Gobierno de izquierda en AL = Intento de Golpe de estado desde USA


Los golpes de Estado en América Latina siempre están en marcha. Cuando un gobierno rebasa la democracia meramente procedimental y avanza a la de justicia social, se aceleran procesos siempre latentes

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Gobierno de izquierda en AL = Intento de Golpe de estado desde USA
Política
Junio 11, 2021 01:46 hrs.
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Zósimo Camacho | CONTRALÍNEA › Emmanuel Ameth Noticias

Más de 34 golpes de Estado se han ejecutado en 12 países de América Latina desde la segunda mitad del siglo XX. La mayoría se han consumado y sólo unos pocos han fallado ante la resistencia popular o la habilidad de los gobernantes en el poder. Los intereses de Estados Unidos en la región y la disputa entre oligarquías y sociedades movilizadas son detonantes de procesos que se activan y reactivan permanentemente.

De entrada, en América Latina los golpes de Estado sólo se ejecutan contra gobiernos de izquierda o progresistas. Y también, de manera generalizada, las derechas en la región siempre están propensas a solicitar, impulsar, apoyar o sostener intentos golpistas cuando se ven amenazados los privilegios de las oligarquías, coinciden politólogos, internacionalistas y latinoamericanistas consultados por Contralínea.

Por ello, las oposiciones de derecha a los gobiernos progresistas en Latinoamérica ’no son oposiciones normales’; es decir, no se ajustan a lo que se espera de una oposición dentro de las definiciones convencionales del sistema político democrático.

Una democracia que trascienda la forma procedimental e impulse la inclusión de los amplios sectores históricamente postergados ’no va tener una oposición normal; no va a tener una oposición que se someta a las reglas del Estado de derecho tal cual se esperaría en un libro de ciencias políticas’.

La advertencia es de la doctora en ciencia política por el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdova (Argentina) Silvina Romano. Agrega que todo gobierno que intente alterar la estructura de la sociedad y avance en la inclusión económica, política, social y cultura de las mayorías, debe esperar la reacción de una oligarquía que no respeta las reglas y que actúa fuera de la institucionalidad, aunque se diga ’respetuosa’ de las instituciones.

Posdoctora por el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y por el Centro de Investigaciones y Estudios sobre la Cultura y la Sociedad del Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas (Conicet) de Argentina, Silvina Romano ejemplifica con los casos recientes de Bolivia, Ecuador y Argentina, países que buscaron generar una nueva institucionalidad de justicia social y que, sólo por ello, exacerbaron las tensiones históricas en sus respectivas sociedades. En este caso inscribe a México con el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Aclara que este tipo de procesos no se reducen a una disputa entre los gobiernos y las oposiciones de derecha. También la confrontación ocurre al interior de los propios gobiernos, porque las instituciones no se renuevan de un día para otro. Sucede que gran parte de quienes integran los propios gobiernos progresistas mantienen vínculos con las elites. Algo imposible de evitar porque no se pueden renovar las instituciones echando a todos los que las integran y nombrando nuevos. Entonces, al interior de los propios gobiernos ’hay un tire y afloje de cómo ir avanzando’.

Silvina Romano, investigadora y coordinadora de la Unidad de Análisis de Estados Unidos y América Latina del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), señala que la oposición a los gobiernos progresistas se encuentra también siempre en Estados Unidos. Desde allá opera mediante actores políticos, medios de comunicación y organismos como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés).

Los embates que se dirigen desde ese país explotan los problemas que viven los gobiernos progresistas en América Latina y magnifican sus desaciertos. Lo irónico es que la complicada situación de las naciones es resultado de las políticas estadunidenses.

Jorge Retana Yarto, primer director de la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional (Esisen) del actual gobierno mexicano, advierte que cuando Estados Unidos decide debilitar y derrocar un gobierno, el trabajo es de sus agencias de inteligencia, tanto las que operan desde el propio territorio estadunidense como las que se encuentran en el extranjero.

Los manuales son, incluso, conocidos. Y el guion se ha seguido en, al menos, una docena de países de América Latina desde la segunda mitad del siglo XX, la mayoría con éxito y otros que se han quedado en el intento. La puesta en marcha de los golpes, duros y blandos, se ha observado en Chile, Guatemala, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Honduras, Ecuador, Bolivia, República Dominicana, Panamá. Varios de esos países, en más de una ocasión.

Silvina Romano, por su parte, ejemplifica con la campaña actual contra México, por la violencia que se generó con la supuesta guerra contra las drogas y la securitización de las fronteras. De pronto se le achaca toda la responsabilidad al gobierno actual, señala. Y a quienes desde Estados Unidos lanzan una narrativa de condena “se les olvidan los 13 años de la Iniciativa Mérida, donde se organizó a toda la fuerza de seguridad no solamente con respecto del narcotráfico, sino con respecto de la migración”.

El plan de Estados Unidos para México y Centroamérica no se ha reducido sólo al impulso del libre mercado, explica. Parte sustancial ha sido la securitización de las sociedades. Para ello se ha valido de una supuesta guerra contra el narcotráfico que sólo ha generado más narcotráfico, violencia y ruptura del tejido social.

Silvina Romano, con líneas de investigación en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina y crítica a la asistencia para el desarrollo, señala que el gobierno de Joseph Biden reconfigura la política hacia la región pero mantiene la presencia del Comando Sur de sus Fuerzas Armadas y de organismos como el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés) y la agencia antidrogas (DEA, por sigla en inglés). Estás últimas, sobre todo mediante programas de entrenamiento.

Lo nuevo de la administración de Biden es que trata de “hacer una especie de mutación de la estrategia antinarcóticos a la guerra anticorrupción: se va a operar desde una fachada de aparente poder blando utilizando el poder duro”.

La lucha contra la corrupción en América Latina, como se concibe en Estados Unidos, implica una vigilancia de los gobiernos de la región. Y se califica más la instauración de instituciones que garanticen la fidelidad a la democracia estadunidense que a la equidad y la justicia social.

“Cómo vas a generar una institucionalidad sana, menos corrupta, si tienes a más de la mitad del país metida en la pobreza. Qué idea de justicia es esa. Se trata de una noción de justicia atada a ciertas estructuras procedimentales que en términos teóricos son muy interesantes; pero aplicadas en sociedades donde la corrupción es consecuencia de años de miseria, marginalidad, violencia.”

Silvina Romano, también especialista en subdesarrollo y dependencia en América Latina, explica que el gran problema de los países de América Latina es precisamente las relaciones de dependencia que han establecido con Estados Unidos. Sólo ha conseguido generar economías exportadoras y maquiladoras que no tienen ningún tipo de proyección ni posibilidades de desarrollo.

Jorge Retana Yarto, economista, maestro en finanzas y especialista en inteligencia para la seguridad nacional, señala que las campaña de desprestigio y debilitación contra los gobiernos progresistas en América Latina nunca vienen aisladas. Se acompañan de otros frentes igualmente importantes.

En los golpes de Estado que se han realizado en la región, el sabotaje económico ha sido fundamental. En Chile, por ejemplo, luego del triunfo de Salvador Allende, se llegó a falsificar papel moneda para meter a la economía en el caos. Asimismo, se retiraron capitales del país y se mantuvo una presión sobre el peso chileno para devaluarlo.

Más recientemente, en el caso del intento de golpe blando contra Cristina Kirchner en Argentina, se mantuvo un ataque sistemático contra la moneda y una Corte estadunidense ordenó pagar deuda en condiciones desventajosas. Y la andanada se ejecutó desde el exterior y desde el interior del país, explica Retana Yarto.

Silvina Romano, por su parte, considera que en el gobierno de López Obrador sí se tiene clara la situación, pero es imposible en estos momentos que pueda desligarse de la relación económica de subordinación con Estados Unidos ni de la política migratoria impuesta desde ese país.

Sí hay avances en la nueva relación de México con el sur del Continente. “Abiertamente dice: ‘Nosotros somos América Latina’”. Y lo ha demostrado con el papel del gobierno mexicano ante el golpe de Estado ejecutado contra Bolivia y con los acuerdos que está generando con Argentina y que probablemente hará con Cuba.

“México es el gran país de América Latina. Sabemos la historia de América Latina y México puede ser el timón.”

Al respecto, el doctor en Estudios Latinoamericanos John Saxe-Fernández señala que la llegada de López Obrador al Poder Ejecutivo mexicano fue vista con esperanza por todo el Continente. “Un gran suspiro fue lo que se sintió en América Latina con la llegada de un gobierno que empezó por articular el interés público nacional de México”.

El investigador nacional emérito del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) dice que ya “hay líneas que están juntándose” entre México y países de América Latina. “Hay un proceso de multilateralización de las relaciones económicas, políticas y culturales”, pero avanza lentamente. “México necesita una diplomacia todavía más activa que la que se está realizando. Necesitamos más fuerza, más relación, más multipolarización”.

Catedrático en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM e investigador adscrito al Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la misma universidad, advierte que México debe lidiar con una herencia de 36 años de gobiernos neoliberales: “un ahogo en Estados Unidos”. Señala que no será fácil deshacerse del tratado económico que firmó con los países de América del Norte. “Ahora Tmec [Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá], son leyes porque son tratados. Es una herencia brutal que tenemos.”

Agrega que, con el tratado, Estados Unidos compró a México los ejes de acumulación del país: Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Por ello las “reformas estructurales” de los 2 sexenios pasados y la disputa actual generada por intentar dar un rumbo distinto a las dos empresas productivas del Estado mexicano, tienen al país con “problemas muy graves”.

Estados Unidos, orquestador

Que América Latina sea históricamente escenario de golpes de Estado tiene que ver, en primer lugar, en que hay sociedades movilizadas. Los gobiernos progresistas no llegan de la nada. Detrás de sí hay mucha gente reclamando justicia. Precisamente por eso llegan los gobiernos progresistas, explica Silvina Romano.

Coincide John Saxe-Fernández. Autor de 23 libros, entre ellos, La compraventa de México (Plaza y Janés 2002, 2006) y Terror e Imperio (Random House 2006): en la región siempre “hay una demanda popular por justicia social, salud, educación, por el derecho a la alimentación. América Latina es la región con mayor polarización en el mundo”.

Por su parte, Silvina Romano, politóloga y latinoamericanista, explica que la dependencia de las naciones de la región no es resultado de sociedades sumisas. Por el contrario, son pueblos en constante movilización en lucha por justicia social.

La sumisión clara es la de las elites, agrega. Son grupos dominantes a nivel interno, pero son dependientes y sumisas a los países centrales; son elites que no tienen ningún poder de negociación. “Ahí sí está la sumisión”. Viven de América Latina, pagan pocos impuestos y es “fácil que se articulen con poderes fácticos del exterior”. Necesariamente de Estados Unidos, donde estas elites tienen vínculos institucionales, personales, de redes sociales y familiares desde hace décadas.

Señala que los golpes de estado se aceleran cuando los proyectos que se apartan en mayor o menor medida de la hegemonía estadunidense comienzan a tener éxito y pueden ser vistos como ejemplo a seguir. Es entonces cuando “se articula una serie de medidas desde dentro y desde fuera” contra los gobiernos progresistas. Pero es un hecho que siempre está involucrado, directa o indirectamente, Estados Unidos.

Al respecto, John Saxe-Fernández, también maestro por la Washington University, está de acuerdo en que, por su vecindad con la región, Estados Unidos siempre es un factor presente en cualquier golpe de Estado en América Latina: “Tenemos ese lastre histórico que tiene que ver con los efectos de la expansión estadunidense y a formación de clases en América latina”.

Silvina Romano abunda en que no siempre llegan hasta el golpe de Estado en sí, blando o duro. Se pone en marcha y probablemente, antes de que se consume, el gobierno progresista sea controlado o se le obligue a rectificar. Hay sanciones económicas, pero operan con demostrado éxito otros mecanismos que se aplican sistemáticamente.

“Junto a la presión económica está la presión política, diplomática y mediática. Operan a través de una red institucional que tienen forjada desde la Guerra Fría. Organismos como la DEA tienen vínculos con ‘voces expertas’ que, a su vez, tienen vínculos con medios de comunicación muy importantes en Estados Unidos que se replican e América Latina.”

Dependiendo de la situación de cada país, esta red institucional puede tener éxito de manera casi inmediata en la generación de consensos entorno a determinados gobiernos. Silvina Romano aclara que los medios de comunicación no hacen nada solos. Y son, antes que un golpe, estrategias de desgaste.

Pero esta desestabilización política se acompaña de otra de tipo económico. “Nuestros países están atados a préstamos, inversiones que lleguen, a los centros financieros”. Por ello, por ejemplo, en México no haría falta que se tomara el Zócalo. Bastaría con que se deslegitimara el gobierno.

Además, de todos los países de la región, México es el país donde menos sería necesario concretar un golpe duro.

“México es considerado parte del territorio estadunidense. No hay necesidad de hacer un golpe de Estado cuando las agencias de Estados Unidos son las que dicen cuáles son los programas de estudio que se tienen que poner en las facultades de derecho de México, por ejemplo”. Explica que, en términos políticos y hasta constitucionales, agencias de Estados Unidos han ocupado México a través de ciertas instituciones.

“No me imagino al Departamento de Defensa con un operativo encubierto en contra de México, porque no hace falta. Eso es lo más triste. Lo que sí hay es que la derecha mexicana le pide ayuda a ciertas agencias para desestabilizar el gobierno de López Obrador. Eso ha sido parte del golpe blando en América Latina. Ha documentos desclasificados de empresarios que viajan a Estados Unidos a pedir ayuda.”

—Estados Unidos no apoyaría fácilmente un golpe de Estado en México; pero ¿hay algún límite que no esté dispuesto a tolerar y, entonces sí, considere que debe hacerse? –se le cuestiona.

—Sí, la nacionalización de los recursos –responde de inmediato–. Esa es la línea. En energía, petróleo, tierras y aranceles está lo que Estados Unidos no puede tolerar.

Para John Saxe-Fernández en México hay una oposición presta a lo que sea para echar del poder a López Obrador. De hecho, estuvo operando desde antes de que asumiera la Presidencia. Que la USAID financie al grupo político-empresarial que se opone al actual gobierno mexicano no es una casualidad. “No espero nada bueno de esas gentes. Recibir dinero de la USAID es hacerle juego a Estados Unidos, algo que hemos visto de manera consistente en la derecha latinoamericana”.Zósimo Camacho | CONTRALÍNEA

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