Elecciones sitiadas

Las elecciones en México del próximo 5 de junio se realizarán en un estado de exclusión sin precedente.
La mitad de la población en la pobreza; la cuarta parte, en la miseria. La economía pasa de depender del petróleo para narcotizarse. El dólar se fortalece frente al peso como nunca. El desempleo crece a pesar de las cifras amañadas del IMSS y del Inegi. La militarización del país es un factor que define, a la vista de todos, la situación real en la que se desarrollarán los comicios de este año.
El gran pretexto de la inseguridad crea dentro de la imaginación manipuladora del poder, la necesidad de colocar un policía en cada esquina del país. Un policía, un soldado o un simple uniformado que está alerta contra las expresiones de inconformidad no del delito.
Hay uniformados y no uniformados dedicados de tiempo completo a hurgar entre las actividades de la sociedad expresiones de inconformidad organizada. De ahí que la seguridad de la población se reduzca a simples actos sucedidos in fraganti o con ayuda de cámaras que sustituyen a los policías, sin investigación, sin pesquisas, a veces sin pruebas ni juicios ni sentencias.
De esto dan cuenta las cárceles del país donde la mitad de los reos son inocentes.
La forma en la que se desarrollarán las elecciones del 5 de junio de 2016 son intimidatorias. El elector no está libre para emitir su voto. La madurez de su reflexión convertida en decisión está truncada por la similitud de las ideas y los planes de los candidatos de todos los partidos políticos.
Ellos, desde la víspera empiezan a descalificar al contrincante con el mínimo pretexto. Desde hace varios años el argumento ya desgastado y muy utilizado es responsabilizar al que compite contra uno de mantener vínculos con el crimen organizado.
El crimen organizado ha permeado todas las estructuras de gobierno, de la administración y ahora no dudamos que el propio Ine pueda tener influencia del narco en estos comicios, ya sea como miembros directos de la nómina o como simples manipuladores moviendo los hilos desde fuera del Instituto.
En medio de esta búsqueda de disidentes se encuentra una actividad que esta administración ha convertido en una práctica cotidiana: la violación de los derechos humanos de los mexicanos, que cada día crece y que va desde la tortura hasta la desaparición, o el asesinato. Estas actividades son, desde el momento de la tardanza de los resultados de las investigaciones, parte de los propósitos y los proyectos de la autoridad.
La legislación en México está encaminada a la violación de los derechos humanos desde el momento mismo en el que las reformas aprobadas atentan contra la integridad física, mental, histórica y psicológica de los mexicanos. Legislar en México es dedicarse a fortalecer los intereses de los poderosos.
La conformación misma de la idea del legislador tiene que ver con el sacrificio de los derechos humanos en nombre de un progreso que sólo beneficia a unos pocos. De querer hacer justicia la autoridad criminaliza la protesta y en ese momento aplica severamente la ley.
La corrupción no se castiga en México. La impunidad de los corruptos, de los violadores a los derechos humanos, de los vinculados con el narcotráfico es una amenaza permanente es la esencia que permite no exagerar al decir que estas elecciones se llevarán a cabo en un estado de excepción.