Tras la puerta del poder
Roberto Vizcaíno
A volar joven… | José Luis
Acorralado por la incredulidad y la desconfianza popular hacia todo lo que represente al PRI, el tecnócrata Enrique Ochoa Reza, líder nacional de este partido, desechó que vaya a ser candidato presidencial del tricolor en 2018 y advirtió que, aunque casi nadie lo crea, él hará limpia total de corruptos dentro del priísmo.
Sólo pidió a los mexicanos poder cumplir con los plazos legales y así como se resolvió la expulsión del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, así se resolverán antes de fin de este año (es decir en menos de 60 días), los casos de los ex gobernadores priístas de Chihuahua, César Duarte y de Quintana Roo, Roberto Borge.
Por lo demás, expresó, está ya en marcha la entrada en operación de la Comisión Anticorrupción del PRI (que estará integrada por 3 priístas ’de probada honestidad’), que será la encargada de darle curso a las denuncias en contra de los militantes del tricolor, ya sean secretarios de Estado, altos funcionarios de los gobiernos federal, estatales y municipales; líderes sectoriales o gremiales, diputados federales o locales y senadores.
Todos los priístas, indicó.
Respecto de Javier Duarte, el dirigente pidió a la PGR hacer un esfuerzo y detenerlo ya, e incautarle sus bienes y recursos para que regrese el dinero que se robó a las arcas públicas.
Eso está previsto en el nuevo sistema de justicia.
De igual forma, dijo, la PGR debe aplicar ya las órdenes de aprehensión contra el ex gobernador de Sonora, el panista Guillermo Padrés.
Entrevistado por Carlos Loret de Mola en su programa matutino en el canal 2 de Televisa, Ochoa Reza indicó que ’el pueblo de México no acepta ya a gobernadores corruptos que abusen de la confianza de todos y por esa razón los corruptos tienen que terminar en la cárcel’.
Lo importante, agregó, es poner un alto a este tipo de conductas.
Por eso, insistió, la comisión anticorrupción que operará en el PRI le dará seguimiento a las cuentas públicas y los balances financieros de los gobiernos estatales y municipales, no sólo de mandatarios surgidos del PRI, sino de todos los partidos y así poder actuar antes de que el problema sea inmanejable.
RANCHOS Y UN BANCO
En el caso de César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, las investigaciones y las denuncias advierten que no sólo posee un banco o fondo financiero con actividad bancaria denominado ’Banco Unión’, sino que se le han encontrado entre 4 y 6 ranchos que en total sumarían las 3 mil 660 hectáreas.
Fuentes cercanas al ex mandatario indican que el ex gobernador podría ya no estar en México, sino en Irlanda donde tiene ya montada casa con muebles escogidos por él, y servidumbre de sus confianzas que le ha servido durante los años recientes.
Su nuevo destino fue escogido por recomendaciones de sus abogados, ya que Irlanda al parecer no tiene tratado de extradición con México.
Lo cierto es que Ochoa Reza ya se comprometió a tramitar su posible expulsión del PRI para antes de que concluya este año.
APOYO GREMIAL
A punto de cumplir una semana de que tomaron el Palacio de Gobierno de Veracruz en Xalapa, los alcaldes de varios partidos quienes se han visto reforzados con la adhesión de diputados del PAN y del senador Fernando Yunes, quienes se sumaron al asalto de las instalaciones, los munícipes no piensan dar ni tregua y concesiones al gobernador interino Flavino Ríos:
’O nos paga todo lo que nos debe (hay quien dice que son 2 mil millones de pesos y otros que la cantidad asciende a más de 6 mil millones), o nos quedamos aquí hasta que nos paguen…’
Con las cosas así, Enrique Vargas del Villar, alcalde de Huixquilucan, Estado de México y presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes, la ANAC, manifestó su preocupación por la falta de respuesta del gobernador interino Flavino Ríos.
A este le dijo que no basta con reconocer la deuda, sino que debe atender la solicitud que cerca de 50 alcaldes de diferentes fuerzas políticas quienes piden reunirse con él y abordar el tema de los Fondos Federales y Estatales que no les han sido entregados desde hace más de tres meses.
En especial preocupa, dijeron estos, la falta de entrega del Fondo de Infraestructura Social Municipal, de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal y el Fondo de Aportaciones Múltiples.
Enrique Vargas indicó que si los recursos llegaron de la federación al estado desde el mes de agosto, este a su vez debió entregarlo inmediatamente a los municipios.
Por ello pidió la intervención de la Secretaria de Gobernación Federal para que estos alcaldes del PAN, PRD, PRI, Alternativa Veracruzana, Movimiento Ciudadano sean atendidos sin distingo partidista, ya que al día de hoy, llevan 5 días en el palacio de gobierno, esperando ser recibidos por el gobernador interino sin que esto suceda.
Considera que con la intervención del gobierno federal se les brinde una solución a los alcaldes y por lo tanto a sus ciudadanos, donde reciban el ciento por ciento de los casi 6 mil millones de pesos que les adeuda el gobierno del estado.
¿GUARURAS O GUARDIAS?
Roberto Rivera Mier, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada le solicitó a Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad, la creación de una Ley que regule a las empresas de seguridad privada en todo el país, tal y como lo aprobó en el mes de agosto, el Consejo Nacional de Seguridad.
La Asociación, que representa a las principales empresas de seguridad privada del país, que ocupa a más de 100 mil personas y representa el 20 por ciento de este mercado, recordó que esta es una vieja demanda que ha planteado la AMESP, desde su creación.
Indicó que hoy existen más de seis mil empresas de seguridad privada en el país, de las cuáles sólo están regularizadas apenas el 10 por ciento.
Destacó que el mes de agosto pasado, la CNS anunció la creación de una nueva ley en materia de seguridad privada y dijo que invitaría a la AMEPS, a trabajar en esta legislación, pero hasta el momento, no se han dado las bases para iniciar los trabajos.
Rivera Mier afirmó que la AMESP está preparada para iniciar cuando lo decida la CNS, pues la falta de normas legales ha propiciado en la proliferación de empresas de seguridad privada con servicios de mala calidad.
Es ahí cuando los ciudadanos califican a los guardias, de guaruras.
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