El pasado 25 de agosto, Asylum Access México, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, AC, Sin Fronteras IAP y el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI) presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el 26 de agosto y 03 de septiembre dos amparos indirectos -el primero en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en Tabasco y el segundo en el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México- luego de que el pasado 2 de agosto comenzaron a registrarse vuelos provenientes de Estados Unidos (EUA) al sur de México con personas migrantes y con necesidades de protección expulsadas de territorio estadounidense bajo el Título 42.
La queja y los amparos promovidos señalan cómo el gobierno de México realiza deportaciones ilegales (masivas y ’en caliente’), de madrugada y por puntos no establecidos así como devoluciones en cadena, en las que las personas son expulsadas desde Estados Unidos a aeropuertos del sur (Chiapas y Tabasco) y centro del país (Jalisco, Ciudad de México y otras) para después ser trasladadas vía terrestre a la frontera con Guatemala por agentes del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional, sin recibir información sobre la posibilidad de solicitar protección en México. Entre el 5 y 31 de agosto se registraron 34 vuelos provenientes de EUA.
Estas acciones violan el derecho al debido proceso y al asilo, establecido en la legislación nacional e internacional. Además, no toma en cuenta el interés superior de la niñez ni la perspectiva de género, y transgrede el principio internacional de no devolución que establece, a los Estados firmantes de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 (entre ellos México), la prohibición de expulsar a las personas con necesidades de protección internacional al país del que escaparon y donde sus vidas pueden estar en riesgo.
La complicidad del gobierno mexicano con el estadounidense no sólo violenta los derechos de las personas con necesidades de protección también incumple con el compromiso asumido el 21 de marzo de 2020 en la nota informativa emitida por la Cancillería mexicana. En ella se señala que se recibirán a 100 personas diarias, con excepción de aquellas vulnerables a la COVID-19 –como niñez y mujeres embarazadas-, de Guatemala, Honduras y El Salvador. No obstante, se ha registrado la expulsión de personas de nacionalidades diferentes a las señaladas, de mujeres embarazadas y niñez, y un mayor número respecto del comprometido.
La queja y los amparos presentados señalan como autoridades responsables al Instituto Nacional de Migración, la Guardia Nacional, la Dirección General de Control y Verificación Migratoria del INM, al Congreso de la Unión, la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Ejecutivo federal.
Las organizaciones de la sociedad civil hemos insistido en que las expulsiones en cadena bajo Título 42 son una estrategia cruel de los gobiernos de EUA y México para contener la migración, esta acción está destinada al fracaso y representa la violación de diversos derechos nacionales e internacionales. Es tiempo de romper el patrón de estas respuestas a la migración. Es urgente un sistema que responda a las necesidades de protección de las personas. Estados Unidos y México tienen la oportunidad de gestionar la migración de manera diferente, con respuestas humanitarias, reconociendo los derechos de las familias, mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes que buscan protección internacional porque no tienen más opciones.
En los siguientes días organizaciones de la sociedad civil regionales enviaremos una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamándola a solicitar información a los gobiernos acerca de las expulsiones; se pronuncie contra las violaciones a derechos que representan las devoluciones en cadena de personas que buscan protección; y solicite información sobre los recursos jurídicos que tiene esta población con riesgo de expulsión en Estados Unidos y México.
