Son al menos 8 los exrectores de universidades hidalguenses que están ’con el Jesús en la boca’, toda vez que podrían ser señalados por Emilio Zebadúa, excolaborador de Rosario Robles -quien se encuentra en prisión-, de ser parte del fraude hallado por la Auditoría pero bautizado en mefios como Estafa Maestra, entregando el exfuncionario los elementos suficientes para procesar a quien fuera el entonces subsecretario de la Sedatu, Enrique González Tiburcio.
Y es que además de Rosario Robles y de Emilio Zebadúa, Enrique González Tiburcio, exsubsecretario de la Sedatu, ha resultado señalado por el testimonial que presentó la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso Robles, mediante el cual hay elementos que acreditan la simulación de contratos con instituciones públicas para el financiamiento de campañas políticas a favor del PRI.
El caso que se encuentra más documentado es el del convenio celebrado por González Tiburcio con el entonces rector de la Politécnica Francisco I. Madero (UPFIM) Juan de Dios Nochebuena, institución en la que bajo su cargo se acreditó un desvío de al menos 185.8 millones de pesos.
La indagatoria, de las que los medios especulan que derivará en órdenes de aprehensión masivas, llevaría al hidalguense involucrado a enfrentar su responsabilidad ante la autoridad e incluso a revelar el modus operandi completo para obtener un criterio de oportunidad que disminuya su pena.
Pero la historia no acabaría allí.
Y es que por un esquema similar el exrector de la Tecnológica de la Huasteca Hidalguense (UTHH) Ricardo Rodríguez Alarcón es investigado por las mismas instituciones hidalguenses para aclarar el destino de diversos desvíos, siendo hasta el momento, el único indagado por las autoridades locales.
Temería también por su libertad el exrector de la Politécnica de Huejutla (UPH) Luis Andrés Domínguez, investigado también por simular contratos con Sedatu y haber cobrado una ’comisión’ por la triangulación de recursos por 81 millones de pesos.
Gerardo Marcelino Orozco también tiene una investigación por desvíos que alcanzan los 93.5 millones de pesos al frente de la Universidad de Tulancingo (UTEC), quien también habría repetido el esquema en la Politécnica Metropolitana de Hidalgo (UPMH) por 5.8 millones de pesos.
Marco Antonio Flores González también tuvo observaciones cercanas a los 10 millones de pesos por no poder acreditar en tiempo y forma supuestos servicios prestados a la Politécnica de Pachuca (UPP) cuando este era rector.
Leodán Portes Vargas (QEPD) de la Tecnológica Tula-Tepeji (UTTT) realizó diversas operaciones con INCA Rural por 19.4 millones de pesos evidenciadas en una red que involucra a los Osorio Chong y donde también participaron otras instituciones.
Marco Antonio Ocadiz de la Tecnológica del Valle del Mezquital (UTVM) también habría simulado proyectos por más de 205 millones de pesos con Sagarpa e INCA Rural, pues fue intermediaria para pagar ’servicios’ a personas físicas y morales sin la capacidad ni la infraestructura para cumplir con los contratos otorgados.
En el Instituto Tecnológico Superior de Occidente la institución simuló contratos por 30.4 millones de pesos para proyectos en diversos puntos de la entidad, pagando las dispersiones antes de que fueran cumplidos y donde los beneficiarios claramente no tenían la capacidad para ejecutarlos.
Finalmente en eI Tecnológico Superior de Huejutla (ITSH) Manuel Quintero Quintero delegó a Héctor Aguilar Ponce para celebrar dos contratos con INCA rural por 900 mil pesos cada uno para la elaboración de las estrategias de extensionismo.
De manera independiente a los presuntos desvíos cometidos por las instituciones ligadas a gobierno del Estado, la Autónoma de Hidalgo (UAEH) con Adolfo Pontigo Loyola fue ventilada por la simulación de contratos por medio de servicios no proporcionados a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) por 103.4 millones de pesos.
