Tras la puerta del poder
Roberto Vizcaíno
Diputados y senadores presentaron iniciativas en favor de la niñez
Destaca la propuesta para que empresas den permisos especiales a padres con hijos enfermos
Propuesta... | Ramón
Hace unos días nos indignó ver en noticieros de TV cómo un turista canadiense besaba a un par de niñas de aproximadamente 3 años de edad.
Los hechos ocurrieron en Acapulco en plena Semana Santa.
Sobre el primer impacto vino el segundo: remitido al Ministerio Público y luego al Juez Civil, las autoridades informaron que prácticamente no había forma de actuar penalmente en contra del evidente pederasta, porque hacer lo que hizo no estaba reconocido domo delito grave.
Luego de revisar normas y códigos lo más que se pudo aplicar, se indicó, fue una fianza por sobre los 50 mil pesos que le llevaba a desembolsar cuando mucho el 10 por ciento de esa cantidad para poder obtenerla de una de las decenas de empresas que se dedican a otorgarlas.
Desde hace ya mucho son recurrentes las informaciones y reportajes que advierten de un creciente y muy rentable negocio del llamado ’turismo sexual con menores de edad’ en ese puerto, y en otros centros vacacionales del país.
El tema es que hasta hoy nadie hace nada en México para combatir todo esto. No es posible que se den casos como el del canadiense y las niñas de Acapulco.
Ya me imagino yo qué pasaría si las autoridades detienen a un mexicano besando a niñas de tres años en Otawa, Canadá. En fin.
En medio de todo esto hechos como los ocurridos ayer en el Senado de la República, todos en favor de la niñez mexicana, sirven para disminuir nuestro pesimismo.
GARANTÍA A SU INTEGRTIDAD
De entrada la senadora neolonesa Cristina Díaz Salazar presentó ante el pleno una iniciativa de reforma al artículo 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a fin de que las autoridades federales, estatales y municipales, así como las de la Ciudad de México prevengan, atiendan y sancionen los casos en que niños y adolescentes sean afectados por el descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico o sexual que se genere en su entorno.
Al presentar esta iniciativa, la también secretaria general de la CNOP del PRI, indicó que, de acuerdo al Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, los niños y adolescentes corren siempre más peligros en aquellos sitios donde se supone deberían estar más seguros: con su familia.
De igual forma se afirma que los hechos indican que son mayores las probabilidades de que los niños y adolescentes sean agredidos físicamente y sufrir violencia psicológica por parte de sus propios miembros de familia.
Apenas hace unos días, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, el ombudsman Luis Raúl González Pérez, alertó que el problema de violencia física y psicológica en los centros escolares ha aumentado durante los últimos dos años, señaló la legisladora.
Cristina Díaz explicó que hoy en México los actos de violencia contra menores son un tipo de agresión no solo física, sino también psicológica.
Por una parte, la violencia física se muestra con acciones o agresiones en tanto el acoso psicológico o emocional, tiene como consecuencia síntomas de depresión, ansiedad, frustración y conductas en forma de embestida, irritación o rutinas obsesivas.
La iniciativa planteada por la senadora Díaz fue además apoyada por las senadoras Diva Gastélum, Anabel Acosta, Hilda Flores, Lilia Merodio, Itzel Ríos, Hilaria Domínguez, Erika Ayala, Yolanda de la Torre, Carmen Izaguirre y Carmen Dorantes.
PERMISOS ESPECIALES
Dentro de este mismo contexto, en la colegisladora el diputado del PAN Joaquín Jesús Díaz Mena, presentó otra iniciativa, ésta para obligar a las empresas y patrones a darle permiso a cualquier trabajador, padre o tutor, de un menor con una enfermedad terminal, aguda o accidente grave.
Establecer este derecho requiere reformar el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo. Por ello la iniciativa propone:
1) Precisar que dicho trabajador tendrá derecho a solicitar entre tres y siete días de permiso con goce de sueldo;
2) Indicar que el patrón y el trabajador acordarán la recuperación, en fechas posteriores, de las horas laborables otorgadas mediante el permiso; y,
3) Señalar que, para obtener el presente derecho, el trabajador acreditará la tutela del menor y la enfermedad, discapacidad o accidente mediante constancia médica.
Como un soporte a su propuesta, el legislador recordó que la Secretaria de Salud estima que existen anualmente entre 5 mil y 6 mil nuevos casos de cáncer en menores de 18 años, entre los que destacan: las leucemias, en un 52 por ciento, linfomas un 10 por ciento y tumores del sistema nervioso central en un 10 por ciento.
Díaz Mena consideró que establecer este derecho garantizaría un acto de humanidad ante las muchas veces inhumanas jornadas laborales.
Explicó que en naciones como Francia y España ya modificaron sus legislaciones en beneficio de los trabajadores.
’Se trata de un acto de solidaridad con quienes sufren un problema tan serio como es la enfermedad de un hijo. Se trata de apoyar a quienes necesitan tiempo de calidad para afrontar esta adversidad’, precisó Díaz Mena.
NIÑOS EN PRISIONES
Por último, ayer mismo la senadora tricolor Diva Hadamira Gastélum, presidenta de la Comisión Para la Igualdad de Género señaló la necesidad de aprobar una Ley de Ejecución Penal que, con enfoque de género, garantice el pleno ejercicio de los derechos de niñas y niños que se encuentren con sus madres en las cárceles del país.
Al participar en el foro ’Hijas e hijos de mujeres privadas de la libertad. Panorama y perspectivas para la reforma’, la senadora sinaloense advirtió que existen muchos niños que viven en las cárceles del país no sólo con fuertes carencias, sin garantías a una alimentación adecuada, a un suministro permanente de agua potable, a una a educación básica y a servicios de salud mínimos, sino dentro de un contexto represivo como lo son los centros de reclusión.
La mayoría viven ahí al lado de su madre, que purga alguna sentencia.
No existe hasta el momento, indicó la senadora, un marco legal uniforme que defina la edad límite de estancia de los menores en un centro penitenciario.
Hasta noviembre pasado, dijo, había 13 mil 301 mujeres privadas de la libertad, lo que representa un incremento importante, ya que en 2012 se tenían 6 mil.
Hay que aclarar, agregó, que de las 389 cárceles, únicamente 15 son para mujeres y de acuerdo a la CNDH, hasta el 2013, había 377 niñas y niños y 48 mujeres embarazadas en ellas.
’Son datos que nos deben llamar a a la reflexión para crear un marco jurídico más completo’, comentó.
A su vez la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la diputada Angélica de la Peña, indicó que en el Senado se discute y está por concretarse la Ley de Ejecución Penal.
Esta Ley definirá hasta qué edad se tiene que quedar los niños y niñas con sus madres en los centros de privación de libertad, indicó.
Asimismo establecerá, dijo, las condiciones en las que se encuentren aseguren el respeto a todos sus derechos humanos en función de cada etapa de su vida.
’Debemos transformar esos lugares en centros de privación de libertad, en función de un proceso de reinserción social, para que las mujeres recluidas puedan tener alternativas de vida.
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