Ley de movilidad

La Ley de Movilidad Social está condenada –como otras propuestas- al fracaso porque no se atiende el problema de fondo que es la inconformidad ante la indiferencia oficial para resolver los problemas sociales del país, y los manifestantes en las marchas y bloqueos lo que expresan es su irritación ante la incapacidad o ineficiencia de los funcionarios y, por todos los medios, tratan de llamar la atención de los mismos.
Desde la quema de un tráiler en la carretera en el Istmo, hasta la destrucción de aparadores de sucursales bancarias y lujosas oficinas de trasnacionales en la zona rosa de la ciudad de México, la lucha social busca ser escuchada y su objetivo es ese, precisamente, causar caos e irritación social para, de esa manera, crear conciencia de que existen millones de marginados sin acceso a las comodidades que disfrutan quienes tienen mejor nivel de vida, identificándolos, como siempre, como sus adversarios.
Pretender someter al orden a los miles de inconformes que se expresan en contra de la corrupción gubernamental mediante un ordenamiento legal es más que iluso, porque en los hechos se demuestra incongruencia; por un lado, se pide orden e intervención enérgica de la autoridad a través de sus policías, y por otro, se cesa al jefe policiaco que trata de controlar los desmanes de las marchas; se promueve el Estado de Derecho y se arrasa contra alcaldes y gobernares sin el mínimo respeto a la autonomía municipal y a la soberanía de los estados.
Se destaca el armamento y la clase de la tropa pero ésta es incapaz de detectar la actividad, en un solo municipio del país, de las actividades de la delincuencia organizada; se presume la procuración de justicia y ésta descubre a más de 100 involucrados en un ilícito atroz como el de Iguala sin que sus agentes se hayan dado por enterados antes de los hechos; es decir, no hay mínima capacidad para el manejo de nuestras carmomidas instituciones en voz de José Mujica.
TURBULENCIAS
Deslealtad de Benjamín Robles
Los senadores Miguel Barbosa y Armando Ríos Piter dieron fe en Oaxaca del desdén ciudadano hacia el desleal y deshonesto senador Benjamín Robles Montoya quien, en su fallido informe legislativo, “cuestionó” la corrupción en la actual administración del gobernador Gabino Cué, la que impulsó y formó parte al ocupar cargos públicos en los que sólo dispuso del presupuesto sin acudir a trabajar y ofrecer “acabar” con los bloqueos para recuperar la tranquilidad ciudadana. Al referido informe sólo acudió una docena de allegados del michoacano, ampliamente repudiado en la entidad…Ahora campesinos de San Francisco Lachigolo demandan la aparición con vida de Héctor Inés Hernández, Margarita Gutiérrez López, José Isabel Cruz Celis, Mariana Santiago López y Honorina Santiago López, secuestrados presuntamente, por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones de Oaxaca en complicidad con el alcalde Alejandro Hernández Esteban con el objeto de para apoderarse de sus tierras a través de un comisariado ejidal a modo, indicaron los denunciantes …Ante la incapacidad de nuestras instituciones de seguridad pública y de justicia, ahora se “presume” de la injerencia de una universidad austriaca para resolver nuestras deficiencias; cuando menos deberían retirarles los fabulosos presupuestos federales a esos rubros tan incompetentes…Se descarta, afirman, un periodo extraordinario para debatir el famoso decálogo para la vuelta de la tranquilidad en el país…
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