PGR se dice víctima

Sigue la guerra contra los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sigue desde los rincones más oscuros de la administración pública pero también desde los más altos niveles.
Ahora, colocan una serie de viajes personales de los integrantes de este grupo con la intención de descalificar sus investigaciones, aseguran desde la PGR que no cumplieron con su trabajo, sin embargo, los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa saben que lo hecho por los integrantes de ese grupo es un precedente más real y apegado a la verdad, que las verdades históricas de sus escritoprios. A pesar de que las conclusiones del grupo de expertos no dan esperanza alguna, los padres ven con más congruencia sus análisis. La investigación desde la PGR y la subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob, están detenidas.
La señora Arely Gómez sabía el escenario que encontraría en la PGR y a pesar de ello sigue con el histrionismo propio de ese cargo. Desde antes de llegar a esas oficinas sabe qué decir y qué callar.
Documentos obtenidos por The Associated Press, señalan que 10 de los sospechosos relataron un guion casi idéntico: primero vinieron los interrogatorios, después los golpes, las descargas eléctricas, asfixias parciales con bolsas de plástico y finalmente amenazas de que matarían a sus seres queridos si no hacían confesiones que sustentasen lo que decía el gobierno. Algunos dijeron incluso que les dieron evidencia preparada o les indicaron lo que tenían que decir.
Este es el marco jurídico de la verdad histórica de la PGR que adopta el resto de la administración pública como propio.
Además, informes médicos publicados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos confirman las versiones de que hubo torturas. De los diez archivos conseguidos por la AP, la organización revisó cinco y encontró pruebas verosímiles de torturas en todos ellos.
A pesar de que las denuncias de torturas involucran a los miembros de la policía federal y las fuerzas armadas que arrestaron a individuos sospechosos de tener vínculos con el cártel Guerreros Unidos, algunos vocingleros del oficialismo aseguran que todas las instancias que no apoyan la verdad histórica de la PGR son enemigos de México, en una actitud que acusa no sólo un sistema dictatorial sino un autoritarismo que hace mucho dejó de funcionar en cualquier sociedad civilizada del mundo.
Pero el colmo de esta guerra contra los investigadores extranjeros es que se quejan de lo gastado en su trabajo, pero no ven los salarios de los funcionarios públicos mexicanos que no hacen nada y que mes tras mes absorben buenas partes impunemente del presupuesto.
Así, entre la burocracia dorada podemos ver a personajes a quienes debería darles vergüenza cobrar como el ministro Luis María Aguilar, cuya parcialidad en los fallos es evidente, gana 563,416.50 pesos al mes; el auditor a quien nadie hace caso, Juan Manuel Portal Martínez, gana 353,900.80; el cuestionad presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, gana 349,583.50; el racista del PRI, Lorenzo Córdova Vianello, gana 349,564.30; los senadores ganan un promedio de 227,424.90; los diputados 160,833.30 y no hacen nada.
Los expertos trabajaron, sacaron conclusiones, despejaron dudas, pero también cuestionaron las confesiones de presuntos culpables arrancadas con torturas. Esto fue lo que ahora provoca una xenofobia, que intenta que nadie, fuera de la burocracia de investigaciones pueda opinar sobre lo que sólo ellos pueden hablar, aunque carezcan de lógica, pero sobre todo de vergüenza.
Así, la PGR asevera que miembros de una banda mataron a los estudiantes después de que fueron entregados por la policía, que los había arrestado en la ciudad de Iguala, pero hay evidencias médicas que corroboran las denuncias de torturas.
Nadie duda que en México la tortura es un método para fabricar culpables, pero también para elaborar historias.

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