presiones y el uso de la fuerza buscan acceder al poder.

¿Cuál, pues, es el mensaje que se manda desde el gobierno del estado? La respuesta parece ser más que evidente. Por sobre el Estado de Derecho, poner de rodillas a una presidente municipal elegida constitucionalmente mediante el voto popular.

La pregunta es si en Acapulco o Chilpancingo, por citar dos ejemplos, el gobierno de Evelyn Salgado, a través de su secretario de Gobierno, Saúl López, u otro titular de despachpo, permitiría que, como ocurrió en Xalpatláhuac, encapuchados que se dicen policías comunitarios, irrumpieran a balazos en una reunión de Abelina López o Norma Otilia Hernández, las agredieran, hirieran a algunos de los asistentes, robaran las armas de los policías municipales y además se apoderaran del palacio municipal. La pregunta es si en vez de aplicarles la ley, ¿estarían negociando con los delincuentes por el hecho de decirse autoridades?

¿Acaso esperan que la sangre llegue al río?

Y a propósito ¿qué está haciendo la Fiscalía General del Estado? ¿Está persiguiendo a los delincuentes, o sigue integrando las carpetas de investigación por los delitos cometidos en ese municipio de la región de la Montaña? Son preguntas. ¡No se amontonen!

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