Iberdrola es corrupción: en España los incautan y aquí los protege el PRIAN


El diario El Confidencial dio a conocer el reciente dictamen del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, donde ordena desmantelar la mayor planta fotovoltaica de España y Europa así como el embargo de las cuentas de tres directivos del grupo por 130 millones de euros

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Iberdrola es corrupción: en España los incautan y aquí los protege el PRIAN
Política
Junio 22, 2022 14:29 hrs.
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Redacción › Emmanuel Ameth Noticias

Un Juzgado de Valladolid, España, encargado de la investigación de la llamada ’trama eólica’ ordenó el pasado 10 de mayo la incautación de bienes de tres ejecutivos de la compañía eléctrica Iberdrola, con un valor estimado de 130 millones de euros, de acuerdo con el periódico español El Confidencial.

Mientras en México el fundador de Sí por México, Claudio X. González les indicó a los partidos opositores que votaran en contra de la Reforma que pretendía que al menos 54% de la energía fuera gestionada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en lugar del 38% que maneja actualmente, dejando en manos privadas y compañías extranjeras el 62 por ciento del control energético.

De acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Iberdrola recibió subsidios por 56 mil 175 millones de pesos en el sexenio pasado a partir de que fue privatizado el sector energético. Dicha cantidad es equivalente a un 37% de los 150 mil millones de pesos que oficialmente la compañía ha invertido en México, acorde con el informe realizado por el líder comercial de la firma española, Hatsican Díaz Gatica.

El diario El Confidencial dio a conocer el reciente dictamen del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, donde ordena desmantelar la mayor planta fotovoltaica de España y Europa así como el embargo de las cuentas de tres directivos del grupo por 130 millones de euros.

’Según han confirmado fuentes jurídicas, el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid cursó el pasado 10 de mayo el decreto de embargo de cuentas y del IRPF contra Pedro Barriuso, el que fuera máximo responsable de la división de Renovables de Iberdrola; contra Rafael Icaza de la Sota, director de control; y contra Ricardo Bravo, ejecutivo de Ibercyl, la filial de Castilla y León del grupo con sede en Bilbao, a través de la cual y según la Fiscalía se organizó una trama de corrupción para la concesión irregular de autorizaciones de parques eólicos en la comunidad autónoma entre 2003 y 2011", indicó el periódico.

Asimismo señalaron que desde el mes de octubre de 2021, la Fiscalía Anticorrupción habría solicitado varias ordenes de aprehensión contra cinco personas que tuvieron un alto cargo de la Junta y 11 empresarios, entre los que estaban los tres de Iberdrola, solicitando una pena de entre cuatro y 42 años; mientras que para los empresarios el fiscal solicitó seis años de prisión.

’En noviembre, Javier de Blas, el Magistrado que ha investigado la causa, dictó la apertura del juicio oral e impuso fianzas millonarias, tanto a la Junta de Castilla y León como a Iberdrola y a todos los señalados por haberse beneficiado presuntamente de concesiones ilegales tras pagar mordidas de 80 millones, según mantiene la acusación y ha sido publicado en medios locales’, agregó El Confidencial.

El acto de corrupción llamado ’trama eólica’, involucraría a figuras de la política local española, como un Viceconsejero de Economía en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y a los hermanos Alberto y Francisco Esgueva, dueños de una compañía denominada San Cayetano Wind. Los anteriores firmaron varios acuerdos para promover, construir y explotar parques eólicos en Castilla y León. Los hermanos Esgueva recibieron 31.6 millones de euros, de acuerdo con el diario.

De acuerdo con el diario, el único directivo que se mantiene en la compañía habría solicitado un apoyo económico al grupo para hacer frente a los 130 millones que les ha solicitado el juzgado, luego de que el pasado 10 de mayo realizaran el embargo contra Barriuso, Icaza y Bravo.

’Según fuentes próximas a Iberdrola, Icaza, el único de los tres directivos que continúa en la compañía, ha pedido ayuda económica al grupo, al no disponer de patrimonio con el que poder hacer frente a los 130 millones que le reclama el juzgado de forma solidaria con Barriuso y Bravo. La eléctrica, que no ha respondido a la petición de información de este medio, tiene que hacerse cargo de una multa de 11.25 millones, tal y como recoge en su informe anual, junto con la Junta de Castilla y León, que tiene que depositar 24 millones’, explicó el reportaje exclusivo.Con información de EL CONFIDENCIAL

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