La lucha contra la corrupción ha sido evidente en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador; según datos oficiales, entre diciembre de 2018 y julio de 2019, la Secretaría de la Función Pública (SFP) abrió 18 mil investigaciones y sancionó a mil 400 funcionarios públicos por presuntos actos de corrupción. A esto se suman los 136 casos que incluyen redes de corrupción ligadas a fraudes desmedidos como el de la Estafa Maestra y el de OHL.
La información pública disponible indica que el Gobierno de AMLO atrajo al menos 67 casos de corrupción de alto impacto público, cuyas investigaciones iniciaron entre 2015 y 2018, sin que las autoridades lindaran o deslindaran responsabilidades de manera concluyente.
Además de la indagatoria en contra de 64 funcionarios ligados al presunto desvío de recursos y fraude por 839 millones de pesos de la denominada ’Estafa Maestra’, la administración actual dio seguimiento a una carpeta de investigación en contra del ex director de Pemex Emilio Lozoya Austin, acusado de asociación delictuosa por presuntos sobornos de Odebrecht entre 2010 y 2012.
Las investigaciones en contra del ex Gobernador de Coahuila, Jorge Juan Torres López, y del ex subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo Social, Juan Carlos Lastiri Quirós, también continuaron con procesos por presunto desvío de recursos y lavado de dinero.
En lo que va de 2019, la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dieron continuidad a cuando menos 67 investigaciones de interés público por casos de corrupción, que iniciaron entre 2015 y 2018.
Estas dependencias del Gobierno federal también iniciaron indagatorias en contra de ocho ex funcionarios de alto nivel del sexenio del ex Presidente Enrique Peña Nieto y lograron la detención de dos ex funcionarios más.
Asimismo, la FGR, la UIF y la ASF atrajeron 59 casos ligados a lavado de dinero y robo de combustible, por parte de funcionarios y ex funcionarios públicos.
A estos factores se suma la impartición de justicia –que implica mejorar el funcionamiento de juzgados, tribunales, ministerios públicos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)– y la aplicación de la ley vigente, para que haya sanciones por incumplimiento legal que tengan un ’efecto disuasivo entre el resto de la población’, de acuerdo con la consultoría Deloitte.
Las cifras del ’Barómetro Global de la Corrupción: América Latina y el Caribe 2019’ de Transparencia Internacional refieren que seis de cada 10 mexicanos consideró que el Gobierno está actuando ’bien’ para combatir la corrupción. Este nivel de aprobación es superior al reportado en 2017, cuando dos de cada 10 connacionales aprobaron la estrategia del Gobierno federal.
