¿QUÉ HACER CON ELLOS?
RAMÓN ZURITA SAHAGÚN
Uno de los principales retos del actual gobierno federal es saber qué hacer con los gobernadores que dejan de hacerlo y que, además, tuvieron desastrosas gestiones.
Durante muchos años, los priistas acostumbraban que, salvo contadas excepciones, los ex gobernadores terminaban sus administraciones estatales ya no aspiraban a mayor participación política.
Claro que entre esas excepciones se cuenta a Enrique Peña Nieto, actual Ejecutivo federal, pero no eran tiempos de gobierno priistas, sino que la administración pública federal estaba en manos de panistas, tanto cuando fue candidato a gobernador, como abanderado presidencial.
Es cierto que personajes como Carlos Sansores Pérez (Campeche), Enrique Olivares Santana (Aguascalientes), Víctor Bravo Ahuja, Jorge de la Vega, Chiapas y Fernando Gutiérrez Barrios, entre otros, obtuvieron sus mejores cargos públicos después de ser gobernadores, pero muchos más se quedaron en el camino, sin obtener recompensa alguna, sin importar si su gestión fue buena o mala.
Muchos otros fueron incorporados al gobierno federal, como fueron los casos de los panistas Fernando Canales Clariond, Fernando Elizondo, Ignacio Loyola Vera y Felipe González, entre otros.
Hay otras formas de compensar a los ex gobernadores de forma estratégica, la postularlos a cargos de elección popular para el Congreso de la Unión, lo que muestra la evidencia de sus malos trabajos como gobernantes.
Así sucedió con Jesús Murillo Karam, Hidalgo; César Camacho Quiroz, Estado de México; Manuel Bartlett Díaz, Puebla; Fernando Baeza Meléndez, Chihuahua, Manuel Cavazos Lerma Tamaulipas, quien perdieron sus respectivas elecciones.
Claro que ha casos como el de Emilio Chuayffet Chemor, Estado de México; Manlio Fabio Beltrones, Sonora; Ivonne Ortega Pacheco, Yucatán; César Camacho Quiroz, estado de México o Francisco Barrio Terrazas que llegaron por la vía de la representación plurinominal.
Otros más, son premiados con senadas embajadas o hasta consulados, como son los casos de Fidel Herrera Beltrán, Veracruz o Fernando Ortega Bernés, Campeche.
Regularmente los gobernadores cuando terminan su gestión son repudiados por la ciudadanía, al no cumplir con las expectativas ni con los compromisos asumidos en campaña.
Es por eso que surgen las especulaciones sobre qué hacer con gobernantes tan mediocres o sospechosos de acumular enormes fortunas al amparo de sus respectivos gobiernos estatales.
Son doce los que terminan sus gestiones a más tardar a principios del año próximo, de los cuales 9 son priistas y uno más podría regresar a ese partido más pronto de lo imaginado.
De los nueve priistas, varios de ellos han acumulado denuncias en su contra y están dedicados a refrendar el territorio para sus colores, sin importar la debacle económica de sus entidades.
Cuatro de ellos se encuentran en la mira de mucha gente, aunque no se sabe si de las autoridades de la federación, para exigir respondan a los reclamos en su contra.
El veracruzano Javier Duarte de Ochoa, el quintanarroense Roberto Borge Angulo, el duranguense Jorge Herrera Caldera y el chihuahuense César Duarte Jáquez.
Contra los cuatro hay sentencias juradas de los principales candidatos opositores de que ganado los comicios iniciarían la búsqueda de la información necesaria para llevarlos a la cárcel.
Duarte de Ochoa sabe que de ganar Miguel Ángel Yunes Linares, candidato de la alianza PAN-PRD, tendrá que luchar con todo, teniendo buenos abogados para evitar la juramentación del panista, aunque sí gana el priista Héctor Yunes Landa también le podría ir de forma similar.
De ganar Carlos Joaquín González en Quintana Roo, Borge Angulo enfrentará una situación similar, con el acoso del todavía candidato del PAN-PRD.
José Rosas Aispuro, candidato de la alianza PAN-PRD, tare encono contra Jorge Herrera Caldera, es que hace seis años le ganó la elección, considerada por el nuevamente candidato como fraudulenta.
El otro Duarte, César, tiene la necesidad de sacar avante la candidatura del priista Enrique Serrano, porque de ganar Javier Corral Jurado, el mundo se le vendría encima.
Y es que las acusaciones que pesan sobre uno y otros van desde enriquecimiento inexplicable, endeudamiento de las finanzas estatales, abuso de poder, entre las más importantes.
En el caso de los cuatro mencionados, todos son abanderados de Acción Nacional, aunque tres de ellos van en alianza con el PRD.
Pero hay otros que sienten pasos en la azotea y que ganando el candidato de su partido tendrán encima una fuerte persecución.
Se trata del priista Carlos Lozano de la Torre, gobernador de Aguascalientes, quien está consciente de que ganando Lorena Martínez Rodríguez, la abanderada de su partido, el panorama se le complicará por la vieja rivalidad que mantienen.
Sinaloa es otro estado en que el gobernador pudiera tener problemas a futuro.
Mario López Valdez (MALOVA) no es militante de ningún partido, aunque gran parte de su vida fue priista y como candidato fue apoyado por la coalición PAN-PRD y se dice que podría regresar al tricolor en fecha próxima.
López Valdez intentó sembrar candidato en la persona de su secretario de Gobierno, pero finalmente el PRI postuló a Quirino Ordaz Coppel, un candidato de bajo perfil, al que, aparentemente el gobernador le pone trabas.
Los restantes gobernadores no parecen enfrentar amenazas graves de los actuales candidatos: Mariano González Zarur, Tlaxcala y Egidio Torre Cantú, parecen haber terminado sus carreras políticas con su actual gestión.
Igual sucede con Francisco Olvera Ruiz, Hidalgo, quien mantiene distancia con el poderoso secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, con todo y que lo usó como ’delfín’.
Gabino Cué, Oaxaca podría aspirar a algo más dentro de la izquierda. Miguel Alonso, Zacatecas, a pesar de su juventud no logró dar el estirón político. En cambio Rafael Moreno Valle, Puebla, aparenta tener mucho futuro y, eventualmente, la candidatura presidencial del PAN.
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