Consulta para la reelección

El pasado sábado asistí a la presentación pública de una iniciativa que formula el Centro de Formación para la Democracia Constitucional que aporta elementos hacia la reflexión del tema de la reelección, cuya reforma que la hace posible del 10 de febrero de 2014, no estableció algunos requisitos para su implementación.
La propuesta se basa en el principio de que la reelección al mismo tiempo es un Derecho del Ciudadano y un Derecho del Servidor Público, pero deja a un lado el Derecho Potestativo que tienen los partidos políticos, y en este sentido, la posibilidad o no de presentar la candidatura a reelección.
Adicionalmente, es una propuesta que pulveriza la democracia interna intrapartidista, ya que somete una decisión que podría ser procesada mediante un proceso interno dentro del partido o de los partidos involucrados, a una decisión ciudadana, con lo cual también quedaría este asunto como una excepción al derecho a la vida interna intrapartidista. En esta materia y como lo he señalado en otros casos como en el de la cuota de paridad de género, me preocupa que las propuestas vayan contra la construcción de una democracia interna intrapartidista.
Pero adicionalmente tiene un problema de costos, aún y cuando a nivel federal el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria obliga al Congreso de la Unión, que al elaborar los dictámenes respectivos, realice una valoración del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto; no he encontrado un solo dictamen que cumpla esa disposición legal, manteniéndose en la omisión el Congreso de la Unión. Menos aún eso sucede en los Congresos de los Estados y menos aún en los esfuerzos ciudadanos.
Considero que debemos transformar esa cultura de la irresponsabilidad legislativa y exigir la valoración del costo presupuestal de cada idea que se presente. Al menos ya sabremos quién asume la responsabilidad. Ahora bien, para el tema que nos ocupa, someter una reelección a consulta implica un esfuerzo operativo de no menos de 60 días, y ello implica un despliegue en campo de ubicación de casillas, integración de las misma, además de la capacitación a los funcionarios de casilla; sin dejar a un lado que podría estar motivando, la separación del servidor público del cargo como se establece en la propuesta, y que ello implicaría una especie de campaña que no está prevista en términos de la fiscalización y en términos de la utilización de los tiempos en radio y televisión. Implicando dos consecuencias que es muy importante ponderar, un costo operativo que podría ser importante y un incentivo para la distracción de lo fundamental que es el ejercicio de la tarea encomendada a Diputados Locales e integrantes del Ayuntamiento, para pasar a un incremento de la duración de la búsqueda de votos.
Pero además esta situación podría contravenir la prohibición a los actos anticipados de precampaña y campaña, generando una situación de inequidad con el resto de los posibles competidores.
Ni que decir de la falta de claridad de cómo operaría la consulta para la reelección de los otros integrantes del Ayuntamiento: Síndicos y Regidores que llegan bajo el principio de representación proporcional.
Ni que decir de la consecuencia en materia de género, imaginémonos que derivado de la Consulta, un género prevalezca sobre el otro, rompiendo el principio de paridad de género al momento del registro de las candidaturas, aunque esto podría ser procesado presentando a una candidatura del género de quién perdió la consulta.
Considero que el ejercicio de esta potestad de los partidos políticos a presentar a reelección a quienes ya tienen el cargo debe ser una valiosa oportunidad para fortalecer la democracia interna partidista y no lo contrario. De cualquier forma, bienvenido el Debate.