Gobierno de Nuevo León ejecuta toques de queda ilegales en las calles


Pese a ser ilegales, desproporcionados y nacidos de la desinformación, el gobierno de Nuevo León ejecuta Toques de queda

| Surya Palacios | ALTO NIVEL | Desde Emmanuel Ameth Noticias
Gobierno de Nuevo León ejecuta toques de queda ilegales en las calles

Política

Marzo 25, 2020 08:33 hrs.
Política Nacional › México Nuevo León
Surya Palacios | ALTO NIVEL › Emmanuel Ameth Noticias

El gobierno de Nuevo León trasgrede la carta magna al implementar ’toques de queda’ en diversas zonas, toda vez que no tiene las facultades, no obedece a una opinión técnica y es completamente desproporcional a la fase en la que se encuentra la pandemia actualmente en el país; las medidas de prevención anticipadas no sólo no tienen efecto significativo en evitar la propagación de la enfermedad, sino que tienen graves afectaciones económicas y someten a la población a un degaste innecesario con el que pueden provocar la no obediencia de las normas cuando éstas sí sean necesarias.

Los estados y municipios del país no tienen facultades para restringir o suspender los derechos y garantías reconocidos en nuestra Constitución, por lo que implementar un toque de queda, o limitar la libertad de tránsito debido a la pandemia de COVID-19, no solo trasgrede la carta magna, sino también los tratados internacionales en materia de derechos humanos, de los que México es parte.

La libertad de tránsito, señalada en el artículo 11 constitucional, así como el ejercicio de otros derechos, solo puede ser limitada o restringida temporalmente por el presidente de la República, con aprobación de las dos Cámaras del Congreso, y la revisión de oficio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de acuerdo con el artículo 29 de la Constitución.


La irresponsabilidad del gobierno de Nuevo León

Manuel de la O, secretario de Salud de Nuevo Léon, informó que la cifra de pacientes con COVID-19 ascendió a 52, es decir, cuatro más que ayer. Asimismo, aseguró que los nuevos casos tienen antecedentes de haber estado en Estados Unidos.

Este video enviado a la redacción, comprueba que el Gobierno de Nuevo León está tomando medidas desproporcionadas y al margen de la Ley.



Facultades limitadas

Las entidades federativas tampoco están facultadas para limitar -de ninguna forma- los derechos humanos que garantiza nuestra Constitución, por lo que solo pueden sugerir o recomendar que los ciudadanos colaboren con las autoridades limitando sus salidas. Pero si una persona no puede quedarse en casa, o simplemente no quiere hacerlo, los gobiernos de los estados no pueden restringir esa libertad.

¿Esto quiere decir que no debemos escuchar a los gobernadores y alcaldes, y salir a la calle como si la pandemia de coronavirus no existiera? Por supuesto que no. Si bien nuestros gobernantes deben conducirse con legalidad, respetando la Constitución, nosotros como ciudadanos también tenemos una responsabilidad social con nuestra comunidad y con nuestro país.

No se trata de admitir que se viole la Constitución, como lo hace el toque de queda del municipio sonorense ya referido, sino de colaborar -en la medida de nuestras posibilidades- con acciones específicas que nos permitan contener la pandemia, siempre y cuando las recomendaciones de los gobiernos locales sean eso, recomendaciones, pues en el momento en que intentan hacerse obligatorias se trasgrede la carta magna.

Suspensión de derechos

La libertad de tránsito y el derecho humano al trabajo solo pueden suspenderse en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otra circunstancia que implique un grave peligro o conflicto para la sociedad, como lo puede ser una emergencia de salud pública.

Sin embargo, para llegar a este extremo, el presidente de la República debe solicitar la aprobación del Congreso o de la Comisión Permanente, cuando el Poder Legislativo se encuentra en receso. La suspensión o restricción de algunos derechos puede darse en todo el país o en un lugar o región específica, por un tiempo limitado.

Si la propuesta del Ejecutivo federal es avalada por la Cámara de Diputados y por el Senado, enseguida el decreto respectivo debe ser revisado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, última instancia que deberá pronunciarse con prontitud sobre la validez y constitucionalidad de las medidas restrictivas. Solo en estos casos, con la anuencia de los tres poderes, sería posible, jurídicamente hablando, la suspensión de algunas de nuestras libertades.

Cabe aclarar que la misma Constitución establece que, de ninguna forma, pueden restringirse ni suspenderse los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal; a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento y conciencia; la libertad religiosa, el principio de legalidad; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de estos derechos.

Es posible que, ante la gravedad de la pandemia de COVID-19, la Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad General emitan diversas disposiciones con el propósito de mitigar los contagios, pero esto no implica que vayan a suspenderse nuestros derechos constitucionales. Por el contrario, proteger la salud de las personas es una de las principales obligaciones del Estado. Por supuesto, esa obligación debe cumplirse con los criterios de legalidad, oportunidad y racionalidad que mandata la carta magna. Surya Palacios | ALTO NIVEL

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