Frida Martínez Zamora, ex Secretaria General de la Policía Federal (PF), desvió 65.1 millones de dólares que estaban destinados a pagar una plataforma de inteligencia contratada con una empresa del Gobierno de Israel. Está prófuga desde 2020 y con ficha roja de la Interpol.
El contrato fue firmado en 2015 por 133.9 millones de dólares con la paraestatal Rafael Advanced Defense Systems (RADS), una de las mayores proveedoras de tecnología de las Fuerzas Armadas de Israel.
El servicio contratado fue para el ’análisis, diseño e implementación de la plataforma del Sistema de Explotación de la Información de Inteligencia’, que a la fecha no es utilizado por la Guardia Nacional (GN), pero por el cual se pagaron al menos 65.5 millones de dólares, es decir la mitad de lo acordado
Se trata de los sistemas Wisdom Stone, ImiLite y RecceLite, que permiten analizar volúmenes masivos de datos, imágenes y videos georreferenciados para generar inteligencia accionable, incluido un módulo de reconocimiento táctico instalado en un avión, que se coordina con vehiculos especiales en tierra.
Frida Martínez está prófuga de la justicia desde hace un año por el presunto desvío de más de mil 760 millones de pesos, pero en particular los desvíos de este contrato fueron confirmados y notificados mediante edicto por la Secretaría de la Función Pública (SFP), en un citatorio publicado el pasado 16 de agosto.
En 2016 y 2017, la PF pagó un anticipo de 39.2 millones de dólares a RADS, así como cuatro facturas iniciales por 26.3 millones de dólares.
Pero Martínez nunca pagó las siguientes 16 facturas presentadas por la contratista, por 65.1 millones de dólares, no obstante que el dinero ya estaba autorizado desde el 15 de septiembre de 2016, tres días después de que una delegación de 12 funcionarios de la PF regresó de un viaje de una semana a Tel Aviv, pagado por RADS.
En 2019, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) concluyó que el contrato de la extinta PF con la paraestatal israelí RADS fue un desastre, pues no hubo un análisis previo de las necesidades de la corporación, por lo que su viabilidad nunca fue confirmada.
Además, sostuvo que, de 16 facturas emitidas por RADS y pendientes de pago, se identificaron siete, por 30.7 millones de dólares, que son por bienes y servicios que incumplen los términos del contrato, por lo que calculó un daño al erario de 807 millones de pesos.
Los 65.1 millones de dólares mencionados por la SFP, equivalentes en 2016 a unos 975 millones de pesos, serían parte de los mil 764 millones de pesos de la partida Gastos de Seguridad Publica y Nacional, que Martínez recibió en cheques a su nombre entre 2014 y 2017, para luego desviarlos endosando los documentos a subordinados. Esas operaciones fueron ejecutadas por una red de 19 ex funcionarios imputados por el desvío de 2 mil 500 millones de pesos de la PF en el sexenio pasado.
