Aprueban polémicas propuestas

Los congresos locales de los estados de México y Veracruz aprobaron iniciativas de ley, sin duda polémicas pero necesarias para las condiciones de vida vigentes en pleno Siglo XXI. En el Estado de México, por mayoría de votos, se aprobó la creación de la Ley de Identidad de Género que permitirá a los mayores de 18 años realizar los cambios administrativos a su acta de nacimiento y modificar el género de su situación civil sin necesidad de recurrir un amparo.
La diputada Liliana Goyas Trejo, de Morena y quien promovió la iniciativa de reforma al Código Civil del Estado de México, reconoció la voluntad de todos los grupos parlamentarios de avalar el dictamen y velar por los derechos de la comunidad transgénero...
La aprobación fue celebrada por la comunidad lésbico, gay, bisexual, travesti, transexual, transgénero, intersexual y queer, al calificarla como " un acto de justicia".
Sin embargo los festejos fueron empañados por el asesinato de una activista por los derechos de la diversidad sexual. El cuerpo de Alin, mujer "trans", fue hallado envuelto en una cobija al interior de un departamento de la colonia Estación, en el municipio de Mexicaltzingo. Ante ello la comunidad LGBTTQ+ del Valle de Toluca calificó el hecho como un "crimen de odio" y exigen su total esclarecimiento y castigo para los responsables.
Mientras tanto en Veracruz los diputados locales aprobaron despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, independientemente de la causa y no solo en excepciones como violación, malformación o riesgo a la madre, como se establecía hasta antes de la reforma.
La iniciativa presentada Mónica Robles, diputada por Morena, consideraba que "despenalizar no es obligar", sino dejar de criminalizar a mujeres en pobreza o víctimas de violencia, como con Diana ’N’, encarcelada por homicidio doloso tras un aborto espontáneo.
Veracruz es la cuarta entidad en aprobar la despenalización del aborto; anteriormente lo han hecho la Ciudad de México en 2007, Oaxaca en 2019 e Hidalgo el pasado junio.
Esta decisión fue respaldada por políticos como Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación; Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y Verónica Juárez, coordinadora de diputados federales del PRD, pero otros la rechazaron como José Manuel Suazo Reyes, vocero de la Diócesis de Xalapa, y dirigentes del Frente Nacional por la Familia y varias agrupaciones evangélicas.
Este tipo de medidas resultan polémicas pero es necesario aceptarlas en beneficio de sectores sociales que se han visto discriminados y ahora demandan no ser estigmatizados.