TOLUCA, MÉX. -En tribuna del Congreso local, la diputada María del Rosario Elizalde Vázquez y el diputado Juan Pablo Villagómez , presentaron un punto de acuerdo en la que se exhorta al gobernador Alfredo del Mazo Maza y a los 125 presidentes municipales a evitar colocar retenes policíacos que no sirven más que para cometer abusos y extorsionar a automovilistas y transportistas.
Maria del Rosario, señaló que los uniformados obligan a los conductores a bajar de sus vehículos para revisar el interior de los automotores, realizan revisiones corporales a las personas, con el supuesto, acciones que lejos de generar confianza, provoca malestar y el hartazgo de los abusos para obtener dinero fácil.
’En la implementación de dichos retenes e inspecciones policiacas en el Estado de México, prolifera el abuso de autoridad y los actos de corrupción, en donde las autoridades, en el mejor de los casos, detienen vehículos posiblemente irregulares y reclaman una aportación económica ’voluntaria’ para dejarlos continuar su camino o someterse a la posible detención ilegal de su persona o su vehículo’, acusó la legisladora de Morena.
Recordó que hay numerosos casos de corrupción en retenes como en Naucalpan, con policías municipales y un ministerial que retenían en forma ilegal a automovilistas en Satélite; o en Juchitepec donde un video evidencia a policías municipales extorsionando a automovilistas, justificando que realizaban revisiones de rutina.
Mientras que en temporada decembrina, los paisanos migrantes, padecen maltrato, extorsión, robo, corrupción y prepotencia, por parte de uniformados, en su paso por el Estado y tránsito por todo el país, despojándolos de lo que con mucho esfuerzo trabajaron en otros países.
’A estos sucesos, se pueden sumar los distintos retenes efectuados en las diferentes regiones y municipios del Estado por parte de la Policía Estatal y/o Policía Municipal, mismos, que son caracterizados por la arbitrariedad de los agentes encargados de la seguridad pública, efectuando cualquier tipo de extorsión a quienes transitan por las diversas vialidades’, abundó Elizalde.
Rosario Elizalde consideró que los controles preventivos provisionales, deben ser fundamentados y motivados en las leyes y disposiciones administrativas, para que exista una causa legítima al ejecutarlos.
En su ejecución, los agentes de seguridad pública deben identificarse con los conductores e informarles el motivo por el cual se detuvo su tránsito, respetando su integridad, y no deben ser un mecanismo de tolerancia de prácticas policiales que favorezca las detenciones arbitrarias, debe existir un equilibrio entre la defensa de los derechos humanos y la seguridad pública.
El exhorto aprobado por los legisladores solicita a los titulares de la Secretarías de Gobierno, y de Seguridad, así como al Fiscal General y a las y los Presidentes Municipales de los 125 Ayuntamientos que garanticen el derecho al libre tránsito y capaciten a los elementos de seguridad a su cargo para que se abstengan de realizar retenes cuando no haya causa que lo justifique, a fin de evitar abusos de autoridad y actos de corrupción, y en caso de existir, se apliquen las sanciones correspondientes.
