Gas Bienestar

El anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de la creación de una empresa estatal denominada Gas Bienestar, con el fin de proveer a las familias mexicanas de gas licuado de petróleo (gas LP) a un precio justo, ha generado un amplio debate público entre quienes respaldan la decisión y quienes la consideran un desacierto.

Las críticas en contra del proyecto se basan, mayoritariamente, en argumentos sobre posibles efectos negativos en la competencia del mercado y la eficiencia en su operatividad, restando importancia a la necesidad de enfrentar el incremento estrepitoso de los precios de combustible en tiempos recientes.

El proyecto no pretende acaparar la industria del gas, sino poner fin a la falta de competencia, que se ha traducido en elevados precios de un energético fundamental para las familias y los negocios en nuestro país.

Debido a ello, el incremento del precio del gas LP es preocupante: 35 por ciento durante los últimos 15 meses, una tendencia contraria a la del mercado internacional de hidrocarburos, que experimentó una franca depresión por la pandemia de COVID-19 en 2020.

A raíz del Pacto por México, Pemex perdió casi la mitad de su presencia en la producción nacional de gas LP en cuatro años, pasando de vender el 50 por ciento del volumen total del energético consumido en territorio nacional en 2016 a tan sólo, aproximadamente, el 30 por ciento en 2020.

En este contexto, la propuesta del presidente López Obrador cobra relevancia. De manera contraria a lo que voces detractoras y de intereses creados argumentan, la creación de Gas Bienestar no es un viraje hacia el pasado. Por el contrario, el proyecto da fe de un gobierno que tiene la firmeza para tomar las medidas necesarias que atiendan las deficiencias en el mercado de gas, que ponen en riesgo las finanzas familiares.

Gas Bienestar comenzará como un proyecto regional en la Ciudad de México, debido a los altos precios que la distinguen de otras entidades, y eventualmente expandirá operaciones a otras zonas del país. Será comandado por Pemex, en conjunto con uno de sus brazos de comercio internacional. Este esquema permitirá a la empresa productiva del Estado tomar ventaja de su experiencia y posición en el mercado internacional, así como de producción propia, para habilitar un modelo integral de adquisición, almacenamiento y distribución de gas LP.

En consecuencia, mediante la participación de Pemex en la comercialización y venta de gas, el gobierno garantizará que se ofrezcan precios competitivos de gas LP para los hogares mexicanos, impulsando en paralelo una verdadera competencia dentro de un mercado que se ha señalado constantemente por su falta de dinamismo y malas prácticas.

Ante el gran pendiente de una verdadera reforma que permita disminuir el precio de los energéticos, la administración del actual presidente de México está decidida a dejar atrás la política de sumisión ante los intereses privados y a poner delante los del pueblo. Defender Gas Bienestar no es apoyar monopolios públicos, sino velar por la estabilidad de las finanzas familiares. Es una respuesta táctica para cumplir las metas de la nueva estrategia energética.

A mitad del sexenio, ya se ha cumplido casi la totalidad de los 100 compromisos que el presidente contrajo con el pueblo de México en el histórico 2018. Para concretar el número 28, que es evitar el aumento del precio de los combustibles en términos reales, es indispensable considerar que la gran complejidad técnica, la relevancia económica y el impacto en el mercado internacional del sector energético usualmente generan resistencias a sus modificaciones, lo que deberá ser afrontado con apertura al diálogo, para generar acuerdos.