Ciudad de México, .- Los damnificados del desbordamiento del rio Buenaventura en la alcaldía de Xochimilco del 2017, tras poner el grito en el cielo al enterarse de que el gobierno de la CDMX, mediante la aseguradora GMX, haría el pago de las indemnizaciones a las víctimas de la Línea 12 del Metro, la misma que no les ha pagado la indemnización por la pérdida de sus casas y los ha mantenido en el olvido, por fin tuvieron una reunión con Luz Elena González Escobar, secretaría de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la CDMX, quien de nuevo les dio largas.
La cita se llevó a cabo el pasado lunes 24 de mayo en las oficinas de gobierno en la que González Escobar, después de escuchar sus quejas y la petición de que la aseguradora GMX pague las indemnizaciones, tuvieron como resultado que en 10 días les daría una respuesta, la misma que los vecinos han recibido decenas de veces y los mantiene en el limbo jurídico.
’Esto los hace sentir en la incertidumbre en la que siempre han estado, pues desde el 2017 no han tenido ninguna compromiso ni garantía de pago por parte del Gobierno de la CDMX, quien debe de presionar a la aseguradora GMX para que efectúe la indemnización, sólo les dicen: ’vamos a ver’ como ya lo había hecho antes Claudia Sheinbaum, no ha habido un sólo resultado’, comenta Héctor Almazán, representante legal de los vecinos de Xochimilco.
Sin embargo Almazán expresó que los vecinos están tratando de confiar en que está vez haya una respuesta real por parte del gobierno de la CDMX, pues de no hacerlo, dejaría entre dicho el compromiso que tiene de pagar las indemnizaciones a las víctimas de la Línea 12 del Metro y quedaría en evidencia el contubernio entre el gobierno y la aseguradora.
Cabe resaltar que a finales del 2017, el despacho Almazán, Consultoría Jurídica Especializada, interpuso acciones legales para que el Gobierno de la Ciudad de México brindara apoyo a los damnificados, lo que le llevó a abrir 8 carpetas con una demanda de 45 millones de pesos e interponer un Juicio de Daño Patrimonial y Acción Resarcitoria ante la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México, en donde de inmediato fueron desechadas dichas reclamaciones.
Tras acudir al Tribunal de Justicia Administrativa y 4 años de persistencia sobre el tema, la Secretaria de la Contraloría de la CDMX por fin aceptó reiniciar el juicio.
