CIUDAD DE MÉXICO, A 17 de Octubre.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), exhorta al Gobierno del Estado de Chiapas a impulsar -con carácter urgente y con la participación activa de las propias comunidades indígenas- estrategias efectivas, seguras y pertinentes, con visión intercultural, en materia de seguridad pública, educativa, de salud y agraria que ayuden a lograr la conciliación entre los pobladores de los Municipios de Aldama y Chenalhó hasta conseguir el reforzamiento del diálogo y la concertación, en aras de alcanzar y mantener la paz y seguridad pública en las zonas limítrofes de estas localidades que actualmente se encuentran en conflicto.
Para la CNDH resulta preocupante la situación de inseguridad e inestabilidad social que prevalece entre los habitantes de estos Municipios, circunstancia que evidencia que los esfuerzos del gobierno local para garantizar la vida, la integridad personal y la seguridad de las comunidades indígenas que habitan en la región, han sido notoriamente insuficientes.
Se tiene conocimiento de que, en los últimos meses, se han agudizado las diferencias sociales entre las propias comunidades, imperando la ingobernabilidad y persistiendo zonas de conflicto a causa de agresiones mutuas con armas de fuego que, a decir de los pobladores, son de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; resultando lo anterior, en la pérdida lamentable de vidas humanas, múltiples lesionados, daños materiales y el desplazamiento de familias.
No pasa desapercibido que el 31 de julio de 2020, en presencia del Gobernador del Estado de Chiapas y Autoridades Federales, se ratificó el ’Acuerdo de no agresión entre los Municipios de Aldama y Chenalhó, Chiapas’, suscrito el 4 de junio de 2019, entre autoridades Municipales y el Gobierno del Estado; pacto que se mantiene vigente, pero que en la realidad pone de manifiesto su ineficacia.
En el ejercicio de sus atribuciones, este Organismo Constitucional Autónomo, ratifica su compromiso con la protección, defensa y garantía de los derechos humanos que ampara el orden jurídico constitucional y convencional, a favor de quienes integran nuestros pueblos originarios en México.
