Al Día
Marcial Campuzano
En septiembre del 2012 cuando rindió protesta como presidente de México, el priísta Enrique Peña Nieto sembró la esperanza entre los mexicanos, al presentar un paquete de reformas constitucionales llamadas estructurales en las ramas energética y educativa que sacarían al país del atraso e impulsarían su desarrollo.
A cuatro años de ello las ’buenas’ expectativas se desplomaron porque continúan los incrementos en los combustibles, en la energía eléctrica, el país está sumido en la inseguridad y una alarmante ola de violencia, y hay estados convulsionados porque la reforma educativa atentó contra los derechos de los trabajadores de la educación al demostrarse que es más administrativa y punitiva, y que no ha logrado la anhelada calidad educativa en México.
Pero además, el gobierno priísta de Enrique Peña Nieto se caracterizó por centralizar el poder e incluso por ir más allá en las decisiones estatales y municipales, violando la autonomía municipal y la soberanía de las entidades porque les impuso un modelo en la aplicación de los recursos del Ramo 33 de la Federación, cuyo manejo ahora responde a directrices federales y no en base a las necesidades que tienen los municipios.
El gobierno federal priísta de Peña Nieto está cerrando sus primeros cuatro años de ejercicio constitucional con el odiado gasolinazo, tal y como ocurría con el ex presidente panista Felipe Calderón con aumentos mensuales en los combustibles, cuando fue planteada como una práctica a erradicar en su ejercicio de gobierno.
El aumento a los combustibles trae aparejado una escalada de aumentos en los precios de los productos sobre todo de primera necesidad, y esa práctica ha sido el argumento tal vez válido del sector transporte para incrementar el precio del pasaje tanto urbano como foráneo, porque ello trae consigo el incremento en los precios de las refacciones y llantas, incluso de vehículos.
La reforma económica del gobierno federal tronó, y sin duda generará más descontento entre la población que sigue pagando altas cuotas por consumo de energía eléctrica, y todo parece indicar que la llamada disminución de las tarifas sólo beneficiaron a los grandes inversionistas a modo de subsidios, tal vez para saldar compromisos políticos.
En lo educativo-social la reforma constitucional a la Ley de Educación sólo ha generado problemas al interior del país, con la casi generalización de la protesta al quedar comprobado que dichas modificaciones a la ley son más administrativas y laborales, que para elevar la calidad de la educación en México.
Esta parte de las reformas estructurales del gobierno de Peña Nieto mantiene en la convulsión permanente a profesores de muchos estados del país, entre los que sobresalen Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Tabasco y Veracruz que están con todo para no permitir que la reforma educativa atente contra sus derechos laborales.
En los cuatro años del gobierno federal, el país sigue igual o peor con una galopante inseguridad pública que golpea a los sectores más desprotegidos, y una violencia extrema que mantiene en la zozobra a la población, ante un gobierno que ya prepara el camino para ser relevado en el poder, y que en unos meses perderá fuerza por las luchas internas partidistas que generan los procesos electorales.
