Con la participación de activistas y defensores de derechos humanos, familiares de víctimas, Naciones Unidas, y de los poderes Ejecutivo y Judicial, el Congreso del Estado de México puso en marcha las sesiones virtuales de Parlamento Abierto para la discusión de la Ley de Amnistía del Estado de México.
El esquema propuesto por el diputado Max Correa Hernández, pretende escuchar las diversas voces para construir una ley que sirva en beneficio de aquellas personas que han sido privadas de su libertad de manera injusta.
Agradeció la disposición y voluntad política de los poderes Ejecutivo y Judicial, de los expertos y activistas para aplicar un nuevo instrumento legal, ante una procuración de justicia que debe mucho a los mexiquenses.
’Que mediante este Parlamento Abierto podamos acercar las mejores propuestas que permitan hacer justicia y que sea una ley que sirva a quienes están privados de su libertad injustamente, y a quienes hayan cometido un error y asumido una irresponsabilidad, siempre y cuando no sean delitos graves’, sostuvo el legislador.
Durante la reunión de las comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia, con Derechos Humanos, el presidente Poder Judicial, Ricardo Sodi Cuéllar, aseguro que es responsabilidad de este poder escuchar y atender los reclamos de las víctimas y lograr la corrección del sistema judicial, así como despresurizar las cárceles.
El Poder Judicial hará un análisis de diversos términos jurídicos planteados en las iniciativas de Ley de Amnistía, pues muchos tienen poco sustento de las hipótesis, y definir puntualmente en qué casos aplica y en cuáles no.
’Hay colaboración respetuosa, con el Poder Legislativo hemos tenido cercanía y entendimiento claro, nuestro privilegio es poder apoyar y aportar, sobre todo en temas de comisión de delitos donde el Poder Judicial tiene más información y conocimiento de lo que pasa’, apuntó el magistrado presidente.
El diputado Tanech Sánchez Ángeles refirió que se debe profundizar el estudio, para recoger las opiniones de expertos de las dependencias que intervendrán en la ejecución, y recordó que la bancada de Morena impulsa esta iniciativa ante las múltiples fallas del sistema de justicia en la entidad.
Leonel Rivero Rodríguez, director de Defensa Estratégica en Derechos Humanos, quien llevó la defensa de mujeres violentadas de Atenco, acusó que existe un problema tridimensional para la aplicación de justicia estructural y deficiencias en el ámbito político, social e institucional, que se basa en el alto nivel de corrupción que prevalece en el poder judicial federal y estatal.
’Debemos reconocer que muchas de las fallas estructurales y del sistema de procuración de justicia han sido utilizados para criminalizar la pobreza y judicializar la protesta social’, denunció el abogado.
El también defensor de derechos humanos manifestó su rechazo a que la comisión de revisión esté a cargo de Poder Judicial, pues no es sano, ya que se enfrentará al ’ego de los juzgadores’, y será difícil que acepen cuando sean ellos quienes hayan violado derechos humanos o sentenciado de manera injustificada.
Octavio Amezcua, oficial de Derechos Humanos, y representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas apuntó que en los estados hay contextos complejos en los sistemas de procuración de justicia, y reconoció que la propuesta de la bancada de Morena va más allá de la Ley federal de Amnistía.
Destacó que es importante el planteamiento del Congreso Estatal para que sea desde el Poder Judicial y no del Ejecutivo donde se revise la operación de la ley, pero asegurando una asistencia jurídica, que pueda intervenir de manera efectiva en cada caso.
La diputada Mariana Uribe recordó que la Legislatura ha sido muy abierta para escuchar todas las voces, y la inciativa de Morena puntualiza que no se dará el beneficio de la Amnistía a quienes hayan cometido delitos contra la vida, ni por privación de la libertad a menores de edad, o en casos donde los ilícitos se hayan cometido con violencia, o haya violación a derechos humanos, ni cuando agravantes reincidencia o uso de armas de fuego.
José Humbertus Pérez acusó que en el gobierno de Eruviel Ávila no se destinaron suficientes recursos para la aplicación del nuevo sistema penal acusatorio, ni se garantizó la capacitación de ministerios públicos, policías y peritos, por lo que no se consolidó ni en su fase mínima.
’Muchos de los que están en los penales se les han fabricado delitos, hay una inaplicación del sistema penal acusatorio y el estado debe responder por esos excesos y la propuesta es que esta Ley de Amnistía, considere como una de sus excepciones para que los delitos de alto impacto, sean revisados, porque tampoco es justo que una persona que no cometió un homicidio o un secuestro tengan sentencias de 70 años’, apunto el activista.
