El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) que encabeza Miguel Ángel Margaín González está aplicando una estrategia de intimidación contra las empresas, bajo argumentos opacos y protocolos de actuación poco transparentes, los cuales ejecuta con pleno abuso de autoridad.
Así lo demuestran historias recientes en contra de nuestros socios en donde el IMPI, con prepotencia e intimidación (que incluye el uso de la fuerza pública) ha tratado a empresarios como delincuentes, cerrando sus negocios.
Ya hemos señalado en la COPARMEX Ciudad de México que la economía está estancada por una reforma fiscal que ha golpeado a quienes creamos empleos formales y productivos y acciones como las del IMPI, lo confirman.
El IMPI nació para hacer transparente la intervención del Estado en la defensa de los derechos de propiedad industrial y garantizar pleno apego a derecho sobre los procesos de verificación en beneficio de la competitividad del país y no hay duda que su labor es fundamental para garantizar el cumplimiento de la legalidad.
La mayoría de las empresas y negocios instalados en la Ciudad de México, buscan cumplir a cabalidad con sus responsabilidades administrativas; pero es cierto que hay muchas otras que no lo hacen, en mucho por desconocimiento y ciertamente, otras por dolo. Es aquí, en donde la autoridad y específicamente el IMPI debe transformar su visión para ejecutar su actividad.
La suspensión de actividades y el cierre o clausura de empresas, debe ser el último recurso ante una acción reiterada y dolosa de las empresas por no cumplir con los ordenamientos legales que le corresponden.
Cuando se cierra una empresa, incluso de manera temporal a causa de las verificaciones poco transparentes y claras que realiza el IMPI, las consecuencias son catastróficas para quienes tienen invertido patrimonio, créditos en curso y sobre todo, para los trabajadores y sus familias quienes ven en severo riesgo la permanencia de su fuente de trabajo.
Los empresarios estamos siempre dispuestos a cumplir con la norma, pero hace falta en contraparte de la autoridad, mayor compromiso por combatir, asediar y castigar a la economía ilegal e informal.
No es congruente con esta realidad de estancamiento económico, el que el IMPI sea incisivo e incluso burdamente abusivo con las empresas formalmente establecida, buscando irregularidades, que en la mayoría de los casos son mínimas y se pueden subsanar con un acompañamiento adecuado, cuando por otro lado, la proliferación de la económica informal salta a la vista y cuando la economía ilegal se presenta con cinismo e impunidad.
Desde el sector empresarial de la Capital del País, consideramos que el IMPI le está provocando un grave daño a las empresas de la Ciudad de México con su actuar.
Si el IMPI de verdad quiere ejecutar su mandato normativo en beneficio de la competitividad de la Nación, debe impulsar protocolos y guías de actuación conjuntas empresa-autoridad, para generar mecanismos de mediación y cumplimiento con el fin de que las empresas cumplan, con plazos realistas y bien establecidos, basándose en un principio general de presunción de inocencia y grados de afectación.
En la COPARMEX Ciudad de México siempre estaremos del lado de la legalidad y al mismo tiempo, siempre defendiendo a las empresas de los abusos de la autoridad.
