Plataforma Laboral
Armando Téllez Flores
Otra trama oscura de las Redes de Maduro aquí
+México campo minado de violencia e inseguridad
La modernización del sistema de Justicia Laboral de México, con la implementación de nuevas instituciones y procedimientos democráticos, ya es una realidad en dos terceras partes del país, con la entrada en vigor, de la segunda etapa de la Reforma Laboral en 13 estados en el ámbito federal y una más en el local.
La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa Alcalde Luján; el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fernando Franco González Salas; el director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), Alfredo Domínguez Marrufo, así como representantes de los trabajadores y empleadores dieron arranque a las actividades de los centros de conciliación y tribunales laborales, que operan el nuevo modelo de justicia.
Alcalde Luján informó que esta etapa arranca en los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur (en lo federal), Colima, Guanajuato, Guerrero (en lo federal), Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz, Quintana Roo e Hidalgo (en lo local) arrancan el sistema de conciliación como la puerta de entrada para dirimir los conflictos entre empleadores y trabajadores, y en donde no se logre su solución se podrá acudir a los tribunales laborales, dependientes del Poder Judicial.
Para este nuevo capítulo se habilitaron 19 oficinas del Centro Federal; 40 centros de conciliación locales; 32 tribunales federales y 36 locales, donde ya despachan más de mil conciliadores, jueces, secretarios, verificadores y personal registral seleccionado mediante concursos públicos y abiertos, y capacitado para brindar un servicio profesional y gratuito a la ciudadanía, afirmó la titular de la STPS, Luisa Alcalde Luján.
Este andamiaje ha demostrado su eficacia, agregó, en los estados que participan en la primera etapa se resuelven el 75% de los asuntos por la vía de la conciliación, 86% de ellos en la primera audiencia, a 15 días entre la solicitud de conciliación, y en caso de ir a juicio, se dicta sentencia en un promedio de 3.5 a 4.5 meses.
Además, celebramos un hito trascendental para el mundo sindical: el Centro Federal Laboral asume la función registral de sindicatos y contratos colectivos en todo el país. Por primera vez tendremos un registro único de sindicatos. Cualquier ciudadano podrá acceder y conocer estatutos, directivas, vigencias, padrones, reglamentos interiores y todos los registros serán abiertos y a la luz de la ciudadanía. De igual manera, se tendrá un registro único de contratos colectivos de acceso universal, expresó.
Todas las acciones descritas dan cuenta del compromiso que hemos asumido como país, convencidos que la paz laboral es fruto de la justicia laboral, y que un país que protege y garantiza libertades se fortalece, así, ’estamos acabando con los interminables juicios laborales, el formalismo excesivo, el abuso procesal, la chicana, el coyotaje, las malas prácticas y vicios que colocaron la justicia en manos de una industria del litigio que se especializó en desgastar a las partes, retrasar acuerdos y saturar a las instituciones de gobierno. Tampoco tendrá cabida el chantaje, la extorsión y la simulación. La titularidad será producto de la verdadera representación y de quien cultive el respaldo de las bases todos los días a partir de la confianza, el esfuerzo y la vocación de servir, concluyó.
En su participación, el ministro Fernando Franco Salas, subrayó que ha sido un desafío sin precedentes la democratización sindical y conciliación como vía primaria de solución de conflictos, donde el poder judicial ha habilitado 74 jueces laborales en 26 sedes de 22 estados (incluida la Ciudad de México, con un tribunal de asuntos colectivos).
Destacó que aún queda mucho por trabajar para cumplir y terminar la implementación de la reforma el próximo año en todo el país, para concretar el cambio profundo de un nuevo paradigma de justicia laboral en el país, el Poder Judicial Federal seguirá trabajando para cumplir con su responsabilidad histórica en esta transformación del país.
En tanto, el director general del CFCRL, Alfredo Domínguez Marrufo, subrayó que en la operación del Registro Nacional Sindical todos los trámites se realizarán por la vía digital, y la base de datos arranca con millones de fojas de las 58 juntas de conciliación y arbitraje del país, que suman 300 mil expedientes de registros sindicales, contratos colectivos, convenios de revisión salarial y contractual, entre otros.
Este nuevo sistema ha iniciado su marcha para acabar con la simulación, abrirle puertas a la democracia sindical y avanzar hacia una justicia laboral realmente pronta y expedita, que no solo implica un cambio de normas e instituciones, sino un cambio cultural, que al inicio de la segunda etapa implica redoblar esfuerzos para cumplir su rol en esta importante etapa, abundó.
En el acto, el presidente del Congreso del Trabajo, Reyes Soberanis Moreno, y el representante del Consejo Coordinador Empresarial, Lorenzo Roel Hernández, manifestaron su compromiso con esta nueva etapa y modelo laboral, con el fin de lograr justicia para trabajadores y empleadores.
La implementación de la reforma concluye en 2022, con la implementación del nuevo modelo laboral en las 11 entidades restantes, con lo cual México avanza conforme a lo planeado en la modernización del mundo del trabajo, cumpliendo sus compromisos nacionales e internacionales.
LA OTRA TRAMA OSCURA DE LAS REDES DE MADURO EN MÉXICO
La captura de Alex Saab, presunto operador financiero del presidente venezolano Nicolás Maduro, llevó hace dos años al desmantelamiento en México de una red de tráfico de alimentos a sobreprecio y de mala calidad. Sin embargo, casi de inmediato surgió otra red en la que han participado empresas fantasma, ex funcionarios chavistas acusados de corrupción e intermediarias que operan en paraísos fiscales, también ligadas al régimen de Maduro. La siguiente es la historia de una trama desconocida en torno al envío de víveres a Venezuela
Una nueva red de empresas para el envío de alimentos de México a Venezuela surgió en los primeros dos años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero se frenó abruptamente cuando Estados Unidos intervino para desmantelar un esquema de lavado de dinero que involucraba a empresarios mexicanos con Alex Saab, presunto prestanombres y operador financiero del presidente venezolano Nicolás Maduro.
Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) identificó que entre 2019 y 2020 ocho empresas mexicanas asentadas en Nuevo León, Baja California, Zacatecas, Veracruz, Guanajuato y la zona metropolitana de la Ciudad de México utilizaron una estructura de al menos 13 importadoras creadas en Hong Kong, Panamá, Uruguay y las Islas Vírgenes Británicas para enviar alimentos a Venezuela por un monto de 64 millones de dólares, equivalentes a más de 1,200 millones de pesos, según consta en registros de comercio exterior.
Esa estructura de importadoras sustituyó a la que habían venido manejando operadores financieros del chavismo, como Alex Saab –actualmente preso en Estados Unidos- y Samark López Bello.
En registros consultados por MCCI consta que entre 2016 y 2018, dos empresas ligadas a Saab (Group Grand Limited y Asasi Food) y una atribuida a López Bello (Postar Intertrade) habían intervenido en la compra de alimentos a diez empresas mexicanas con valor cercano a los 700 millones de dólares para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción de Venezuela, mejor conocidos como los CLAP.
Las operaciones de esas tres compañías se suspendieron en 2018 luego de que investigaciones periodísticas evidenciaron que los alimentos enviados desde México para las despensas CLAP eran de mala calidad o vendidos al gobierno de Venezuela con sobrecosto, en un aparente esquema de corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal.
ESTRATEGIA DE ABRAZOS, NO BALAZOS, HA CONVERTIDO A MÉXICO EN CAMPO MINADO DE VIOLENCIA E INSEGURIDAD: PRI
Urge que la estrategia de seguridad garantice que los actos ocurridos en Tangamandapio, Michoacán, no se repitan, puntualizó la dirigencia nacional del tricolor.
La dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), encabezada por Alejandro Moreno y Carolina Viggiano, advirtió que ’la absurda estrategia de abrazos y no balazos ha convertido a este país en un campo minado de violencia e inseguridad’.
Por ello, a través de sus redes sociales, el Comité Ejecutivo Nacional del tricolor argumentó que urge que la estrategia de seguridad del actual gobierno federal garantice que los actos ocurridos en Tangamandapio, Michoacán, donde 11 personas, entre ellas seis menores de edad, fueron asesinadas, no se repitan en México.
Lo anterior, después de que el lunes por la noche, autoridades de Michoacán dieron con los cuerpos de las 11 personas en un camino rural de la tenencia de Tarecuato, que ha sido escenario de hechos violentos en los últimos meses.
La dirigencia nacional de este instituto político ha demandado un cambio en la estrategia de seguridad, con la finalidad de avanzar en el combate a la delincuencia y brindar tranquilidad a las familias mexicanas, ya que en los primeros tres años de este gobierno se rebasaron los cien mil homicidios, una cifra muy por arriba de los registrados en la anterior Administración.
