En el periodo en que estuvo al frente David Penchyna (2016 - 2018), y Alejandro Murat (2012-2015) del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) destinaron 27 mil millones de pesos como pago a despachos judiciales con la finalidad de recuperar cuentas de derechohabientes con retrasos del 2014-2021.
Tan sólo durante la administración de David Penchyna la institución pagó 17 mil 112 millones de pesos a despachos de cobranza por concepto de recuperación de vivienda; dicho monto contrasta con 2 mil 681 que pagó entre 2019 y junio del 2021 en la gestión de Carlos Martínez 85% menos y junio del 2021 en la gestión de Carlos Martínez 85% menos..
En el periodo 2014 - 2021 el Infonavit desembolsó 27 mil 723 millones de pesos en pagos a despachos de cobranza, la cantidad supera el presupuesto total ejercido en 2020 por estados como Zacatecas, Campeche o Quintana Roo.
El 89% fue destinado a través de 52 despachos judiciales o consorcios, quienes recibieron pagos que van desde los 100 millones hasta los 2,104 millones de pesos solo en este periodo.
Entre 2014 a 2021, 175 despachos y consorcios judiciales, fueron beneficiados con contratos para realizar cobranza por parte del Infonavit. 9 de cada 10 pesos pagados por el instituto por este concepto, beneficiaron a 52 despachos.
En suma, esas 52 consentidas del INFONAVIT, recibieron un total de 24,809 millones de pesos en contratos, por prestar sus servicios de cobranza.
Particularmente, cinco de las 52, recibieron de entre 1,173 millones a 2,014 millones de pesos. De ellas, Grupo de Administración de Bienes y Servicios, que ha sido acusada de extorsión por sus métodos de cobranza, fue la que se llevó el mayor monto, más de 2,000 millones de pesos.
Grupo de Administración de Bienes y Servicios SA. de C.V, representado por Bruno Payan Ortiz, y su accionista Jesús Humberto Payán Ortiz. Obtuvo más de 2,104 MDP, de 2014 a 2021, por prestar sus servicios de cobranza al INFONAVIT. Predominó en 2018 por recibir más dinero en comparación con otros años.
Grupo Actuarial y Servicios S.A de C.V, representado legalmente por Luis Vicente García López y su accionista Lucía Isabel Serrano Tres Palacios. Este grupo recibió en ese periodo 1, 764 MDP, principalmente en el año 2016.
Aguilar Guerrero y Asociados SC, representado por Everardo Guerrero Gómez, quien en contratos recabó 1,361 MDP, siendo en 2015 el año donde más recaudó fondos por parte del Infonavit.
Especialistas en Cobranza Difícil SC, representada por Daniela Romero Armendariz, recibió de 2014 a 2018 1,194 MDP. 2015 fue su año más alto.
Consultores Profesionales Corporativos S.A de C.V, quien tiene como representante legal a Rafael Maza Fernández. Obtuvo 1,173 MDP; tan solo en 2016 recaudó más de 209,709 millones.
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La primera empresa que aparece en la lista, es la representada por Bruno Payan Ortiz, denominada Grupo de Administración de Bienes y Servicios. Esta empresa fundada en 2009, en el Estado de México, es a quien se le ha otorgado el mayor monto.
Su objeto social es la recuperación y regularización de créditos bancarios, financieros, hipotecarios, de arrendamiento y demás, así como la custodia y entrega de valores tales como tarjetas de crédito e investigaciones relacionadas con los mismos.
Este mismo despacho, también conocido como GABSSA, fue acusado en 2021 por extorsión, junto con otros despachos, por realizar llamadas de cobranza falsas. Actualmente, se puede encontrar en un blog llamado CréditoEnar ofreciendo préstamos de hasta 10 mil pesos sin aval y hasta domicilio.
El segundo despacho jurídico, Grupo Actuarial y Servicios SA de CV, creado en 1993 en el estado de Querétaro, es representado por Luis Vicente García López. Su objeto social es otorgar asesoría y consultoría jurídica, económica, financiera, contable y administrativa a personas físicas, morales y entre otras actividades, prestar servicios de cobranza.
El tercero en la lista, es Aguilar Guerrero y Asociados SC, quien tiene como representante legal a Everardo Guerrero Gómez. Nació en 2009 y de acuerdo a su página, por la necesidad de contar con agencias de cobranza y recuperación de cartera, es una empresa con cobertura nacional. Su centro telefónico está ubicado en la Ciudad de México.
De acuerdo a la página web Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, el sitio del despacho Aguilar Guerrero y Asociados SC, dejó de responder llamadas telefónicas tras plantearle la petición de una entrevista. En primera instancia, una mujer de Tijuana respondió la llamada y reconoció que se trataba de un despacho jurídico.
Especialistas en Cobranza Difícil SC, es representada por Daniela Romero Armendariz, agencia dedicada a cobranza como su nombre lo indica. Aparentemente, fue creada y fundada en el estado de Chihuahua desde 2016. Pese a que no cuentan con un sitio web oficial, se reportan diversos teléfonos de contacto y direcciones de páginas alternas que dan cuenta de su existencia.
La quinta favorita del INFONAVIT, Consultores Profesionales Corporativos S.A de C.V., representada por Rafael Maza Fernández, nació en 1999. Conforme a su sitio de internet, sus servicios son actuar en representación de instituciones de crédito y empresas como mandatarios en la negociación de sus pasivos con personas físicas o morales, donde recalcan que su objetivo es alcanzar una negociación justa.
En conjunto de notas recabadas, a partir del 2011, salieron a la luz los malos e ilegales manejos que realizaron despachos de cobranza contratados por el INFONAVIT.
Carlos Martínez Velázquez, director general del Instituto, explicó en 2019, que fueron alrededor de 200 despachos beneficiados, muchos de los cuales tenían como único cliente al INFONAVIT.
Martínez Velázquez detalló que el gasto de cobranza pasó de 2,000 millones de pesos, en 2013, a 12,000 millones de pesos para 2018, incrementos que sucedieron en medio de procesos llenos de irregularidades.
En entrevista, Notimex explicó que muchos despachos jurídicos, en vez de asesorar a los derechohabientes, solo les daban largas y al final terminaban por quitarles sus casas, las cuales eran vendidas posteriormente. Presuntamente, en 2020, el INFONAVIT presentó un nuevo modelo de cobranza llevado a cabo por los despachos.
Para 2020, AMLO presumió una recuperación de 2,000 millones de pesos cuyo origen era una indemnización pagada por el INFONAVIT a la empresa TELRA Realty, donde en reportaje de Proceso, en conjunto con ATiempo.tv, “Negocios millonarios y un fraude al INFONAVIT”, se revela que la empresa fue creada un mes antes del proyecto con el INFONAVIT. Posteriormente se dijo que el dinero recuperado fue rescatado, y que fue un acto de corrupción hacia el Instituto.
Conforme al reportaje, antes y después de rescatar esos 2,000 millones de pesos, la Fiscalía General de la República ha perseguido a empresarios inmobiliarios, a quienes acusa de un supuesto fraude o actos de corrupción que no ha podido probar.
De acuerdo con los documentos, tanto la contratación como la cancelación de ese contrato y la indemnización a TELRA Realty fueron avaladas por los máximos órganos de gobierno del Infonavit, mismo Instituto que declaró actos de corrupción pero que no pudo fincar responsabilidad contra personas específicas en el caso.
En 2019, surgió el llamado Mega fraude, una serie de juicios masivos en Coahuila y Nayarit, donde 60 mil derechohabientes de todo el país, resultaron defraudados luego de que los despachos de cobranza, junto con algunos jueces, determinaron quitarles sus viviendas a pesar de que ellas ya habían cumplido sus pagos y adeudos.
Ante el escándalo, el Infonavit detectó malas prácticas de 18 despachos de cobranza, de los cuales, a cuatro les rescindió el contrato y a otras 14 les abrió una investigación.
Molrod Silber y Asociados, fue uno de los despachos jurídicos señalados por la Fiscalía General del Estado como integrante de la misma red de corrupción, contratado en un inicio por INFONAVIT.
Este despacho, que se encuentra dentro de los 52 despachos judiciales o consorcios favoritos del Instituto, recibió más de 100 millones de pesos de 2014 a 2021.
En sincronía con diversos titulares, en Coahuila estuvieron involucrados al menos seis jueces y 13 secretarios de las mismas instituciones, quienes fueron suspendidos de su cargo; sin embargo, en 2020, no derivaron en ninguna resolución.
Para 2022, 19 personas involucradas fueron despedidas de su cargo aunque no se les aplicaron sanciones penales.A TIEMPO
