Los abusos de la policía comunitaria

• Los abusos de la policía comunitaria
• Actitud valiente de la edil de Xalpa
NO SON NUEVOS LOS ABUSOS DE LA POLICÍA Comunitaria. Si bien nació como una alternativa de seguridad pública de los pueblos y de defensa de sus habitantes ante los abusos de las autoridades, con el tiempo se ha convertido en todo lo que debía combatir, de tal forma que hoy es sinónimo de violencia, de delincuencia y agresiones contra la población que en teoría debe defender.
Así ocurre con casi todos los grupos de policías comunitarias y ciudadanas existentes en el estado, desde las que operan en la Costa Chica y la región de la Montaña, hasta los que surgieron en la Sierra del estado, en la zona Centro o en la zona Norte. Todos tienen acusaciones de abusos contra la población que dicen defender, y señalamientos de proteger o estar coludidos con la delincuencia organizada.
Sin embargo, con todo y que se han convertido en un peligro y amenaza para los pueblos donde operan, nadie, ni siquiera el gobierno federal a través del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, hacen nada para detenerlos, y mucho menos el gobierno del estado, y más aún, los gobiernos municipales, que en algunos casos les pagan o financian sus actividades, como una forma de que no les generen problemas, como ocurre en San Luis Acatlán.
Por eso es que resalta la actitud y postura de la alcalde de Xalpatláhuac, en la región de la Montaña, quien de manera valiente no sólo denunció los abusos del grupo de comunitarios en contra de la población, sino también en contra de su propia persona, luego de que en una reunión para discutir y evaluar su operación en el municipio, dispararan contra la población y la policía preventiva a la que desarmaron, apoderándose además del palacio municipal.
En efecto, la presidente municipal Selene Sotelo Maldonado no sólo denunció al grupo de policías comunitarios, que por cierto apareció en Xalpatláhuac un día antes de la jornada electoral del 6 de junio pasado con el fin de presionar a los habitantes para que votaran a favor del candidato de Movimiento Ciudadano, Edmundo Delgado Gallardo, vinculado al Tlayakanki, Nicolás Villarreal Dircio, una especie de autoridad comunal, sino que pidió la intervención de las autoridades federales y estatales a fin de actúen en consecuencia.
Y es que de no atenderse y resolverse el problema, como bien dice la alcalde, la actuación de la policía comunitaria, que está empeñada a causarle problemas, además de amenazarla con detenerla, puede desencadenar en una tragedia, pues si bien esta vez sólo quedó en dos policías heridos, así como el desarme de toda la preventiva, en el futuro quién sabe qué ocurra.
Tiene pues razón Sotelo Maldonado, no sólo porque se trata de un asunto relacionado con su municipio, sino porque al atenderse el problema se evitará, no sólo en Xalpatláhuac, un conflicto mayor entre autoridades municipales y policías comunitarios que, ya lo dijimos, actúan prácticamente en la impunidad, agrediendo a la población y violentando sus derechos humanos, al perseguir, detener y encarcelar a quién ellos quieren, y en la mayoría de los casos, bajo tortura.
Así ha ocurrido, por ejemplo, en Marquelia, en San Luis Acatlán, en Ayutla de los Libres, en Tlapa, en Zapotitlán, en Atlixtac y en otros pueblos de la Montaña y la Costa Chica, así como en Tierra Colorada, El Ocotito y Petaquillas, municipio de Chilpancingo, o en Tlacotepec, así como en Teloloapan, en donde prácticamente han tomado como rehenes a los pueblos que dicen defender.
Ya lo dijimos. Ciertamente la policía comunitaria nació como una necesidad de defensa de los pueblos ante la inseguridad pública que vivían sus habitantes; es decir, nació para defenderlos incluso de los cuerpos policiacos oficiales. Sin embargo, con el paso de los años se volvió en su contra y se convirtió en lo que deseaban combatir, bajo el manto de la impunidad y el abuso de poder.
En fin. La pregunta es si las autoridades estatales y federales le harán caso a la alcalde Selene Sotelo Maldonado, y en consecuencia tanto el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, así como la Policía del Estado y la Policía Investigadora Ministerial actuarán en consecuencia, tomando en cuenta la comisión de delitos de los grupos de policías comunitarios. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como la gobernadora Evelyn Salgado Pineda tienen la palabra, así como el Congreso del estado que, en el marco de sus funciones debe legislar para enmarcarla en la ley y establecer límites de su operación.
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