*Los comunicadores y periodistas deben tener garantizada la más amplia libertad, sin frontera alguna, para poder informar y difundir todo tipo de comunicación, como lo establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos; de esta forma, el Ombudsman nacional Raúl Plascencia Villanueva, instó a los legislador
Teodoro Raúl Rentería Villa
No cabe duda que los intentos por socavar las libertades de prensa y expresión, así como el derecho a la información, son constantes y cíclicas, pero más grave es que exista una actitud cómplice, desobligada e irresponsable, entre poderes, en este caso Ejecutivo y Legislativo, del estado de Sinaloa.
A pesar de los esfuerzos de los compañeros sinaloenses, quienes han dado una férrea batalla en contra de la “Ley Mordaza” presentada para su análisis por el gobernador Mario López Valdez “Malova” ante el Congreso, se aprobó por unanimidad la modificación a la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado de Sinaloa –artículo 51 Bis- mediante la cual se prohíbe a representantes de los medios de comunicación estar presentes en lugares donde ocurrieran eventos delictivos, así como fotografiar, grabar o filmar a los involucrados, para dejar como única fuente de información los comunicados de prensa.
La reacción de periodistas locales, de otros estados, asociaciones gremiales, y diversos sectores no se hizo esperar ante la clara y frontal postura de afectación al trabajo de informar.
Los comunicadores y periodistas deben tener garantizada las más amplia libertad, sin frontera alguna, para poder informar y difundir todo tipo de comunicación, como lo establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos; de esta forma, el Ombudsman nacional Raúl Plascencia Villanueva, instó a los legisladores sinaloenses a dar marcha atrás estos preceptos y por el contrario fortalecer la libertad de expresión en su estado.
Jesús Hernández Chávez, presidente de la Diputación Permanente, anunció en conferencia de prensa que “ante las expresiones de rechazo e inconformidad de organizaciones de periodistas y defensores de la libertad de expresión de México y el extranjero, la Junta de Coordinación Política decidió convocar a un periodo extraordinario a finales de agosto, para cancelar la reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría de Justicia”.
Debe recordarse que existe el reconocimiento por parte de diputados de que la iniciativa de ley enviada por el Ejecutivo no se analizó, discutió ni debatió.
El 30 de julio los diputados de la LXI Legislatura del Congreso de Sinaloa aprobaron un paquete de dictámenes que fueron iniciativas del Ejecutivo, entre ellas la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia. En la iniciativa, de la que fue leída sólo un fragmento por la amplitud de lo redactado y bajo una aprobación de dispensa por los diputados en el Pleno, se señalan diversas disposiciones que empatan con el Código Nacional de Procedimientos Penales para el nuevo sistema de justicia, sin embargo, en ésta se adicionó el artículo 51 Bis. La reforma fue aprobada, minutos después publicada en una edición vespertina del Periódico Oficial.
Es claro que esta semana se caerá esta nueva intentona del gobernador Mario López Valdez y del sometido Congreso de Sinaloa por limitar el trabajo de los periodistas; ya lo habíamos denunciado en reciente visita a ese estado, frente a la vocera oficial, Elisa Pérez Garmendia, sobre la postura contraria al trabajo libre de los reporteros y la conocida postura del Gobernador del control sobre los medios a través de la pauta publicitaria gubernamental.
Nos sumamos con el gremio organizado del país: Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX; el Club Primera Plana y la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP, cuando manifiestan su solidaridad con los compañeros de Sinaloa en la exigencia no solamente de que el Congreso estatal abrogue el artículo 51 bis, sino que además finalice la actitud frontal del Ejecutivo en contra de la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información
