Se cumplió recientemente el sexto aniversario de los aciagos hechos de Iguala. La noche del 26 de setiembre de 2014, la tragedia se apoderó del histórico municipio del norte de Guerrero, dejando un saldo de 6 personas fallecidas, 17 heridos y 43 estudiantes desaparecidos, provenientes de la escuela normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Ese funesto día la muerte se hizo azarosa y alcanzó también a jóvenes del equipo de futbol Los Avispones, aparentemente confundidos por la policía local con los estudiantes normalistas. La trágica noche fue también el inicio del inconmensurable dolor de madres y padres, el ingreso al peor de los infiernos: la incertidumbre sobre la suerte de sus hijos.
Esta fatídica fecha es para mí imborrable. También provengo de una familia humilde de la Sierra que, al igual que los padres de estos jóvenes, envió a sus hijos a estudiar para lograr una mejor integración en el mundo. Y muchas veces he pensado que esa incompresible desgracia le podría haber sucedido a cualquiera de nosotros. ¿Cómo pudo ocurrir semejante tragedia? ¿Cómo pudo nuestro Estado de Guerrero ser escenario del aberrante ataque a sus humildes estudiantes rurales?
Los hechos de Iguala ensombrecieron nuestra democracia, y acrecentaron la distancia entre ciudadanos y ciudadanas con las instituciones del Estado. Es nuestra misión, como dirigentes responsables del presente, contribuir de buena fe y con acciones concretas y pacíficas, a un mayor acercamiento entre los guerrerenses. Es nuestra misión contribuir a recuperar la confianza perdida. Hay ejemplos admirables. Ahí están, en primer lugar, los padres y madres de los jóvenes desaparecidos que, sin descanso, luchan por esclarecer los hechos. Ahí está el heroico abogado Vidulfo Rosales, contribuyendo con lucidez y perseverancia al esclarecimiento de la causa. En el mismo sentido actúan nuestros representantes.
El gobernador Héctor Astudillo Flores ha dado muestras claras de diálogo y colaboración con los afectados. El presidente Andrés Manuel López Obrador, ha mostrado su plena disposición a avanzar con honestidad en resolver el caso.
Los hechos de Iguala demandan de nuestra reflexión como universitarios de la UAGro, casa de estudios comprometida con la búsqueda de la verdad y con los problemas morales de nuestro tiempo.
Las relaciones entre verdad y política son difíciles y determinan la calidad y el tipo de orden político. Los gobiernos autoritarios consideran a la verdad un riesgo y por eso la suprimen. Los súbditos del régimen autoritario se resignan a que la verdad no esté determinada por los hechos, sino dictada por la autoridad del Estado. Por el contrario, en las democracias, la verdad es un derecho fundamental de todos. Las democracias latinoamericanas nacieron con la recuperación de la verdad. Así lo evidencian las investigaciones sobre los desaparecidos por las dictaduras militares que llevaron a cabo los gobiernos democráticos del Cono Sur.
Hay democracia en México, y estoy convencido que con la contribución a la verdad se fortalecerán las instituciones y crecerá la confianza y el encuentro. Desde la Universidad Autónoma de Guerrero, tendemos una mano de solidaridad y empatía a los familiares de los jóvenes desaparecidos. Son horas en las que necesitamos avanzar en la verdad para recuperar la unidad.
