Epístolas Surianas

LO OCURRIDO EN ARCELIA, en la Tierra Caliente del estado, lo había advertido hace unos días el diputado local Saúl Beltrán Orozco. ’Ajuchitlán, San Miguel Totolapan y los límites con Arcelia son focos rojos’ por la delincuencia, sin dejar, por supuesto, a los municipios de Pungarabato, Zirándaro y claro, Coyuca de Catalán, en donde no cantan mal las rancheras.

Pero en la Tierra Caliente, dicen los que allí viven, ’todo mundo sabe que de un momento a otro se van a soltar los balazos’, y no solo con dos muertos, como ocurrió este lunes en Arcelia, sino con un ’río de sangre’ dado la situación de violencia e inseguridad que, tal parece, a nadie importa, pues si bien hay elementos de la Policía Federal y del Ejército, muy poco hacen por brindar seguridad a la población y pacificar la región.

En efecto, la violencia que se registra en Tierra Caliente, producto de la inseguridad y la negligencia de las autoridades de seguridad pública y ministeriales, no solo mantiene en el miedo, la angustia y la zozobra a la población, sino también en el olvido por parte de las autoridades que se han concentrado en Acapulco, Chilpancingo y Chilapa en materia de seguridad, cuando en otras partes del estado las cosas también están difíciles.

Por supuesto que lo ocurrido en Arcelia, en las inmediaciones de la comunidad de Los Brasiles, en donde resultaron muertos dos personas y 10 más resultaron heridos, producto de un enfrentamiento entre policías comunitarios de Teloloapan y presuntos miembros de la delincuencia organizada, solo es una muestra de lo que puede ocurrir si no se toma en serio la violencia existente en la Tierra Caliente.

Y LO MISMO, SI NO SE LE PONE la atención adecuada, puede ocurrir en El Ocotito, municipio de Chilpancingo, en donde dos grupos, armados con R-15 y AK-47, se mantienen en pugna y en constante enfrentamiento por el control del corredor Petaquillas-El Ocotito-Tierra Colorada-Xaltianguis. Me refiero al Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).

Y es que la policía estatal, que se encuentra en medio de ambos grupos, con el fin de disuadirlos de un enfrentamiento, no puede estar todo el tiempo así, es decir, siendo un muro de contención cuando lo que allí, como en otros casos, debe aplicarse la ley.

Hay que decirlo. Muchos de los problemas que existen en Guerrero, como el que tienen el FUSDEG y la UPOEG por el control de los pueblos que existen en el corredor que comprende la carretera federal desde Xaltianguis, municipio de Acapulco, pasando por Tierra Colorada hasta Petaquillas, perteneciente a Chilpancingo, tiene que ver con la falta de la aplicación de la ley. El gobierno federal a través de la PGR y la Policía Federal y la Gendarmería, así como así como la Secretaría de la Defensa Nacional vía el Ejército y la Marina, saben que allí no solo hay armas de alto poder, sino el trasiego de drogas, suficientes para actuar en consecuencia.

A PROPÓSITO, QUIÉN PUES está detrás de los policías comunitarios? Quién está detrás del FUSDEG y de la UPOEG? Quién está detrás de los comunitarios de Teloloapan y los de Apaxtla, que no le tienen miedo a los grupos delincuenciales? Quién está detrás de la comunitaria de Tixtla? Quién detrás de la CRAC? Claro, surgieron con el cuento de dar seguridad a la población, pero, como bien dicen las autoridades de Gobierno, dejaron de serlo para volverse en contra de ella.

Y EN OTRO ASUNTO, es indudable que tiene razón el presidente de la Comisión de Educación del Congreso del estado, el diputado Víctor Manuel Martínez Toledo. La estructura administrativa de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) es inoperante, llena de vicios y corrupción, no solo porque allí cobran maestros sin trabajar, y con sueldos de lujo, como ocurre con el Vocero de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sino porque, lo dice bien, hay dependencias que tiene adscritos a más de 120 trabajadores y solo van a laborar 23.
Y tiene razón cuando dice que es ilegal la Subsecretaría de Educación Indígena que reclama una de las fracciones de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), luego de que de manera irresponsable y sin presupuesto, la autorizó en su momento el hoy exgobernador interino Rogelio Ortega. Pero además, entregarle ese espacio a los maestros cetegistas, con un presupuesto de 200 millones de pesos, como lo exigen, no solo sería un error y algo fuera de la ley, sino un exceso que a la larga traería como consecuencia el mismo problema que se generó en Oaxaca, en donde el magisterio disidente tomó el control de la educación.
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