Iniciativa de Martí Batres para que la extorsión sea considerada delito grave
• Este flagelo, quinto lugar de denuncias, con más capetas de investigación con un total de 5 mil 649.
• Derecho de piso y llamadas telefónicas las principales modalidades.
El senador Martí Batres, propondrá que la extorsión, en cualquiera de sus modalidades, se integre al listado del Catálogo de Delitos que Ameritan Prisión Preventiva Oficiosa por ser una de las actividades ilícitas que más afecta a la sociedad del país.
En conferencia de prensa anunció que presentará, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, una iniciativa que reforma el artículo 19 de la Constitución.
El legislador de la bancada de Morena explicó que las extorsiones como el cobro de piso no se denuncian por temor a represalias; en el caso de las llamadas telefónicas, la ciudadanía no le da la importancia para presentar el incidente ante los ministerios públicos.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la extorsión ocupa el quinto lugar de denuncias con más capetas de investigación con un total de 5 mil 649 iniciadas desde que se tiene cifras oficiales.
El Observador Nacional Ciudadano estima que la extorsión es el segundo delito más cometido en México. Y, según reportes de diversas cámaras empresariales, esta actividad delictiva ha aumentado un 23 por ciento.
El legislador denunció que en el Senado no están exentos de este delito pues, durante el mes de diciembre, trabajadores y secretarias de las y los senadores recibieron llamadas de extorsión.
En la encuesta de victimización y percepción de la seguridad pública, de 33.6 millones de delitos cometidos durante 2017, 6.6 millones fueron por extorsión (7 mil 719 por cada 100 mil habitantes).
Por todo ello y tras reunirse con ciudadanos, empresarios, alcaldes y con la Jefa de Gobierno de la CDMX, donde le expresaron que reiteradamente han sido víctimas de este acto y le solicitaron que impulsará dicha reforma.
Respecto a las llamadas de extorsión provenientes de los centros penitenciarios, dijo que estos cuentan con herramientas jurídicas y tecnológicas para inhibir la operación de bandas al interior de las cárceles, pero recalcó que es necesario revisar las medidas que se han tomado hasta ahora por parte de las autoridades correspondientes.
