Los abusos del poder

La comparecencia del secretario de Finanzas, Héctor Apreza Patron, ante comisiones legislativas del Congreso, dejó al descubierto que en el año de gobierno del gobernador interino Rogelio Ortega, hubo un abuso en la discrecionalidad y en el uso y aplicación de los recursos públicos, que por el sólo hecho de haber inflado la nómina modo en perjuicio del erario público, quienes manejaron el dinero en el ese periodo merecen ir a la cárcel y obligarlos a resarcir el daño hecho al patrimonio gubernamental.
Gastar el dinero público para beneficiar a sus amigos, para pagarles a bellas damas que cobraban sueldos superiores a los que tiene asignado un subsecretario; y a hombres jóvenes de los que se desconoce el rol que jugaron en la administración pública estatal no tiene madre, y menos viniendo de quienes pomposamente se dicen revolucionarios y defensores de las clases oprimidas, y que han mantenido de origen una lucha contra el capitalismo.
La explicación que Apreza Patrón dio a los legisladores la noche del viernes de la semana pasada, dejó a muchos con la boca abierta, al dejar al descubierto que en el año de gobierno del académico Rogelio Ortega Martínez, hubo 9 subsecretarios en la Secretaría de Finanzas y Administración, cuando la Ley Orgánica de la Administración Pública sólo reconoce tres; y porque en ese periodo la nómina gubernamental creció en la escandalosa cantidad de mil millones de pesos.
En esto tiene mucha culpa el Partido de la Revolución Democrática y el llamado grupo de ’Los Chuchos’, porque fueron ellos quienes decidieron que fuera Rogelio Ortega el sucesor de Angel Aguirre Rivero, ante el tropiezo político de éste por los hechos ocurridos en Iguala en septiembre del 2014, en contra de estudiantes de la normal de Ayotzinapa que mantienen aún en calidad de desaparecidos a 43 normalistas.
Héctor Apreza también reveló ante los diputados, que cuando tomó las riendas de la Secretaría de Finanzas encontró que tan sólo su oficina, que no esa dependencia en su conjunto, tenía adscritos a más de 200 trabajadores de los cuales se desconocía el paradero y la ubicación de 150.
El nuevo gobierno también detectó a más de mil 500 trabajadores que están en las nóminas de dos y hasta tres dependencias del sector central al mismo tiempo con horarios incompatibles, a quienes ya se les notificó que elijan el sitio donde quieren estar porque no pueden continuar en esa situación.
Por lo anterior, el ex gobernador académico, de quien se dice que seguiría cobrando como investigador en la Universidad Autónoma de Guerrero, debe ser llamado a cuentas junto con quien fue su secretario de Finanzas, Eliseo Moyao, para que respondan a los señalamientos y se finquen las sanciones que el caso amerite por haber incurrido en presuntas irregularidades administrativas.
Durante su comparecencia ante diputados, el secretario de Finanzas y Administración se pronunció porque se aplique la ley, y que lo mismo ocurra con presidentes municipal y actuales servidores públicos del gobierno del estado que incurran en desvíos de recursos y actos de corrupción, bajo la premisa de que es un crimen desviar los recursos públicos a fines distintos para los que fueron autorizados, pero que es mucho más criminal hacerlo para saciar intereses personales.
El secretario de Finanzas desnudó como nunca la administración pública que les heredaron los ex gobernadores Angel Aguirre Rivero y Rogelio Ortega Martínez, a quienes responsabilizó de haber heredado un adeudo multimillonario de 4 mil millones de pesos al Sistema de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda, por el no pago del Impuesto Sobre Remuneraciones (ISR) tan sólo por lo que corresponde al año 2013, y que están pendiente de ser cuantificados los impuestos no pagados en los ejercicios fiscales 2014 y 2015.