R A F A G A
Jorge Herrera Valenzuela
México entero se encuentra envuelto en una serie de hechos sangrientos, de acciones policíacas con tintes burocráticos y de una clara protección presidencial para el economista Ángel Heladio Aguirre Rivero, gobernador por segunda ocasión de Guerrero. Sin caer en extremos o ser calificado de alarmista, escribo que poca es la diferencia que hay entre el sexenio calderonista y el actual, porque el suelo sigue teñido de rojo, sí, de sangre humana y es incontenible la violencia.
En particular lo que sucede en el legendario Estado de Guerrero tiene a muchos hogares enlutados, a decenas de familias viviendo en la zozobra, madres angustiadas por no saber de la suerte que han corrido sus hijos y a todos esperando el resultado de los peritajes médicos para saber a quién corresponden los restos humanos encontrados en seis fosas después del secuestro masivo perpetrado en Iguala y de que fueron víctimas 57 estudiantes normalistas.
La podredumbre tiene invadido al sector oficial guerrerense. La corrupción no puede ser ocultada, cuando la delincuencia organizada se apoderó de los cuerpos policíacos municipales y la impunidad es permanente. Según información periodística, desde mayo de 2013 el lopezobradorista René Bejarano denunció a José Luis Abarca y a Felipe Flores, alcalde y jefe policíaco en Iguala, respectivamente, de estar en connivencia con las organizaciones delictivas y..…¡nadie hizo caso!, incluyendo a la Procuraduría General de la República y al feliz gobernador guerrerense. En esas fechas fue asesinado el perredista Arturo Hernández Corona y todo apuntó hacia los funcionarios locales como presuntos responsables, quedando todo en el archivo.
“El presidente Peña Nieto le perdona la vida a Ángel Aguirre”, tituló su comentario impreso Ciro Gómez Leyva y no deja de tener razón, porque le mandaron militares, marinos y gendarmería, así como al procurador Jesús Murillo Karam junto con su gente abandonaron las cómodas oficinas para ir al escenario de uno de los muchos sucesos sangrientos ocurrido, en muy pocos días, en donde el expriista y hoy perredista, por segunda ocasión, cobra como gobernador y tiene muchas prerrogativas, olvidando que la primera vez suplió en el cargo a Rubén Figueroa Alcocer, responsabilizado de la matanza de campesinos en el paraje de Aguas Blancas, en junio de 1995.
Tiempos aquellos en que el Presidente de la República, por conducto del Senado, destituía a los gobernadores que eran rebasados por las protestas y demandas del pueblo. Figueroa cayó en el régimen de Ernesto Zedillo, quien también mandó a su casa, por corrupto, al general Jorge Carrillo Olea, gobernador de Morelos. Por cierto desde mayo de 1998, tras el cese del militar, la apertura democrática impide la remoción de un mal gobernante o sea que desde hace 16 años todos los gobernadores gozan de impunidad.
Para proceder a la destitución de un gobernador, los senadores hacían la declaratoria de “desaparición de los Poderes del Estado”. Se basaban en documentación que acreditaba los hechos e imputaciones contra el gobernante, señalando que no existían garantías constitucionales. Los guerrerenses atestiguaron la salida del alemanista Alejandro Gómez Maganda y del general Raúl Caballero Aburto, en la segunda mitad del siglo pasado. Israel Nogueda Otero en 1975 era gobernador sustituto y a dos meses de entregar el mando, lo acusaron de fraude y fue cesado.
Aguirre no se ha manchado las manos de sangre, tampoco el poblano Rafael Moreno Valle. Gabino Cué en Oaxaca, no ata ni desata y está bajo el poder del magisterio, mientras que un señor Padrés en Sonora alcanza el perdón oficial luego de sus prepotentes actos. A los de Chiapas y del Estado de México, no les toca ni con el pétalo de una rosa aunque en sus territorios también se consuman crímenes denunciados públicamente, como es el caso del municipio sureño de Tlatlaya. El michoacano Fausto Vallejo Figueroa no fue removido, no fue cesado, no fue destituido, porque para dejar el gobierno pidió licencia y todos felices.
PREGUNTA PARA MEDITAR:
¿En este México en Movimiento, en este sexenio reformista, en este gobierno que proyecta soluciones a futuro, se propondrá modificar la legislación para sancionar a los gobernadores que no cumplan con sus gobernados?
