Plataforma Laboral
Armando Téllez Flores
Miles de afectados por medida en el área educativa
+El PRI se pronuncia por programas para la población
Un reparto inequitativo del kilometraje recorrido en la Línea 6 del Metrobús, con itinerario del Metro El Rosario a San Juan de Aragón y viceversa, pone en riesgo la continuidad de la operación de las empresas Curva Villa Ixtacala (Curvix) y Corredor Antenas-Rosario (Carsa), motivo por el cual los transportistas hicieron un llamado a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo para que se corrija esta irregularidad propiciada por los funcionarios del Sistema Metrobús desde el inicio de las operaciones del corredor.
Los consejos de Administración de las dos empresas concesionarias del Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México, Metrobús, en el Eje 5 Norte, expresaron que la violación a los porcentajes de recorrido en las tres concesiones operadoras del corredor, además de inequitativo, les ha generado pérdidas por 26 millones de pesos en los cinco años y ocho meses de operación.
Jaime Ávila, presidente del Consejo de Administración de Curvix, dio a conocer que la tercera empresa con participación en el corredor está recibiendo 6.37% más de kilometraje recorrido del que legalmente le corresponde, de acuerdo con el contrato concesión, en detrimento de las finanzas de Curvix, que pierde 3.31% y Carsa 3.06 por ciento de los kilometrajes recorridos que les corresponden.
El empresario transportista observó que en la asignación de kilometraje de acuerdo con su participación en el corredor, es de 29.42% para Curvix, 21.18% para Carsa y 49.38 para la tercera empresa, pero desde el momento mismo del inicio de las operaciones hace 5 años y 8 meses, el reparto del kilometraje recorrido es de 26.12% para Curvix, 18,13% para Carsa y 55.75 para la tercera de las empresas, por lo que el Sistema Metrobús que hoy dirige Roberto Samuel Capuano Tripp, violenta las 3 concesiones del corredor.
La pérdida económica para nuestras representadas, Curvix y Carsa, ’es de 26 millones de pesos en los cinco años de operación, que no es poca cosa porque con estas cantidades podemos pagar las deudas generadas por la crisis derivada de la pandemia’, expresó Ávila.
Acompañado por Eduardo Rodríguez, director general de Curvix y los representantes de Carsa, Marcelino Aguilar, presidente del Consejo de Administración y Fernando Gómez, director general, Jaime Ávila relató que dieron a conocer su inconformidad desde el 13 de febrero de este año al titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi), Andrés Lajous Loaeza, dependencia con la cual firmaron el Contrato Concesión, y también han tenido reuniones con el director general del Metrobús, Roberto Samuel Capuano Tripp y el director Ejecutivo de Planeación, Evaluación y Tecnologías de Información de Metrobús, Fredy Velázquez Jiménez, pero su esfuerzo de diálogo ha sido en vano porque sólo encuentran silencio o evasivas de su parte.
El corredor fue proyectado para transportar 146 mil pasajeros diarios y a lo largo de los años aumentó a 260 mil, pero durante la pandemia bajó el flujo a 101 mil, y aunque ha aumentado poco a poco, hoy están movilizando entre 110 a 115 mil personas.
Marcelino Aguilar expresó que no están ’pidiendo algo que no nos corresponde. Pero tampoco pueden quitarnos kilometraje contratado y considerado por las propias autoridades como el mínimo que necesitamos para operar en condiciones más o menos suficientes’.
Ávila reiteró que esperar tener una solución en las siguientes dos semanas porque, de lo contrario, harán uso de su derecho a realizar movilizaciones sociales y acudir a los tribunales de Justicia Administrativa para intentar resarcir los daños económicos por esa vía.
’Esta rueda de prensa es una de las acciones que contemplamos ante el silencio de los funcionarios; no quisiéramos salir a la calle, pero la falta de una solución nos obliga’, expresó Jaime Ávila, quien dijo que este movimiento es en defensa también del patrimonio de 134 socios de ambas empresas….
POR LO MENOS 630 MIL ALUMNOS Y 99 MIL EMPLEOS SERÍAN AFECTADOS LA PUBLICACIÓN DE LA NOM 237
De publicar el Ejecutivo Federal la NOM 237 como fue creada por la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía, sería dar un duro golpe a la educación de calidad en el país, afectaría la libertad de los padres de familia de optar por una alternativa para sus hijos y provocaría una mayor demanda de espacios en el sistema público, además de que se convertiría en una presión más para que el Estado Mexicano pueda cumplir con su obligación educativa, sobre todo en estos momentos cuando le sería realmente imposible atender a quienes deserten de las escuelas particulares por la crisis provocada por la pandemia, revelaron los representantes de estas últimas.
Por su parte, la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) en voz de su presidente Luis Arturo Solís Bravo, destacó que la puesta en ejecución de la NOM 237 ’es muy preocupante porque atenta contra la escuela particular en todo el país’, sobre todo porque ’la Secretaría de Economía (SE) está actuando en beneficio de un tercero, aquellos que van a evaluar la Norma, porque no lo va a hacer el personal ni la infraestructura de la SE, sino un tercero que va a evaluar a un tercero y el gasto operativo lo va a tener que absorber el padre de familia’.
Desde el instante mismo de la publicación de la NOM 237 en el caso de que se hiciera, en cifras mucho muy conservadoras, por lo menos 18 mil escuelas particulares que formamos parte del Sistema Nacional de Educación, estaríamos en una gran desventaja porque no podríamos, no sólo cubrir los costos que la nueva norma nos obligaría; tampoco podríamos defendernos de esta decisión mediante un juicio de amparo por los altos precios que tomar una decisión de judicializar nuestro reclamo, significa, si tomamos en cuenta que las escuelas mayormente afectadas son instituciones pequeñas, que atienden zonas de bajo poder adquisitivo, con un promedio de 35 alumnos, sobre todo de educación básica, dijeron en un comunicado leído por José Rogelio Varela Cáñez, presidente de la Federación de Escuelas Particulares del Norte de Sonora (FEP - Norte de Sonora).
Si tomamos como referencia 18 mil escuelas con un promedio mínimo de 35 alumnos –expresó el representante de los colegios en peligro--, la cantidad de niños y adolescentes que se quedarían sin poder continuar con sus estudios sería de 630 mil. Si a ellos se les cobra un promedio de 1,200 pesos mensuales, las instituciones particulares dejarían de recibir al año 9 mil 72 millones de pesos, lo que implicará el cierre del empleo para 54 mil docentes al computar a 3 por escuela, más el director o directora, una persona de intendencia y un empleo indirecto de contador, tienda escolar u otro servicio, tomado en ½ empleo, lo que nos daría la cifra de 99 mil empleos afectados.
Expresó también que si se realiza un promedio de 7 mil pesos de salario por empleo, la nómina anual de estas 18 mil escuelas que se perdería suma 8 mil 316 millones de pesos. Además, los gobiernos estatales dejarían de recaudar 207 millones 900 mil pesos por concepto de impuesto sobre nómina y otros accesorios; el Gobierno Federal dejaría de percibir 277 millones 992 pesos de Impuesto Sobre la Renta de los empleos, mientras el Instituto Mexicano del Seguro Social dejaría de contar con mil 771 millones 729 mil 740 pesos. A su vez, el Infonavit dejaría de recibir 415 millones 800 mil pesos, destacaron.
Estas sumas implican un impacto anual en contribuciones de 2 mil 465 millones 521 mil 740 pesos, que se sumarían al millón 575 mil alumnos dejarían de percibir sus becas de 40 por ciento que ofrecen las escuelas particulares a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Sin embargo, consideran que, de acuerdo con el impacto posterior, estas cifras se podrían extrapolar hasta un ciento por ciento más porque el perjuicio crecerá poco a poco.
Los representantes de las escuelas de educación particular consideran que quienes están al frente de la decisión por publicar la NOM 237 no velan por el bien común, sino por el bien de algunas empresas certificadoras y evaluadoras que asistieron a las mesas de trabajo, donde contrario a nuestras argumentaciones, siempre estuvieron apoyando la creación de la NOM, pese a su carácter inconstitucional, como fueron las empresas IT Lawyers y CEIDIC….
QUE NO DESAPAREZCAN PROGRAMAS ESTRATÉGICOS PARA SALVAGUARDAR A LA POBLACIÓN: GPPRI
La austeridad no puede ser una excusa para reducir presupuesto o desaparecer programas estratégicos que están diseñados para salvaguardar derechos sociales de la población, como ocurrió con las estancias infantiles, con las escuelas de tiempo completo, con los medicamentos, con la salud, con la educación, con los becarios, con emprendimiento o energías limpias, afirmó la diputada federal Ana Lilia Herrera Anzaldo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI)
Al subir a tribuna, la representante popular presentó una iniciativa, para que, a fin blindar de las ocurrencias y evitar sesgos, se cuente con la opinión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), antes de dar pie a más austericidios.
A nombre de la bancada priista en la Cámara de Diputados, señaló que es importante que toda propuesta de la mayoría, cuente con un impacto económico, social y jurídico que permita definir sus alcances y consecuencias económicas, pero sobre todo sociales. Manifestó estar convencida que el camino correcto es el fortalecimiento de las instituciones justamente para evitar las ocurrencias.
Por ello, la legisladora mexiquense propuso adicionar en la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres y la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, la restricción prevista a la Ley de Presupuesto, ’que no podrán reducirse las inversiones dirigidas a la atención de la igualdad entre mujeres y hombres y a la atención de políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de la niñez y la adolescencia’.
Más adelante indicó que ningún gobierno querría un legado de normas impugnadas por contravenir a la Constitución, ni retrocesos en los derechos del pueblo que lo eligió’. Puntualizó que el GPPRI está a favor de una política de austeridad republicana, pero con responsabilidad social.
Cabe señalar que la iniciativa de reformas, incluye diversas disposiciones de la Ley Federal de Austeridad Republicana, de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
