De los 50 millones de pesos que le otorgó en 2018 el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a la asociación civil Foro Consultivo Científico y Tecnológico, 1 millón 383 mil 802.83 pesos lo transfirieron a una tarjeta de crédito American Express a nombre de la secretaria ejecutiva Adriana Ramona Guerra Gómez, quien figura entre los 31 científicos y académicos a los que la Fiscalía General de la República (FGR) les imputa el delito de delincuencia organizada.
Contralínea dio a conocer el documento de la auditoría 1/2020 –elaborada por el Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública (SFP) donde señalan que la transacción financiera contravino la normatividad aplicable al manejo del ya extinto fideicomiso 2250-6, denominado Fondo Institucional del Conacyt (Foins), del cual se extrajeron los recursos públicos para favorecer al Foro Consultivo.
La tarjeta de crédito antes mencionada está a nombre de la secretaria ejecutiva Adriana Ramona Guerra Gómez, quien figura entre los 31 científicos y académicos a los que la Fiscalía General de la República les imputa el delito de delincuencia organizada para defraudar al Conacyt y que ya cuenta con un amparo. Asimismo, está mancomunada con el propio Foro Consultivo Científico y Tecnológico, indica el documento interno de la Función Pública.
Los 1.3 millones de pesos salieron de la cuenta bancaria número 0100224782 de BBVA Bancomer, SA, a nombre del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, que es la ’cuenta específica del proyecto a la que se canalizaron los recursos del apoyo’.
Para la Función Pública, esta transferencia violó la cláusula octava –’Cuenta Bancaria’– del convenio de asignación de recursos 10000/03/2018 FON.INST/01/2018, firmado entre el Foro Consultivo y el Conacyt, y que en su primer párrafo establece que ’los recursos deberán permanecer en la cuenta específica, por lo que no podrán transferirse a otras cuentas’.
Para la SFP, esto también constituyó deficiencias en la administración de la cuenta bancaria específica, pues ese convenio –que en 2018 permitió entregar 50 millones de pesos del erario federal a la asociación civil– claramente señalaba la obligación de disponer de una cuenta bancaria a través de la cual se canalizarían los recursos públicos, y que para administrarlos únicamente se utilizaría esa cuenta.
De acuerdo con el informe de observaciones, al solicitar una explicación de esta irregularidad a la secretaria técnica del Foro Consultivo Científico y Tecnológico –de la que la auditoría omite el nombre– ’comunicó a la Dirección Adjunta de Desarrollo Científico, mediante oficio número FCCyIT/114/19 de fecha 1 de agosto de 2019, que aperturó dicha cuenta debido a que es una tarjeta corporativa ‘que permite realizar pagos en moneda extranjera con cargos y comisiones por debajo del costo en la cuenta de Bancomer, además que para cubrir las necesidades de operación por ejemplo en el caso de contratación de licencias de software las políticas de dichos proveedores exigen dejar una tarjeta de crédito en garantía’’.
No obstante, la Función Pública observa que ’los pagos realizados con la cuenta adicional de American Express Company […] no son exclusivamente para el pago de bienes y/o servicios valorados en divisas, sino también por conceptos pagados en moneda nacional tales como: peaje, renta de bodegas, boletos de avión, hospedaje, entre otros’.
Los auditores de la SFP también cuestionaron a la subdirectora de Planeación de Ciencia del Conacyt y secretaria técnica del Foins –designada como enlace para atender los requerimientos de información de la auditoría– sobre esta situación; ésta respondió con el oficio C0000/1099/20, del 29 de mayo de 2020, que el sujeto de apoyo señaló que la tarjeta de crédito American Express les ’permite hacer pagos en moneda extranjera con cargos y comisiones por debajo del costo en la cuenta de Bancomer, por lo que entendemos que son reembolsos’.
Ello, a pesar de que la cláusula octava del convenio establece que el sujeto de apoyo podrá hacer uso de otras cuentas bancarias para operar en divisas extranjeras, siempre y cuando la cuenta específica para recibir los recursos otorgados por el convenio no permita la operación con dichas divisas. En este caso, advierte el reporte de la SFP, ’la cuenta de Bancomer sí lo permitía de conformidad con lo informado por la secretaria técnica del Foro Consultivo Científico y Tecnológico’.
En 2018, el Conacyt entregó 49 millones 999 mil 998.92 pesos del erario al Foro Consultivo Científico y Tecnológico para, entre otras cosas, supuestamente generar conocimiento para el ’fortalecimiento tecnológico de los sectores menos favorecidos del país’, el ’fortalecimiento tecnológico de los sectores jóvenes’ y el ’fortalecimiento de la capacidad científica y tecnológica de las empresas y organizaciones productivas del país’. De nada de eso encontró evidencia la Secretaría de la Función Pública, pues no hubo entregables.
De ese total, la asociación civil destinó a gasto corriente 24 millones 938 mil 92 pesos; es decir a: ’consultorías y estudios de perspectiva; eventos y congresos internacionales, nacionales y regionales; seminarios, reuniones de comités y grupos de trabajo; reuniones plenarias de las comunidades de ciencia, tecnología e innovación y de la Mesa Directiva; edición y publicación de documentos, pasajes y viáticos; así como becas de los prestadores de servicio social y prácticas profesionales’.
Otros 19 millones 870 mil pesos se destinaron a servicios personales: ’sueldos y asimilados a salarios; impuestos, IMSS, SAR e Infonavit; prestaciones y compromisos laborales para los miembros de estructura del Foro’.
A materiales y suministros le destinaron 750 mil pesos. Entre éstos se enlistan: ’materiales y útiles de oficina; gasolinas; materiales y artículos de limpieza; mantenimiento y construcción; insumos para comités de trabajo’.
En el rubro de servicios generales se pagaron 3 millones 500 mil pesos: ’suministro de agua, energía eléctrica, telefonía e internet; rentas; estacionamiento; mensajería; seguros y fianzas; adecuaciones a instalaciones y otros’.
A equipo de cómputo se le destinaron 800 mil pesos del erario nacional, para el pago de ’licencias de software; mantenimiento, actualización y adquisición de equipo de audio, video, cómputo y sistemas de respaldo’. Y por los bienes muebles se gastaron 141 mil 906.92 pesos, específicamente en ’mantenimiento, reparación y adquisición’.
Además de la transferencia ilegal de recursos ’de la cuenta específica del proyecto a la tarjeta de crédito a nombre de personal del Foro Consultivo’, la Secretaría de la Función Pública documenta otra serie de anomalías. Entre ellas destaca la falta de entregables o productos del proyecto establecidos en el convenio de asignación de recursos.
Al respecto, la auditoría del Órgano Interno de Control indica no le fue proporcionada la ’documentación que acredite que los pagos realizados correspondan a bienes y servicios efectivamente recibidos’. Agrega que ’por el importe ejercido en el proyecto de 49 millones 999 mil 998.92 pesos por el periodo del 1 de enero de 2018 al 30 de junio de 2019, en los rubros contemplados en el Anexo 1 del convenio de asignación de recursos, mediante oficios números 38100/L100/0326/2020 y 38100/L100/0484/2020, se solicitó evidencia de los entregables de bienes y servicios pagados, en lo aplicable y de acuerdo a los rubros en que se ejercieron; sin embargo no se remitieron, por lo que no fue posible constatar su entrega, incumpliendo lo establecido en el inciso c de la cláusula quinta del convenio’.
Dicha cláusula establece que el Foro Consultivo debe ’proporcionar las facilidades necesarias para permitir el acceso a sus instalaciones, mostrar la información técnica y financiera que le sea solicitada por el Fondo, así como atender todos los requerimientos de auditoría a través los órganos que conforme a la ley corresponda’.
El asunto ni siquiera se pudo desahogar directamente con la asociación civil, sino que se tuvo que plantear al despacho Soluciones Empresariales & Profesionales ZUVI, SC, al cual contrató el Foro Consultivo ’para el seguimiento financiero del proyecto’.
Otra irregularidad documentada por la SFP son los ’servicios facturados que no corresponden con los establecidos en los contratos formalizados que amparan su adquisición’. Al respecto se señalan diferencias por 781 mil 174.76 pesos en los servicios contratados y los recibidos con los proveedores Alicia Acosta Long y Esteva Maraboto Consultores, SC, son que el despacho Soluciones Empresariales & Profesionales ZUVI pudiera demostrar el gasto legítimo del dinero público.
Aunado a ello, ’no se exhibió la normatividad interna del sujeto de apoyo, por lo que no se pudo verificar que los recursos se ejercieran en cumplimiento a la normatividad, políticas administrativas, contratos y/o pedidos del Foro Consultivo Científico y Tecnológico’. Tampoco hubo evidencia de que ’los recursos asignados por el Foins al sujeto de apoyo para la realización del proyecto se ejercieron en términos del artículo 134 constitucional o alguna ley reglamentaria de éste, es decir con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados y que la contratación de bienes, productos y servicios se ajustarán a los criterios de criterios de necesidad, idoneidad y austeridad’.
Asimismo, la secretaria técnica no acreditó que, como parte de la evaluación administrativa-financiera del proyecto, hubiera revisado que la asociación civil haya ejercido los recursos en cumplimiento a su normatividad interna.
Otras anomalía fueron que no exhibieron la totalidad de los contratos que amparan el ejercicio de los recursos asignados al proyecto; los servicios facturados no se corresponden con los establecidos en los contratos formalizados que amparan su adquisición; el reporte de gastos no se clasificó por conceptos o partidas contenidas en los rubros del convenio de asignación de recursos; no se exhibieron los archivos XML de los gastos y que comprueban el cumplimiento de requisitos fiscales; existen recursos aplicados y comprobados en rubros que no corresponden a la naturaleza del rubro en el que se ejercieron y comprobaron; existen comprobantes por el ejercicio del gasto que no reúnen requisitos fiscales; y se omitió la presentación de informes técnicos y financieros de etapa, así como de evaluaciones.Nancy Flores | CONTRALÍNEA
