Alrededor de 300 ciudadanos de la Asamblea Corazón Parque Bicentenario 2010, ubicado al noroeste de la Ciudad de México, exigieron que la administración sea devuelta a la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat), tras haber sido privatizado en el Gobierno de Enrique Peña Nieto para lucrar con eventos masivos y que a partir de entonces han descuidado las áreas verdes.
Por su parte, Eduardo Pérez y Jorge McPhail, los representantes del Parque gestionado por Operadora de Proyectos de Entretenimiento, expusieron que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), a quien Semarnat lo entregó el 12 de octubre de 2017, les dio la concesión el 1 de marzo de 2018, justificando que ’ya no contaban con presupuesto para mantenerlo’. Hace dos años se los entregaron ’en picada’ y les ha tomado un año realizar reparaciones. ’Pintaban los barandales según el color del partido.
Los ciudadanos de la Asamblea mencionaron que en 2010, cuando la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) cedió el Parque al INDAABIN, los usuarios tenían acceso vehicular gratuito, disfrutaban del museo y de la Feria Internacional del Libro Juvenil, así como de acceso a baños limpios.
Sin embargo, la Asamblea menciona que desde que lo concesionaron cobran el ingreso de los autos, no todos los baños están abiertos, la Feria ya no se realiza, el museo no ofrece exposiciones y durante eventos se cierran ciertas zonas; además por si fuera poco, no funciona la planta de tratamiento de agua con la que podrían regar las áreas verdes en vez de ’usar sin permiso’ de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Los vecinos señalan que murieron los ajolotes introducidos a la chinampa por Semarnat en 2010 y 2014, pero los representantes del Parque aseguran que esta especie en peligro de extinción ya no estaba cuando les otorgaron el lugar. En el estanque, hay patos, garzas, peces y tortugas. Aseguran cumplir con la norma de emisión de decibeles para no afectar a la fauna durante los conciertos. También explicaron que ’por seguridad’ de los usuarios, sobre todo menores de edad, se cierran temporalmente ciertas áreas en los eventos.
’Un parque ecológico no es negocio, por lo que la empresa busca ingresos mediante eventos a cambio de sacrificar el césped’, dijo Vladimir Torres, integrante de la Asamblea ciudadana frente a una feria con taquilla instalada sobre áreas verdes.
El representante del Parque, Jorge McPhail, afirmó que ’nunca ha habido tala de árboles en nuestra administración’. Los hoyos, asegura, ya estaban. Respecto al comparativo con Google Earth Pro, Eduardo Pérez expuso que algunos árboles ’pudieran haberse muerto’ como parte del ciclo natural.
La entrada es gratuita de martes a domingo, pero el acceso al Auditorio solo es para quienes compran boletos para conciertos, que llegan a afectar los 27 mil metros cuadrados de césped y siguen en pandemia por permiso de la Alcaldía Miguel Hidalgo. El reglamento no permite organizar parrilladas, fumar ni tomar clases deportivas o culturales sin previa autorización, entre otras reglas. Aunque, durante los eventos, es posible comprar bebidas alcohólicas y fumar. En el Oktoberfest, hubo parrillada, contrastaron los ciudadanos.
La primera parte del Parque Bicentenario fue entregada con dos meses de atraso en noviembre de 2010 al pueblo de México por el Gobierno de Felipe Calderón, para resarcir el daño de la refinería ’18 de marzo’, cerrada durante el salinismo en 1991 para detener el deterioro progresivo de la calidad de aire en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México que ya presentaba altos índices de contaminación. La segunda parte, de más de 50 hectáreas con un promedio de 3 millones de usuarios anuales, se entregó en 2012.
Pero hace tres años, el 12 de octubre de 2017, la Semarnat, entonces titulada por Rafael Pacchiano Alamán, entregó el inmueble federal al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacional (INDAABIN) de la Secretaría de Hacienda, porque el segundo parque más grande después del Bosque de Chapultepec ’ya no resulta necesario para los fines inicialmente concebidos y a efecto de evitar que se encuentre ocioso e improductivo’, de acuerdo con un documento de Semarnat obtenido vía transparencia.
Para mantenimiento, la dependencia federal contó en 2016 con un presupuesto anual de 27 millones 119 mil pesos, de los cuales gastó solo 1.3 millones de pesos, de acuerdo con otra solicitud de transparencia.
El concesionario ha dicho que el parque cuesta, en mantenimiento, alrededor de 50 millones de pesos, pero que de acuerdo con información que les fue proporcionada a los vecinos por parte de Semarnat, ellos gastaban un millón del presupuesto anual para mantenimiento.
’Cómo Semarnat se desprende con esta ligereza de lo que debe dedicarse. Si deja de cuidar las áreas verdes como este parque ecológico, que les ahorró 52 millones de pesos en salud porque los usuarios hacen ejercicio según su libro blanco de 2012, pues mejor la quitamos’, aseveró un miembro de la Asamblea ciudadana, quien ha enviado oficios tanto a Semarnat como a Presidencia del Gobierno actual para que revoquen la concesión y el Parque vuelva a la administración pública. Hasta el momento, solo han sido escuchados por el poder legislativo. En abril de 2019 la Cámara de Diputados exhortó a la Secretaría de Hacienda, para que a través del INDAABIN, restituya a la Secretaría de Medio Ambiente la administración del mismo. Con los representantes de la empresa no han dialogado.
En noviembre de 2017, un mes después de que Semarnat entregó el bien federal al INDAABIN, la empresa solicitó la concesión. El 1 de marzo de 2018, solo cuatro meses después, el INDAABIN entregó el Parque a Operadora de Proyectos de Entretenimiento NPL SA de CV a 25 años, de acuerdo con el título de concesión TC-05/2018/A.
La concesión fue dada a nombre del entonces director de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal de INDAABIN, Alan Cruz Porchini, quien en 2019 fue acusado por la Fiscalía General (FGR) de uso ilícito de atribuciones y facultades, según consta en la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/397/2019, por presuntamente haber concesionado a una empresa de forma indebida la sede de la desaparecida PGR en avenida Reforma.
La Operadora de Proyectos de Entretenimiento deberá pagar 7.5% del valor del inmueble (un millón 271 mil pesos anual, esto es, más de 31 millones de pesos a los 25 años concesionados) por uso y aprovechamiento del inmueble, una cantidad mucho menor de lo que gastó la Semarnat en la construcción del Parque a través de tres contratos a Fonatur Constructora que, ya con sobrecosto por deficiencias, sumó mil 14 millones de pesos.
’El INDAABIN evadió su responsabilidad como administrador de este bien nacional al deslindarse de su función, porque otorgó la administración del parque y el control total de la superficie al particular. Dejó en manos de éste las funciones del Estado a cambio de que se haga cargo del mantenimiento y de pagar la ridícula renta que le asigna’, acusa la Asamblea. Los representantes de la empresa comentaron que el precio que pagan por uso y aprovechamiento no está a discusión ni es parte de los juicios de amparo.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó que ’no se realizó una adecuada planeación del proyecto que derivó en la cancelación de conceptos originales, incremento de volúmenes de obra y autorización de precios unitarios extraordinarios, lo que repercutió en un aumento de 72.8% el monto de los tres contratos revisados (de 587 millones 035 mil pesos a mil 014 millones de pesos), y que los plazos de ejecución se ampliaran a 668, 418 y 303 días naturales’. La inversión total fue de mil 900 millones de pesos, se informó durante su inauguración en 2010.
De agosto de 2019 a la fecha los integrantes de la Asamblea Corazón Parque Bicentenario 2010 han presentado seis juicios de amparo, principalmente adultos mayores bajo el principio de equidad intergeneracional. Aunque el proceso continúa y la próxima audiencia no se define por la pandemia, los jueces han otorgado desde noviembre de 2019 suspensiones definitivas para que la Semarnat, el INDAABIN y la empresa detengan los actos que vulneran sus derechos.
Las suspensiones definitivas prohíben la tala de árboles, construir sobre las áreas verdes, así como el exterminio de la flora y fauna que integran sus ecosistemas. También se le prohíbe que cierre su acceso con motivo de la celebración de cualquier evento, que a través del cobro de una cuota se impida el acceso vía terrestre o en bicicleta y que no se impida la entrada a la ciclopista y trotapista, las cuales están agrietadas. Además, todos los baños deben estar abiertos, gratuitos y limpios (pero por la pandemia no todos están abiertos).
’Se han acatado las suspensiones al 100 por ciento de lo que dicta el juez’, dijo Jorge McPhail, representante del Parque gestionado por Operadora de Proyectos de Entretenimiento. ’Hay unos baños, los del auditorio, que nunca han tenido acceso. Esa área siempre ha estado cerrado al público en general desde que se inauguró el Parque. Los demás baños están abiertos y no se cobran. El de la entrada es para el personal’.
Vladimir Torres, miembro de la Asamblea, dijo que ’es fundamental para nosotros el disfrute al derecho humano a gozar de un medio ambiente sano, a la salud y a la cultura. Si nos hubieran consultado sobre la concesión, hubiéramos estado en contra’. Desde que fue concesionado, afirmó, ’se ha empezado a lucrar con el Parque’. Lamentó que ’la gran vocación’ de la empresa sean los espectáculos masivos y no la gestión de áreas verdes. ’En vez de que ganemos espacios verdes, parece que quieren ganarle a los espacios verdes. Aunque si no hubiéramos interpuesto amparos, ya estarían cobrando el acceso terrestre. Es ridículo que tengamos que estar haciendo esto para salvar parques… y sin traer a nadie detrás de nosotros’.Dulce Olvera ! SIN EMBARGO
