CIUDAD DE MÉXICO, (Al Momento Noticias).- Durante la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; y Estudios Legislativos Segunda, con proyecto de decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, el senador Alejandro Encinas Rodríguez externó que es un debate que se inició desde el 2011, durante la LXI legislatura.
En ese entonces, dijo, ante el fracaso de un modelo de impartición de justicia que se había venido estableciendo en el país, se planteó la necesidad de hacer una reforma profunda que evitará establecer como se pretendió entonces en el centro de la atención los problemas de la seguridad del Estado por encima de la seguridad ciudadana y de los derechos y las garantías de los ciudadanos.
Señaló “desde entonces como ha sido a lo largo de esta discusión legislativa hicimos un fuerte señalamiento para evitar la pretensión de aprobar un dictamen que procurará en lo fundamental entender la seguridad pública como un asunto de la seguridad del Estado, sino como por el contrario avanzar y garantizar la seguridad humana”.
Reconoció a lo largo de este debate distintos legisladores como el caso del senador Pablo Escudero que desde diciembre del 2012 presentó una iniciativa al igual que los senadores Roberto Gil del PAN y Manuel Camacho Solís del PRD, presentaron diversas iniciativas que permitieron iniciar un proceso de debate legislativo que sin lugar a dudas debe retomarse como un modelo ejemplar para no solo no legislar al vapor, discutir a fondo las propuestas, sino incorporar a la sociedad en su discusión como sucedió en las audiencias públicas que se llevaron a cabo.
Destacó “hubo temas fundamentales en la discusión vinculados en asuntos profundamente polémicos que han sido y son cuestionados por las organizaciones defensoras de los derechos humanos, por la academia vinculada con los asuntos jurídicos y penales e incluso con una gran cantidad de legisladoras y legisladores que son los temas vinculados a medidas cautelares como son el arraigo, la prisión preventiva temporal, sin que exista sentencia o intervención de comunicaciones por el juez”.
Recalcó “es evidente que en este modelo que hoy estamos aprobando o estamos por aprobar en el Código Nacional de Procedimientos Penales, estamos dando un paso muy importante para transitar de un sistema inquisitorio aun sistema y acusatorio que todavía no concluye en su implementación en nuestro país, y por supuesto como se ha señalado en las comisiones unidas la puesta en práctica de este Código de Procedimientos va implicar hacer un seguimiento y una evaluación inmediata, para que por lo menos en el término de un año se pueda hacer la evaluación necesaria e identificar que ajustes y reformas pueden realizarse para mejorar el ejercicio , como toda legislación no solamente es perfectible, sino tendrá que estar sujeta a su aplicación, ejercicio en la vida real y cotidiana dentro de un sistema judicial que carece todavía no solamente de legitimidad y credibilidad profunda, sino de instrumentos que eviten la discrecionalidad y la impunidad en ejecución de sentencias”.
Externó “debo de reconocer que en los últimos días previos al dictamen todavía se hicieron modificaciones profundas; creo que temas que han estado en la preocupación social como las denuncias anónimas, donde se estableció la obligación de policías para recibir una denuncia anónima deberá serlo del conocimiento del Ministerio Público, para que siente precedente, atender los asuntos de casos urgentes donde se establecieron mayores requisitos para ampliar el criterio que tendrá que establecer esta disposición ante el Ministerio Público o el asunto de la aplicación de la prisión preventiva reduciéndola máximo al plazo de un año dan mayor certeza jurídica en estos temas”.
Por último el senador Alejandro Encinas enfatizó “creo que se ha dado un paso importante comparto con el senador Gil de que faltan todavía muchos asuntos por atender y resolver pero esperemos que este Código Nacional de Procedimientos Penales ayude homologar todas las prácticas en la aplicación en el sistema penal en el ámbito federal en los Estados de la República garantizando los derechos humanos de los ciudadanos y un tema fundamental para poder eliminar la corrupción y la enorme impunidad que prevalece en estos temas en nuestro país”.