Opinión del experto nacional
Armando Ríos Ruiz
Desde hace varias décadas, nuestros políticos están bajo la vigilancia de agencias investigadoras de Estados Unidos, más que por las de casa, por la presunta comisión de diversos delitos. Desde que comenzó a cobrar fuerza el narcotráfico, por sus nexos con grupos que se dedican a esta actividad.
A finales del siglo pasado fue detenido el general Jesús Gutiérrez Rebollo, primer militar de alto rango y zar antidrogas, acusado de proteger a un capo, Amado Carrillo, jefe del cártel de Juárez y sentenciado a 40 años de prisión.
Manuel Bartlett Díaz fue solicitado en extradición por el gobierno vecino cuando era gobernador de Puebla, por su presunta participación en la muerte del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar. Se difundió en su momento que la muerte del investigador se achacó al capo Rafael Caro Quintero, fundador del cártel de Guadalajara, para desviar todas las sospechas.
Se supo entonces que el presidente Salinas de Gortari ordenó su exoneración de toda investigación. Ignacio Morales Lechuga, procurador General de la República, aseguró que no había elementos para investigarlo y que no se permitió la extradición ’por falta de lógica y datos falsos’. Con testimonios que ’no tenían ni pies ni cabeza’.
Luego desfilaron los nombres de gobernadores priistas como Mario Villanueva, de Quintana Roo; Tomás Yarrington, de Tamaulipas, Fidel Herrera, de Veracruz; Humberto y Rubén Moreira, de Coahuila.
En el sexenio de Peña Nieto, el desfile estuvo bastante concurrido. Figuraron gobernadores como Roberto Borge, de Quintana Roo; César Duarte, de Chihuahua; Javier Duarte, de Veracruz; Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública y muchos otros servidores del sexenio más corrupto que haya conocido México.
Hoy, con verdades a medias, mentiras completas y suposiciones de toda índole, una fiscalía federal de Brooklyn acusó al general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa durante el sexenio pasado, de tener vínculos con un cártel asentado en Colima, ligado a los hermanos Beltrán-Leyva.
El asunto se ha enredado a tal grado, que ahora es difícil afirmar si el militar es realmente culpable o no. Para el gobierno de Estados Unidos sí. Para el de México es inocente. No existe claridad que lleve a elucubrar siquiera, entre una suposición y otra. Los datos resultan inciertos, oscuros, dudosos.
El expediente elaborado por la DEA que lo involucra, hace ver que su participación se desprende de la plática de dos narcotraficantes que lo citan. De ahí que se haya iniciado una supuesta averiguación en torno a su persona, que por lo que hoy se ha logrado conocer, arroja datos llenos de duda.
Lo describen como una persona de baja estatura, blanco, con un pergeño que no corresponde. Se habla de la mención de un hijo suyo, cuando sólo tiene tres hijas. Se habla de la revisión de un teléfono celular BlackBerry, cuando jamás usó esa marca.
Todo confunde. Por eso también se elucubra que esto viene de la insistencia del presidente López Obrador, en desdeñar el triunfo de Joe Biden. De exhibirse como simpatizante fiel de Trump y de actuar como si retara a las nuevas autoridades de la Unión Americana.
