Sin la pasión que guía el debate en torno a las consecuencias de una consulta popular sobre la reforma energética, alejados de todo interés partidista, los integrantes del Poder Ejecutivo deben reconsiderar, porque son ellos los más interesados en que se realice.
¿Por qué? Porque Enrique Peña Nieto recuperaría, para la institución presidencial, lo que ésta dejó tirado el 2 de octubre de 1968. En la Plaza de las Tres Culturas la Presidencia de la República conservó el poder, pero perdió la autoridad. Desde entonces y como un esfuerzo por mantener vigente el presidencialismo, los gobiernos escoran a la derecha y, con diferente intensidad, incursionan en el autoritarismo, sin considerar que con ello colaboraron en la desestructuración de lo que fue el proyecto de la Revolución; creen haberlo sustituido con el libre mercado y la desautorización tácita y preventiva de toda intervención del Estado en la economía, pero enfrente sólo está el vacío.
Vicente Fox tuvo la oportunidad de recuperar, para el Presidente de la República en funciones, la autoridad. La echó por la borda en cuanto autorizó la caravana del subcomandante Marcos por la república, y el Congreso, a instancias suyas, le abrió las puertas para escucharlo. El guerrillero se convirtió, por él mismo, en un bivalvo, y la autoridad no regresó a la institución presidencial, que sí conservó el poder.
Si el proyecto de EPN es transformar a los mexicanos y mover a México, el primer paso en ese sentido sería convocar a la consulta popular sobre la reforma energética, porque en ese momento recuperaría, para la institución presidencial y para él mismo, la autoridad perdida el 2 de octubre, cuya fuerza debe equipararse a la transmitida por el poder; de otra manera, con cada reforma estará sembrando su contrarreforma; de lo contrario, para sacar adelante el proyecto, además de escorar las políticas públicas a la extrema derecha, crecerá la tentación de caer en un autoritarismo despiadado, similar al ejercido en otro tiempo.
Claro que tienen pavor de efectuar la consulta popular, pero ese mismo miedo lo ha de padecer la oposición, porque la verdad es que nadie sabe cuál es el sentir de la sociedad en esta materia de la energía. De cualquier forma, el resultado de la consulta no es vinculante, y parte de la decisión que ha de tomarse la cedieron a la SCJN, que tuvo un destello de autoridad, desgarrado en esas resoluciones legales, pero injustas.
¿Quién sabe cuál será la decisión?
