En México, la Cruzada Nacional contra el Hambre, anunciada como el programa estrella del gobierno de Enrique Peña Nieto, representó un fracaso porque de 2012 al 2014, según datos del Coneval, el número de mexicanos que sufrieron hambre incrementó de 7 a 7.1 millones de personas, expuso el coordinador parlamentario del Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Mejía Berdeja, al presentar una iniciativa de ley contra el desperdicio de alimentos.
La Cruzada Nacional Contra el Hambre es una estrategia de política social, integral y participativa, según se define en la página de internet de la Sedesol federal, que ’pretende una solución estructural y permanente a un grave problema que existe en México: el hambre’.
En la justificación del programa, reconoce que ’la privación de alimentos es producto de un entorno socioeconómico complejo, multidimensional, que requiere de un enfoque de carácter integral que involucra múltiples instrumentos de política pública en materia de alimentación, salud, educación, vivienda, servicios en la vivienda e ingresos’.
El Sistema Nacional contra el Hambre (SinHambre), como eje rector de la Cruzada, fue creado por decreto presidencial el 22 de enero de 2013.
La iniciativa
En la sesión de este martes, el diputado Ricardo Mejía Berdeja presentó a nombre del grupo parlamentario de MC, que integran los diputados Silvano Blanco Deaquino y Magdalena Camacho Díaz, una Iniciativa con Proyecto de Ley del derecho a la alimentación adecuada y combate contra el desperdicio de alimentos para el estado de Guerrero.
Explicó que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece que el derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer, niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla.
Sin embargo, citó al Relator Especial de las Naciones Unidas, que ’a pesar de los considerables avances logrados en la reducción del hambre y la desnutrición en los últimos 25 años, la malnutrición en todas sus formas afecta actualmente a una de cada tres personas en todo el mundo y 793 millones de personas padecen hambre a diario’.
El legislador indicó que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible prioriza la acción ampliada y transformadora para erradicar la pobreza y poner fin al hambre y todas las formas de malnutrición, reconociendo que la erradicación permanente del hambre y la realización del derecho a una alimentación adecuada para todos son metas alcanzables.
Indicó que el acceso a la alimentación es un derecho constitucional establecido en el artículo 4 de la Carta Magna, que obliga al Estado a cumplir con ese derecho.
Destacó que el estado de Guerrero desde el año 2012, ha ocupado el primer lugar en desnutrición, pero se debe subrayar que en regiones como la montaña, la Costa Chica, las zonas rurales de Acapulco o de la Sierra del Estado, existen cientos de personas que tienen desnutrición, sobre todo los niños.
México, fracaso de política alimentaria
Recordó que en febrero de 2014 las comunidades indígenas agrupadas en el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña (CCDM) realizaron movilizaciones en Tlapa de Comonfort, para exigir a la entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, restablecer los canales de interlocución y obtener una respuesta clara a la propuesta presentada en noviembre de 2013 por el CCDM y la organización Tlachinollan para que la dependencia implementara un programa emergente de abastecimiento de granos básicos para las familias de la región que fueron afectadas por las tormentas de septiembre de 2013.
Ricardo Mejía agregó que en Guerrero siempre ha existido crisis alimentaria que afecta a municipios como Cochoapa, Metlatónoc y Acatepec son considerados los más pobres de Guerrero, México e incluso de América Latina, donde la crisis alimentaria es un problema que hasta el día de hoy no se ha solucionado.
Expuso que un ejemplo de la crisis alimentaria en Guerrero, es que desde el año 2015 se realizó un diagnóstico aplicado en la cabecera municipal y 34 localidades de Chilapa, que dio como resultado que existen un 70 por ciento de niños menores de 5 años con desnutrición de moderada a grave, y que hay localidades como Acalco, Amiltepec y San Ángel que tienen un alto índice en desnutrición.
El diputado dijo que con estos datos se puede hablar de que la política alimentaria ha fracasado en México.
’Es conveniente recordar la fracasada Cruzada Nacional contra el Hambre, que tuvo una implicación de graves quebrantos para el erario, según la Auditoría Superior de la Federación, de aproximadamente 845 millones de pesos’, indicó.
Señaló que en marzo del 2016 el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) enlistó en el balance 2013-2016 que entre 2012 y 2014 el número de mexicanos que sufrieron hambre incrementó de 7 a 7.1 millones de personas, a pesar del trabajo de la Cruzada Nacional contra el Hambre.
Mejía añadió que hace un par de días la Auditoría Superior de la Federación determinó que la Cruzada Nacional contra el Hambre no cumplió con los objetivos por los que fue creada por la Sedesol.
Ley plantea crear bancos de alimentos
Indicó que la iniciativa que se presentó este martes tiene como propósito buscar que haya bancos de alimentos, que se fortalezca la cultura de no al desperdicio de alimentos, que se encauce la solidaridad social, que se aprovechen los recursos para avanzar en abatir los niveles de desnutrición y pobreza alimentaria en la entidad.
Mencionó que los bancos de alimentos que plantea la iniciativa estarán registrados ante la Secretaría de Desarrollo Social en el estado, y que cumplir con algunos de los siguientes requisitos: contar con personal capacitado, realizar la selección oportuna de los alimentos para evitar su contaminación, alteración, descomposición o vencimiento de la fecha de caducidad.
Además, adoptar medidas de control sanitario, divulgar la información del contenido nutrimental de alimentos a los beneficiarios, sugerencias de consumo y de preparación; determinar si proceden los apoyos siendo prioritario apoyar a las personas en situación de pobreza extrema, así como de quienes se encuentren en condición de vulnerabilidad.
Otros requisitos serán: establecer comunicación con otros bancos de alimentos para compartir los que estén próximos a caducar y evitar el desperdicio.
’Cuando hay tantas personas con hambre o malnutrición, con falta de acceso a una canasta básica, constituye un crimen social que haya un desperdicio masivo de alimentos’, subrayó el diputado Mejía.
Explicó que lo que se busca con la iniciativa presentada este martes es encauzar la demanda de alimentos y aprovechar el excedente o alimento no utilizado, siempre que esté en condiciones sanitarias, que no caduque o que esté en buen estado.
Detalló que la iniciativa de ley se basa en el artículo 6º de la Constitución Política del Estado de Guerrero.
La iniciativa de ley fue turnada a la Comisión de Desarrollo Social, para su trámite legislativo.
