Caótico fin de sexenio:
Zacarías Cervantes
Dos semanas antes de que terminara la administración de Héctor Astudillo Flores, devino el caos y la parálisis administrativa.
El colofón de un gobierno cuestionado fueron el bloqueo de calles y carreteras en todo el estado, marchas, plantones y la toma de edificios públicos por trabajadores que exigen sus salarios, fondos de ahorro, bonos, retroactivos de incremento salarial, viáticos y el pago de sus cuotas al ISSSTE que se las timaron los gobiernos priistas y perredistas desde hace más de 25 años.
Al paro laboral y a las protestas de trabajadores se sumaron lo mismo sindicalizados que los supernumerarios del llamado sector central del Gobierno del estado, del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), de la Comisión Estatal de Defensa de Derechos Humanos (CEDH), de organismos públicos descentralizados, policías y agentes de tránsito del estado y los trabajadores de la Secretaría de Salud.
Acorralado, el gobernador Astudillo Flores, quien en el último año de su sexenio venía presumiendo que entregaría una administración andando, ’muy diferente a como la recibí hace seis años’, como repitió muchas veces, de pronto, enmudeció; suspendió conferencias de prensa y eventos públicos, en tanto que las inauguraciones de obras las realizó sin convocatoria a los medios de comunicación para evitar preguntas incómodas.
El movimiento laboral explotó en medio de la pandemia que, aunque disminuida, no cesa, y por el paro de los trabajadores de la Secretaría de Salud, el personal del Laboratorio Estatal dejó de realizar estudios y de entregar resultados de las pruebas de Covid-19.
Los empleados inconformes de la dependencia, estuvieron a punto, asimismo, de paralizar la Campaña Nacional de Vacunación contra la pandemia y sólo pudo reanudarse por una intervención extraordinaria de autoridades federales y estatales.
La demanda principal de los trabajadores de la Secretaría de Salud es el pago del Fondo del Estado de Guerrero de Ahorro Capitalizable (FEGAC), que asciende a más de 130 millones de pesos.
El reclamo fue de 3 mil 900 trabajadores formalizados, de un total de 21 mil con bases federalizadas, homologadas, regularizadas y formalizadas, sin contar al personal de contrato.
Se trata de un fondo que se integra con aportaciones de los trabajadores, gobierno del estado y sindicato. Los recursos sencillamente desaparecieron en este último año de la administración de Astudillo Flores y pomposamente se lo endosó al gobierno federal.
Esa fue la causa de que sigiloso y subrepticiamente tirara línea para movilizar a una parte de los trabajadores de salud a fin de que exigieran a través de la dirigencia del sindicato que encabeza Beatriz Vélez Núñez, al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).
Los trabajadores de salud, igualmente, demandaron el pago de sus cuotas al ISSSTE que ascienden, (incluidas las de todo el gobierno y organismos públicos descentralizados y algunos ayuntamientos), a más de 13 mil millones de pesos que no se pagaron desde 1995.
La propuesta de Astudillo Flores para resolver el asunto fue la renegociación de la deuda mediante un acuerdo aprobado por el Congreso local que implica asumir el faltante por el gobierno estatal y pagarla mediante plazos establecidos en un convenio.
Es decir, borrón y cuenta nueva, sin que haya siquiera una mención de sus antecesores que timaron esos recursos y mucho menos sin sanciones para los responsables. El Congreso local, integrado mayoritariamente por diputados morenistas le dio un portazo y el gobernador pidió que arreciaran las protestas contra el gobierno federal.
Mediante las redes sociales un grupo de los trabajadores denunció que fue el mismo gobernador Astudillo, quien alentó a través de los dirigentes a intensificar los bloqueos en las calles y carreteras de las principales ciudades del estado, una de ellas la autopista del sol y la carretera federal que comenzó el 11 de octubre en el punto conocido como Tierras Prietas, al norte de Chilpancingo.
Los trabajadores de la Secretaria de Salud, demandaron también el restablecimiento de 21 prestaciones del ISSSTE suspendidas a la base por la deuda histórica de impuesto de los trabajadores, principalmente de dos dependencias estatales, las secretarías de Salud y de Educación, de acuerdo a las declaraciones de los panistas.
Por separado, inusualmente, también se manifestaron policías estatales y trabajadores operativos de la Secretaría de Protección Civil para exigir el pago de sus viáticos, incremento salarial, bono de fin de administración, agilizar el pago del seguro de vida a los familiares de agentes muertos en cumplimiento de sus labores, así como el pago de marcha y bono de riesgo.
Las movilizaciones de policías y trabajadores de Protección Civil fueron constantes y se intensificaron en la última semana del gobierno de Astudillo Flores.
Bloquearon calles y realizaron protestas lo mismo frente al Palacio de Gobierno que en el Congreso local.
A este sector de trabajadores, en el que participaron unos 400 entre policías y empleados de Protección Civil, el gobernador simplemente ni los vio ni los oyó, aun cuando en el paso de los de Protección Civil pararon labores y tomaron las oficinas de la dependencia evitando la prestación de auxilios a la población.
En tanto que los policías estatales pidieron la intervención de los diputados del Congreso local para que el gobierno del estado les pague sus viáticos de 3 mil 750 pesos a cinco mil agentes, que corresponde a la primera quincena de octubre.
El recurso se los venían pagando en meses anteriores y debió haber estado disponible para el mes correspondiente que reclaman, pero sencillamente se los retuvieron en la Secretaría de Finanzas y Administración. ’No hay recursos’, les dijeron sencillamente.
’AMLO, Menchaca dice que no hay recurso para el pago de los viáticos’, ’Félix Salgado Macedonio solicitamos el apoyo 4T’, reclamaron en pancartas.
Además de sus viáticos, familiares de agentes muertos exigieron el pago del seguro de vida. Denunciaron que desde hace más de dos años, los familiares de 13 policías estatales que murieron en cumplimiento de su deber no han recibido el pago del seguro de vida.
’Nuestros compañeros han muerto por los hechos de violencia que han ocurrido en distintas regiones del estado y el gobierno se hace de la vista gorda, no quiere intervenir para el pago’, denunció el agente Miguel Ríos
Un tercer sector que se movilizó fue el del Sindicato Único de Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Guerrero (SUSPEG), para exigir el pago del bono del día del servidor público, estímulos de años de antigüedad y bono de fin de sexenio.
Al movimiento se sumaron después, los empleados supernumerarios y de al menos 17 organismos públicos descentralizados, entre estos los del Radio y Televisión de Guerrero (RTG) que plantearon las mismas demandas.
Estos trabajadores suspendieron labores en todo el estado y tomaron sus respectivos centros de trabajo para exigir sus prestaciones.
Por ejemplo en Chilpancingo tomaron edificios públicos como el Palacio de Gobierno y el Edificio Juan Álvarez que albergan las principales oficinas del gobierno estatal; el Centro de Rehabilitación Integral de Guerrero (CRIG) dependientes del sistema estatal para el Desarrollo Integral del Familia (DIF), y de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG).
Asimismo, el Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero (Invisur) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum).
Algunos de los trabajadores de lista de raya mantienen que cerraron los accesos del Palacio de Gobierno, aseguraron que las autoridades estatales también les adeudan a algunos dos y tres meses de su salario.
En la medida que avanzó el movimiento, se sumaron trabajadores del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), para exigir el pago del incremento salarial del 12 por ciento retroactivo a enero, estímulos por años de antigüedad, bono de fin de sexenio y bono por el día del servidor público.
Los trabajadores del TSJ también tomaron las instalaciones de Ciudad Judicial en Chilpancingo y en Acapulco el edificio Caleta que alberga los juzgados y la sala penal.
Según este sector de trabajadores, en total el gobierno estatal adeuda al TSJ 22 millones de pesos del presupuesto de este año, por lo que no les pueden pagar el retroactivo que está pendiente.
En tanto, trabajadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos pararon labores y tomaron sus oficinas en demanda del pago de retroactivo y estímulos por años de antigüedad, bono del servidor público, bono sexenal, y aumento al Fondo de Ahorro.
Los paristas de todos los sectores recibieron el apoyo del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG) y del sindicato de la UPN de Chilpancingo.
Dos días antes de que entregara la administración estatal el gobernador Héctor Astudillo, el conflicto escaló. Los trabajadores de la Secretaría de Salud, bloquearon por más de cinco horas la autopista del sol y la carretera federal México-Acapulco en el punto conocido como Tierras Prietas, al norte de Chilpancingo y las principales calles del centro de la ciudad.
Los trabajadores que radicalizaron su movimiento, sin embargo, recibieron un trato distinto del gobierno de Héctor Astudillo Flores, quien había advertido que ’hasta el último minuto de su gobierno cuidaría la autopista del sol’, luego de que el 22 de septiembre la Policía Estatal desalojó a los trabajadores del Ayuntamiento de Chilpancingo cuando apenas llevaban minutos bloqueando en demanda del pago de sus salarios.
A diferencia de estos, los trabajadores de la Secretaría de Salud, permanecieron el tiempo suficiente como para desesperar a los automovilistas y sin la intervención de la autoridad desbloquearon por la fuerza.
La lectura que se mandó fue que Astudillo Flores perdió autoridad en los últimos días de su mandato o la toma de la autopista y la carretera federal convino a sus intereses.
Dos días antes, circuló mediante la página de Facebook de La Plaza, la versión de que el gobernador pidió a los trabajadores de Salud que ’en caso de no recibir los recursos del gobierno federal que se le adeudan a Guerrero a más tardar el lunes (11 de octubre) tomen carreteras, bloqueen Chilpancingo, no dejen entrar a nadie’.
El mensaje no fue desmentido ni tuvo respuesta del gobierno estatal como si lo había venido haciendo cuando se trata de noticias falsas.
Si bien un sector de los trabajadores que se expresó en las carreteras, calles y oficinas públicas, en el ocaso de la administración de Astudillo Flores, pudo ser movido por intereses soterrados desde el mismo gobierno, hay otro genuino que expresó su malestar por el incumplimiento del gobernador a sus demandas que se fueron acumulando a lo largo de su sexenio.
Este contó con el respaldo de distintos sectores sociales que ya no toleran la corrupción, la opacidad en el gasto de los recursos públicos y expresaron su hartazgo en contra del gobierno saliente, que es remanente de una clase política que administración tras administración vino saqueando el presupuesto y los bienes de los guerrerenses.
DE ÚLTIMA HORA:
FAVOR CON FAVOR SE PAGA
Con 245 millones que negociaron en la presidencia de la república tanto Evelyn Salgado como el propio Astudillo Flores lograron apaciguar buena parte de las movilizaciones y plantones que tuvieron paralizado al gobierno estatal la primera quincena de octubre. Se portó bien el ex gobernador con Morena, congeló averiguaciones previas en contra del senador Félix Salgado y protegió a la hija y hoy gobernadora del estado, pues rápidamente le dio una constancia para que se dijera que ya no laboraba en su gobierno desde el año pasado. Además, no movió ni un dedo para que ganara el aspirante de su partido. ’ni me meto ni me metan’, aseguró a tiempo. Así se salvó de investigaciones de la UIF y hasta lo premiarán –se dice- con una embajada. AMLO, es el artífice de ese engendro llamado PRIMOR...
