El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) presentó este miércoles ante el Ministerio Público de la Federación una denuncia de hechos que pudieran ser constitutivos de delitos, en contra de magistrados y jueces ligados a favorecer a propietarios de casinos.
Los magistrados presuntamente involucrados son Eduardo Ochoa Torres, ex presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, con sede en Monterrey, y José Manuel Rodríguez Puerto, ex integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo, con sede en Tamaulipas, así como el juez Javier Rubén Lozano Martínez, ex titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, en Monterrey, Nuevo León, (todos ellos suspendidos), y a Mario Alberto Prado Rodríguez, ex secretario técnico.
A través de un comunicado de prensa, el CJF advirtió que la decisión se fundamenta en lo dispuesto por los artículos 21, párrafos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113, 116, 117, 118 y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Penales, dado que según diversas notas periodísticas se involucra la participación de los mencionados funcionarios públicos en posibles actos ilícitos.
“Paralelamente y de acuerdo con sus facultades constitucionales, el Consejo de la Judicatura Federal continúa con sus procedimientos administrativos para determinar las faltas en las que se pudieran haber incurrido”, detalló el órgano del Poder Judicial de la Federación.
Asimismo, expresó su determinación de aportar todos los elementos que permitan fortalecer las acciones de la autoridad ministerial federal, a fin de que si se comprueba alguna conducta constitutiva de delito, ésta sea sancionada en virtud de que se trata de servidores públicos que tienen una alta responsabilidad frente a la sociedad, que es la de impartir justicia.
Recalcó que con esta acción, el CJF cumple con su compromiso constitucional de garantizar una justicia imparcial y de calidad, lo que constituye una demanda de la sociedad.
Habrá que recordar que la semana pasada, en cumplimiento a su mandato constitucional de garantizar una justicia imparcial y transparente, así como de salvaguardar la seguridad jurídica de la sociedad, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) determinó suspender de manera inmediata y sin derecho a percepción alguna, a los magistrados Eduardo Ochoa Torres, presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, con sede en Monterrey, y a José Manuel Rodríguez Puerto, integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo, con sede en Tamaulipas, así como al juez Javier Rubén Lozano Martínez, hasta hoy titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, en Monterrey, Nuevo León.
La decisión respondió a las formalidades que garanticen las condiciones para el adecuado desarrollo de la investigación iniciada a partir de hechos públicos presuntamente constitutivos de ilícitos. “Es convicción de los integrantes del CJF mantener los más altos estándares de rectitud, transparencia, imparcialidad y compromiso social de quienes tienen el mandato constitucional de impartir justicia”, aclaró el CJF.
Suman más denuncias
De igual modo, el cuerpo colegiado reafirmó que la nueva investigación se suma a aquellas en las que se han instruido procedimientos disciplinarios contra servidores públicos judiciales involucrados con resoluciones irregulares referentes a casas de apuestas.
“Es compromiso del CJF continuar perfeccionando los mecanismos de vigilancia con los que cuenta para detectar, sancionar y erradicar actos de corrupción en el Poder Judicial de la Federación, donde no tienen cabida aquellos cuyo interés no sean el de servir con imparcialidad a la sociedad”, aseveró.
El Consejo de la Judicatura resaltó que las tareas de vigilancia y los mecanismos anticorrupción se han venido aplicando con firmeza en estos casos relacionados con la actividad de los centros de apuestas desde el 2011.
“De esta manera, en enero del presente año, las investigaciones realizadas por el CJF y sus órganos internos lograron recabar elementos suficientes para iniciar procedimiento disciplinario de oficio en contra de Luis Armando Jerezano Treviño y Gerardo Tiscareño Mercado, juez Primero de Distrito y secretario de juzgado, respectivamente, por conductas constitutivas de probables irregularidades en su desempeño en el Juzgado Cuarto de Distrito en la Laguna, con sede en Torreón.
“Adicionalmente a estos resultados, las indagatorias siguieron su curso por instrucción de los Consejeros de la Judicatura Federal, de tal forma que el 5 de marzo de 2014 se ordenó el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa en contra del juez de Distrito, Ricardo Hiram Barbosa Alanís, y de sus secretarios Héctor Fernando Monterrubio Pontigo, Alejandro Tovar Álvarez y Eusebia González González”, argumentó.
Se investigará con firmeza
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que continuará investigando con firmeza los casos en los que se han visto involucrados funcionarios judiciales federales en actos irregulares relacionados con la actividad de los casinos y que ha derivado en diversas acciones contra éstos en los últimos meses.
Adicionalmente a las facultades que tiene para investigar, el CJF exhortó a las autoridades locales y federales, así como a los ciudadanos que puedan verse afectados con este caso y que cuenten con mayores elementos, a presentar denuncias y/o quejas ante esta institución, a fin de dar curso a los procedimientos internos con los que cuenta para sancionar y erradicar actos contrarios a la sociedad.
Al inaugurar a finales de marzo pasado el edificio anexo que albergará juzgados, tribunales y la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública en Toluca, Estado de México, el ministro presidente del CJF, Juan Silva Meza, expresó que la conducta de los juzgadores debe ser digna al ejercer sus facultades.
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