’CONDICIONAMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES Y SU EFECTO EN LA ECONOMÍA Y DEMOCRACIA DE MÉXICO’
Por Stephany Lavalle
Los programas sociales que otorga el Estado a sus habitantes es para acortar y eliminar el margen de desigualdad entre la sociedad, esa es la finalidad de todos los programas sociales, se otorga entre los estratos más necesitados para que puedan acceder a un mejor nivel de vida.
Desde una perspectiva económica esto permitiría que la economía de un país fuera sostenible y productiva, toda vez que activas el flujo de capital, el consumo, inversión, dando como resultado un crecimiento económico.
El crecimiento económico es una de las ambiciones de todo Estado libre y soberano, en el que sus ciudadanos puedan ser independientes económicamente, productivos e inversores, lo que beneficia a una democracia más sana, debido a que sus ciudadanos votan por un partido y candidato de manera más consciente y por convicción, porque cuando el hambre entra por la puerta la democracia sale por la ventana.
Es importante realizar un análisis económico del tipo penal del condicionamiento de los programas sociales, porque estos traen consigo una serie de efectos sociales, económicos y políticos dentro de un país, el programa y uso adecuado del mismo podría beneficiar positivamente a un país con problemas específicos, por otra parte el programa y su uso equivocado, traerá consigo efectos negativos en la economía y democracia de una nación.
Me refiero al uso equivocado de un programa social cuando no llega al sector de la sociedad para el cual fue concebido, si no por el contrario se destina sin distinción y filtros adecuados, sin la metodología pertinente, trayendo como resultado un uso indebido del recurso económico del Estado, a esto se reconoce como uso clientelar de los programas sociales, los cuales se usan para fines políticos, para que las personas que están en dichos programas voten y se usen como estructura política para futuras elecciones, lo que genera un desperdicio económico y una desigualdad más grande, ya que no se está fomentando el uso del programa para crecimiento económico individual y social, llevándolo a una etapa de producción económica, sino por el contrario se utiliza para dispersar dinero a cambio de simpatía política para con un partido político.
En nuestro país el tipo penal del condicionamiento de programas sociales está plasmado en el artículo 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, el cual hace mención que el servidor público que cometa este delito será multado de 200 a 400 días y de 2 a 9 años de prisión; por omisiones de los legisladores, no se había hecho mención de que cualquier persona podría cometer este delito sin ser servidor público, lo que después se plasmo en el artículo 7 de la misma ley, la cual indica que cualquier persona que condicione programas sociales con fines electorales puede ser sancionado con multa y con prisión.
Existe la posibilidad de erradicar el condicionamiento de los programas, pero para ello es necesario que existan los medios adecuados, como lo que es crear un órgano autónomo dedicado al estudio y almacén de la base nacional de beneficiarios de programas sociales, en conjunto con la fiscalía de delitos electorales, lo que permitiría su adecuada investigación, así mismo, una cultura cívica como primer bastión para que los ciudadanos entiendan que es parte de su derecho, dada la importancia de los programas sociales toda vez que pueden corregir el rumbo de la política social, es cierto que el encargado actual de la medición de la pobreza es el CONEVAL, el cual puede dar una radiografía de los estados y regiones con mayor índice de pobreza en nuestro país, es bien sabido que se ha llegado a frivolizar ese uso, dejando de lado lo importante de las investigaciones que es llevarlo a la realidad humana y con ello cambiar las circunstancias de vida de un sector marginado, aunado a la falta de coordinación institucional lo que ha provocado que el sistema tenga lagunas legales causando un daño a los beneficiarios, así mismo con el sistema mexicano híper burocrático, que permite que se puedan hacer estos sesgos clientelares.
México ha sido dentro de América Latina el precursor de los derechos electorales a diferencia de los demás países dentro de la región, por ejemplo en Costa Rica el tipo penal relativo al condicionamiento de programas sociales existe de manera muy somera, en Paraguay por ejemplo no existe la tipificación pero existe un correlativo de abuso de autoridad a servidores públicos que condicionen los programas públicos, nuestro país va más allá que el 30% de los países de la región que mencionan el tipo penal.
El crear un órgano autónomo para el padrón nacional de beneficiarios, generará una especialización de servicio de carrera profesional de los servidores públicos que laboren en esa dependencia, creando mayor certidumbre, dado que no deben de estar afiliados a ningún partido político, ni con alguna aspiración política, lo que permitirá que el uso de los programas sea especializado. Gracias al almacenamiento de la información, se deben generar estudios en conjunto con las mejores universidades públicas, en donde se pueda tener una medición real de la pobreza por regiones, para con ello poder crear mejores programas sociales con una metodología científica, sociológica y económica, porque los programas sociales tienen un efecto en la economía, en la sociedad y en la democracia de una nación, es una clase de medidor de la salud de una democracia, entre más condicionados estén los programas peor se encuentra la salud de una nación, cuando los programas sociales hayan dejado de tener influencia en las elecciones estaremos hablando de una democracia sana, y por lo tanto de una economía productiva, una brecha marginal a la baja, como de una disminución de la pobreza.
Ciudad de bajas pasiones
Por: Stephany Lavalle
Abogada por la UNAM y Economista por el IPN
Rebelde de día, escritora de noche.
