Plataforma Laboral
De la redacción
Urge la protección social básica: OIT
CIUDAD DE MEXICO a 17 de septiembre del 2020.- Mientras que la CTM se negó a participar en el recuento de trabajadores de la mina San Rafael, en Cósala, Sinaloa, que realizó la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, a pesar de que detenta el contrato colectivo de trabajo, Napoleón Gómez Urrutia, se declaró ganador con 121 votos a su favor.
En el evento participo el Sindicato que encabeza Carlos Pavón Campos, pero no se informa el número de votos que recibió, aunque advirtió que demandara al senador ante tribunales internacionales por la violencia generada en contra de los mineros y de la propia empresa.
No obstante permanece el anuncio de la empresa, de origen canadiense, de que cerrará definitivamente sus operaciones en México, después de casi nueve meses de un paro ilegal en sus instalaciones.
Al anunciar lo anterior, Javier Villarreal Gámez, subsecretario del Trabajo del Comité Nacional de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), afirmó que, en el momento de votar para definir a que sindicato desean pertenecer, los mineros deberán analizar la situación prevaleciente y la denuncia de la empresa de que Gómez Urrutia la trató de extorsionar y por eso dejará el país.
El también secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minero-Metalúrgica de la CTM, explicó que esa central obrera detenta desde 2019 el contrato colectivo de trabajo de la mina, operada por la empresa Triturados del Noroeste, filial de la canadiense Americas Gold and Silver Corporation, con sede en Toronto.
Denunció que el activista político electoral, Yasser Beltrán, ajeno a la comunidad de Cósala, impulsó la demanda de titularidad del contrato a nombre de la CTM, con el objetivo de obtener beneficios personales, a través de la operación y facturación de todo el transporte interno y externo de la mina.
El Sindicato Minero señaló que la Junta Federal realizó el procedimiento de recuento lo que significó un triunfo para la democracia y la libertad sindical e invitó a la empresa a respetar los resultados y continuar con las operaciones en México, bajo directrices claras y de respeto a los derechos laborales y las condiciones de trabajo al interior de la mina.
Destacó que el Sindicato Minero agradece los 121 votos que obtuvo en el procedimiento de recuento. Asimismo reitera su compromiso de representar sin distinción y defender los intereses de todos y todas los trabajadores ante la empresa.
El dirigente cetemista, Javier Villareal comentó que el sindicato minero de la CTM determinó separarse por completo de la actividad sindical en la mina de Cósala, situación aprovechada por Gómez Urrutia para presentar una demanda de titularidad del contrato colectivo de trabajo, cuyo recuento de votos se realizó.
Villarreal Gámez destacó que en el recuento participaron la agrupación napista y el Sindicato Nacional Minero Metalúrgico Frente, encabezado por Carlos Pavón. Consideró que, en caso de obtener el triunfo Gómez Urrutia, se espera una paralización de labores de la mina por muchos años más, lo que afectaría el sustento de toda la comunidad de Cósala, como sucedió con Taxco, Guerrero, en donde el legislador morenista mantiene una huelga que lleva 13 años….
URGE GARANTIZAR EN EL MUNDO LA PROTECCION SOCIAL BASICA: OIT
Los países en desarrollo deberían invertir 1,2 billones de dólares para garantizar la protección social básica y subsanar las deficiencias de cobertura, agravadas por la COVID-19, requerirá de nuevas fuentes de financiación, según un nuevo estudio de la OIT.
A fin de garantizar al menos la seguridad básica del ingreso y el acceso a una asistencia sanitaria esencial para todos, tan sólo en 2020, los países en desarrollo deberían invertir aproximadamente 1,2 billones (millones de millones) de dólares – 3,8 por ciento de su PIB en promedio – señala una nueva reseña de políticas de la OIT.
Desde el brote de la pandemia de COVID-19 , el déficit de financiamiento de la protección social ha aumentado en alrededor 30 por ciento, según la hoja informativa Brechas en el financiamiento de la protección social: estimaciones mundiales y estrategias para los países en desarrollo en el contexto de la crisis de la COVID-19 y más allá .
Este déficit es consecuencia de un incremento de la necesidad de servicios de asistencia sanitaria y de seguridad del ingreso para los trabajadores que perdieron su empleo durante el confinamiento y la disminución del PIB causada por la crisis.
La situación es particularmente grave en los países de bajos ingresos los cuales necesitarían gastar cerca de 16 por ciento de su PIB – alrededor de 80.000 millones de dólares - para subsanar el déficit.
A nivel regional, la carga relativa de cerrar la brecha es especialmente alta en Asia Central y Occidental, África del Norte y África Subsahariana (entre 8 y 9 por ciento de su PIB).
Aún antes de la crisis de COVID-19, la comunidad mundial no estaba cumpliendo con los compromisos jurídicos y políticos en materia de protección social que había asumido tras la última catástrofe mundial, la crisis financiera de 2008.
’Subsanar el déficit de financiamiento anual precisa de recursos internacionales basados en la solidaridad mundial," dijo Shahrashoub Razavi, Directora del Departamento de Protección Social de la OIT
En la actualidad, sólo 45 por ciento de la población mundial está efectivamente cubierta por al menos una prestación de protección social. El resto de la población – más de 4.000 millones de personas – está completamente desprotegida.
Las medidas nacionales e internacionales para reducir el impacto económico de la crisis de COVID-19 han proporcionado asistencia financiera a corto plazo. Algunos países han buscado fuentes innovadoras a fin de incrementar el espacio fiscal para extender la protección social, tales como impuestos al comercio de grandes empresas de tecnología, imposición unitaria a las empresas multinacionales, impuestos sobre las transacciones financieras o los billetes de avión. Con las medidas de austeridad que se están adoptando aún durante la crisis actual, estos esfuerzos son más apremiantes que nunca, señala el estudio.
’Los países de bajos ingresos deben invertir 80.000 millones de dólares aproximadamente, alrededor de 16 por ciento de su PIB, a fin de garantizar al menos la seguridad básica del ingreso y el acceso a una asistencia sanitaria esencial para todos’, declaró Shahrashoub Razavi, Directora del Departamento de Protección Social de la OIT. ’Los recursos nacionales distan de ser suficientes. Subsanar el déficit de financiamiento anual precisa de recursos internacionales basados en la solidaridad mundial’.
La movilización a nivel internacional debería complementar los esfuerzos nacionales, sostiene la OIT. Las instituciones financieras internacionales y los organismos de cooperación para el desarrollo ya han introducido diversos paquetes financieros a fin de ayudar a los gobiernos de los países en desarrollo a abordar los numerosos efectos de la crisis, en particular en los países de bajos ingresos….
(tellezflores@hotmail.com)
