Restan cuatro días para que el gobernador Héctor Astudillo deje la administración estatal.
Es entendible que al final, cuando ya prácticamente ha perdido el poder, las críticas arrecien en contra de él quien se va y los reconocimientos a quienes se encumbran abundan.
Somos testigos de un final de gobierno complicado, con paros de trabajadores exigiendo bonos, y pagos que la administración que fenece no puede realizar por falta de recursos, y eso estimula grandemente la crítica para el gobernador.
Pero habrá que recordar que estos dos años han sido atípicos y la pandemia del Covid-19 ha complicado los escenarios económicos no solo de los municipios y del estado, pues también ha afectado al gobierno federal.
Hubo reducciones del recurso proveniente del gobierno federal en tal cantidad que terminó por afectar la operatividad de la administración que está por terminar.
Astudillo Flores ha explicado que ha pagado parte de la deuda de los 15 mil millones de pesos que desde 1995 iniciara como tal, y lo deja en alrededor de los 13 mil millones, y la propuesta de que el Congreso lo convierta en deuda es para que los recortes no terminen por afectar la próxima administración, aunque amarrada como está con el gobierno federal es creíble que Evelyn Salgado tenga mayores facilidades para negociar apoyos extras.
Habrá que recordar que el gobierno del estado mantuvo, gracias a la coordinación con la Marina y la Sedena y la Guardia Nacional, así como la policía del estado, la Policía Ministerial y las municipales una seguridad que movió de la posición de los primeros lugares a ciertas ciudades como Chilpancingo, Acapulco, y Chilapa.
Lamentablemente Acapulco e Iguala son sacudidas por la pugna de grupos criminales que tratan de imponerse sobre los otros, y en el exceso de poder, poner condiciones a la misma autoridad.
Es entendible que a nuevas autoridades, nueva coyunturas políticas y criminales.
Y aún no sabemos qué irá a pasar con la llegada de la nueva gobernadora, porque las expectativas son altas y se espera que la Guardia Nacional sea movida para actuar en contra de quienes generan violencia en Acapulco e Iguala.
Por supuesto que se espera que tanto la gobernadora como las presidentas y presidentes municipales tengan la facilidad de contar con el aval de la primera para conseguir los recursos necesarios para salir el año en sus distintos gastos, como lo está solicitado Norma Otilia, en Chilpancingo, y Abelina López Rodríguez, en Acapulco, sin que por eso reciban linchamientos mediáticos.
De no conseguirlo, la presidenta de Chilpancingo corre el riesgo de recibir la presión de los sindicatos del ayuntamiento, por lo que se espera que no se convierta en rehén de los mismos, pues ya las autoridades anteriores han probado que algunos líderes buscan dominar el tema político, financiero y de personal.
Veremos qué pasa, porque así como el gobernador necesita recursos para finalizar, los municipales necesitan para arrancar su gobierno, convirtiéndose en motivo de crítica de quienes aprovechan las redes sociales para golpetear políticamente o solo para sublimar sus pulsiones de violencia.
