CIUDAD DE MÉXICO, (Al Momento Noticias).- El tema que está causando preocupación en la sociedad es el llamado “Fobapemex”, afirmó Eloí Vázquez López, comisionado político nacional del PRD, ante las disposiciones que se aprobaron en la Cámara de Diputados, en lo que a legislación energética se refiere, y que intentan limpiar de pasivos a Petróleos Mexicanos (PEMEX) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para transferirlos al gobierno federal.
No nos corresponde a los mexicanos; sino a las grandes transnacionales del petróleo que se llevarán hasta el setenta por ciento de las ganancias de la extracción del hidrocarburo, pagar el pasivo laboral, pretender que se convierta en deuda pública es un crimen contra la economía popular porque obligará a reducir políticas públicas de impacto social en salud, educación, vivienda y servicios.
Los legisladores del PRI y del PAN, dijo, han expresado que a partir del mes de septiembre la Secretaría de Hacienda hará la propuesta para que se convierta en deuda pública el pasivo laboral de PEMEX, al que se sumará el pasivo de la CFE, que entre ambos suman casi dos billones de pesos, en un intento de limpiar las finanzas de esas empresas como preámbulo de su remate al mejor postor, una vez que se demuestre su incapacidad para competir ante lo inequitativo de las condiciones que se están diseñando para que la parte del león se la lleven las petroleras transnacionales.
Cínicamente dicen que el objetivo de esta impopular medida es “para que el Gobierno asuma como deuda pública el pasivo laboral de Pemex y la paraestatal salga a competir con vigor y sin ataduras cuando lleguen empresas extranjeras y privadas a México”.
En el PRD, afirmó Eloí Vázquez, planteamos que para que PEMEX pudiera competir, no debía abrirse como se ha hecho en la Reforma Constitucional el sector energético a la inversión extranjera, sin primero fortalecer la autonomía de gestión administrativa y financiera de la paraestatal, liberarla de la carga fiscal y permitir la aplicación racional de sus ingresos, porque consideramos que los contratos colectivos de trabajo existentes son derechos laborales conquistados por los trabajadores a lo largo de décadas que se tienen que respetar. Las prestaciones de los trabajadores de ambas empresas paraestatales fueron altas y a la alza durante décadas, porque ejercían un efecto de demostración sobre la clase trabajadora en su conjunto permitiendo el control político de los charros, todos miembros del PRI, sobre la inmensa mayoría de los obreros, que eran seducidos con la idea de que un día alcanzarían el mismo nivel que aquellos; en tanto volúmenes enormes de recursos eran desviados y utilizados como “caja chica” de gobiernos priístas en épocas electorales. Por lo que es inaceptable que sea el pueblo a través del artificio de aumentar la deuda pública, quien pague durante décadas, para que los compradores de Pemex y la CFE encuentren las empresas sin problema financiero alguno, pero eso sí, con cargo al bolsillo de quienes pagamos IVA.
El incorporar las deudas de ambas empresas al Presupuesto Federal, se comete otro abuso en contra del pueblo mexicano como el de FOBAPROA, el de las carreteras de peaje y otros que, producto de las privatizaciones, solo han demostrado la voracidad de la iniciativa privada y la complacencia de los gobiernos federales para con las clases privilegiadas.
En tanto, las políticas del PRI y el PAN en el gobierno, han sido implacables con los derechos laborales de los trabajadores de todos los sectores, lo que mantiene el salario mínimo en la séptima parte de lo que era hace treinta años.
Producto de la mala planeación, del saqueo al que las sometieron funcionarios, contratistas y dirigentes sindicales voraces, PEMEX tiene un pasivo laboral de un billón 130 mil millones de pesos, y el de la CFE alcanza los 500 mil millones. En total, el pasivo laboral de ambas paraestatales es un billón 650 mil millones de pesos.
Aunque las cifras que manejan son de que el gobierno federal asumirá como deuda “entre 650 y 700 mil millones de pesos” de los pasivos laborales de PEMEX y la CFE, y no su totalidad, el golpe al pueblo será de tal magnitud que incrementa en 14 mil pesos el adeudo promedio de cada mexicano o mexicana.
Por ello cualquier empresa que venga a nuestro país con la idea de llevarse nuestra riqueza debe saber que tendrá que hacerse cargo de cubrir los derechos y prestaciones adquiridos por los jubilados y pensionados, los que no deben ser vulnerados ni disminuidos, porque su compromiso se ha derivado de la concepción de que la renta petrolera sería siempre usufructuada en su totalidad por la Nación.
El PRI intenta demagógicamente engañar a la sociedad al afirmar que “las empresas deberán informar en qué aplicaron los recursos a su disposición, y qué servicios dieron al país con esa deuda” -continuó Eloí Vázquez- como si no supiéramos que la impunidad de los saqueadores ha sido garantizada con la opacidad sistemática que ellos mismos propician.
Con entera responsabilidad hacia el País afirmo que todos estos puntos deben ser aclarados a la población. La ciudadanía debe expresar su aceptación, a través de la consulta a realizarse en junio de 2015, antes de que se implementen, la gente debe decidir si además de que los hidrocarburos dejen de ser propiedad de la Nación, quiere pagar la deuda o que la paguen las empresas que se beneficiarán de las descomunales ganancias que la extracción y comercialización del oro negro acarreará hacia el extranjero.
