Epístolas Surianas
De Julio Ayala Carlos
EN MENOS DE TRES MESES, es decir el 18 de junio próximo, el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, también llamado Adversarial, deberá operar, de manera total, al igual que en todo el país, en el estado de Guerrero. Indudablemente es un parteaguas en el sistema penal mexicano, pues con todo y las deficiencias que pudiera tener, ciertamente es la más profunda transformación que se ha hecho en materia de justicia en 100 años, porque transforma las leyes y con ello las funciones de quienes tienen la responsabilidad de procurar e impartir justicia.
La fecha, el 18 de junio, no tendría mayor relevancia. Sin embargo, las autoridades encargadas que procurar e impartir justicia, reconocen que hay un retraso tanto en infraestructura como en capacitación e incluso profesionalización de quienes, por ley, tienen la responsabilidad de operar el nuevo Sistema de Justicia Penal, sintetizado en los llamados ’Juicios Orales’.
Y es que en Guerrero, como en otras entidades del país, por diversos motivos se aplazó el proceso que se inició en el 2008, de ahí que ahora, con todo y el interés de las actuales autoridades del estado, enfrenta serios problemas en razón de que hay un retraso tanto en materia de infraestructura como en la capacitación y profesionalización para su operación.
Ciertamente el gobierno que encabeza Héctor Astudillo Flores ha dado muestras de su interés porque el estado de Guerrero cumpla con la disposición de que a más tardar el 18 de junio próximo opere en su totalidad el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio o Adversarial, porque personalmente supervisa la construcción de la infraestructura que se requiere para su operación, y porque lleva a cabo una intensa capacitación del personal que se necesita para implementarlo, sin embargo, es indiscutible que el tiempo se agota y aún falta mucho por hacer.
Hay que decirlo, el gobierno que encabezó Ángel Aguirre Rivero, y posteriormente Rogelio Ortega Martínez, dejaron mucho qué desear en este renglón, tanto en materia de infraestructura física como en lo referente a la capacitación y profesionalización; prácticamente los avances fueron escasos, entre otros factores, por la falta de interés de los gobernantes en turno, de tal forma que incluso hubo subejercicio de recursos que en su momento fueron destinados para poner en marcha los llamados ’Juicios Orales’.
Cierto es que a menos de tres meses, o mejor dicho, a dos meses y medio de que se llegue la fecha límite para que opere al cien por ciento el nuevo Sistema de Justicia Penal, y a cinco de que llegó al gobierno del estado Héctor Astudillo, hay avances al respecto, pero es indiscutible que aún falta mucho por hacer como consecuencia de que no se hizo lo suficiente en los últimos cuatro años, no solo en materia de infraestructura física, sino también, y esto es lo más importante, en lo que se refiere al personal, tanto el que pertenece al Ejecutivo del estado, vía Fiscalía General, es decir, ministerios públicos, investigadores y peritos, como el del Tribunal Superior de Justicia, en lo que tiene que ver con los jueces y defensores de oficio.
La razón es sencilla. La implementación de los Juicios Orales, significa, además de obtener justicia pronta y expedita, construir y operar infraestructura, nuevas instalaciones como son salas para los juicios orales, otras que se requieran para ubicar los institutos de mediación o sus equivalentes, así como laboratorios para peritajes especializados debido a que la nueva justicia penal prevé la investigación científica del delito.
También, para que funcione es necesario la capacitación de jueces, agentes del ministerio público, policías, defensores públicos, peritos y abogados, debido a que las reglas del proceso penal son distintas; además también existirá el asesor jurídico gratuito para las víctimas u ofendidos.
Sin embargo, falta mucho por hacer. El Fiscal General del Estado, Xavier Olea, lo dijo hace poco. De los 400 policías que tiene la institución que encabeza, solo uno está capacitado. Y en el Tribunal Superior de Justicia, pasa lo mismo, mientras la fecha se acerca y el tiempo se acaba. Ah, y no hay, y ni habrá, ningún pretexto válido para posponerlo.
Y EN OTRO ASUNTO, hay que decir que he conocido diversos comedores comunitarios, pero ninguno como el que existe en Apango, cabecera de Mártir de Cuilapan, el cual parece más bien un restaurante, lo mismo por el lugar donde se encuentra ubicado, que por sus instalaciones y mobiliario. Y qué decir de la comida, que es ’del día’ y variada.
Lo anterior, sin contar con que, en el caso de Apango, tiene una cuota de recuperación, por llamarle de alguna manera, de 5 y 7 pesos, esto último, cuando la comida contempla carne, ya sea de pollo, res o cerdo. Y el sazón, ni qué decir, además de la atención e higiene. Hay que decir que quienes hoy preparan la comida de este comedor comunitario, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, y como parte de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, fueron capacitados por personal del Ejército mexicano.
Hay que decir que al Comedor comunitario de Apango tiene una gran afluencia, pues asisten no solo personas de la tercera edad, madres solteras o personas con capacidades diferentes que por su condición social y económica requieren de sus servicios por ser de escasos recursos, sino que también asisten estudiantes, gente de las comunidades que vistan la cabecera municipal, e incluso familias completas. Su ubicación está en el mero centro. A unos pasos de la cancha municipal. Deveras: se come riquísimo.
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