No todo el dinero que el Gobierno federal le entregó a los estados el año pasado fue bien utilizado. La información de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) indica que el año pasado, 31 gobiernos estatales generaron probables daños al erario público por 23 mil 331 millones 738 mil 917 pesos provenientes de partidas de gasto federalizado.
Lo anterior se da en un contexto en que el gasto federalizado del próximo año será inferior al de 2020, lo que implica que los gobiernos estatales tendrán menos dinero para realizar sus actividades. Algunos gobernadores acusan que el recorte presupuestario supone una situación de riesgo para cumplir con sus funciones, pero el Presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que con austeridad y un buen manejo de recursos, los estados no enfrentarán mayores problemas que los que ya tienen.
Si bien es cierto que la reducción del dinero federal impactará en el desempeño de diversos programas públicos a nivel local, año con año las irregularidades en el uso del gasto federalizado reducen la eficiencia presupuestaria y minan el impacto de los fondos gubernamentales, por lo que prevenirlas y subsanarlas contrarrestaría parte de las insuficiencias que el recorte del gasto federalizado pueda llegar a causar, máxime si se considera que los probables daños detectados en 2019 por la ASF son equiparables, por ejemplo, a la quinta parte del monto (115.5 mil millones de pesos) de la reducción planeada del gasto federalizado para 2021.
A reserva de las inconsistencias detectadas que sean solventadas en los próximos meses y que los daños referidos puedan o no estar ligados a posibles actos de corrupción, éstas suponen fallas administrativas de diversa índole. La información de 359 auditorías analizadas por la Unidad de Datos de SinEmbargo indica que los posibles daños económicos no solventados del ejercicio de dinero público federal por parte de los gobiernos estatales durante 2019 se debió a pagos anómalos, omisiones contables, ejercicio lesivo de recursos, irregularidades materiales y anomalías financieras.
Los probables daños referidos están relacionados con siete rubros de gasto. El sector Salud concentró el 79.7 por ciento de los recursos públicos no solventados, con supuestos perjuicios económicos por 18 mil 606 millones 174 mil 325 pesos. Le siguen las irregularidades de las partidas de Saneamiento Financiero –que es dinero que la Federación transfiere a estados y municipios para reducir pasivos y mejorar la operación administrativa local– y de Participaciones Federales –que son recursos no etiquetados o de libre disposición– con respectivos daños por 3 mil 392 millones 706 mil 990 (14.5 por ciento) y 782 millones 184 mil 998 pesos (3.3 por ciento).
El resto de las anomalías está ligado a Educación, Seguridad, Inversión Física e Infraestructura Social, con un monto conjunto por probables daños de 550 millones 672 mil 603 pesos (2.4 por ciento).
Entre los estados con mayores perjuicios económicos como proporción de los recursos auditados del ejercicio del gasto federalizado durante 2019 están la Ciudad de México, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Sonora, Veracruz, Baja California Sur, Jalisco, Morelos y Quintana Roo. Sin embargo, la Ciudad de México, Veracruz, Chiapas, Nayarit, Oaxaca, Coahuila, Puebla, Michoacán, Jalisco y Sonora son las entidades federativas con mayores montos en probables daños a la Hacienda Pública Federal. Tan sólo las irregularidades de la capital del país, de Veracruz y de Chiapas son equiparables al 52 por ciento (12 mil 88 millones 233 mil 528 pesos) de los perjuicios económicos detectados por la ASF durante 2019.
En el apartado “Daños por estado: general” de la siguiente tabla puede consultar la síntesis de datos a nivel estatal, en que está anexado el monto total de probables daños de cada entidad federativa, así como la lista de perjuicios económicos en relación con las muestras auditadas por la ASF. Asimismo, en los apartados por rubro de gasto es posible consultar el tipo de irregularidades detectadas, los montos relacionados y el número de auditoría consultada.
DAÑOS A LA SALUD
El gasto federalizado en los estados incluyó el uso de recursos públicos para el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud y para el Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, así como para partidas del Seguro Popular. Al auditar estos rubros, la ASF encontró 18.6 mil millones de pesos en irregularidades no solventadas de 30 entidades federativas, con las excepciones de Durango y Querétaro, donde las anomalías fueron solventadas.
Estímulos y salarios improcedentes, excesivos o injustificados, como aquellos dados a trabajadores que ya habían sido cesados; pago de bienes y servicios no encontrados, como en el caso de medicamentos que no fueron distribuidos a las unidades médicas y que tampoco fueron localizados en inventarios físicos; falta de comprobación de recursos aplicados y uso de cuentas bancarias no autorizadas, además de erogaciones para fines ajenos al fondo o programa, son ejemplos de las irregularidades cometidas en varios estados, entre ellos Baja California, Chihuahua y Michoacán, de acuerdo con las auditorías 2019-A-02000-19-0476-2020476-DS-GF, 2019-A-08000-19-0592-2020592-DS-GF y 2019-A-16000-19-0889-2020889-DS-GF.
Sin embargo, destacan los casos de Nuevo León y Tlaxcala, en donde la ASF determinó probables daños al erario público federal por 71 y 1.9 millones de pesos respectivamente, por triangular recursos sin que a la fecha de la auditoría fueran localizados, se lee en las auditorías 2019-A-19000-19-0972-2020972-DS-GF y 2019-A-29000-19-1257-20201257-DS-GF.
“Se presume un probable daño o perjuicio […] por destinar recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2019 para realizar transferencias a una cuenta bancaria del Hospital ‘Dr. José Eleuterio González’ de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la cual se realizaron transferencias a otra cuenta bancaria distinta a los objetivos del fondo, sin acreditar el ejercicio de los recursos”, dice la ASF sobre el gasto a cargo del Gobierno de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
“Se presume un probable daño o perjuicio […] por transferir recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2019 a otras cuentas bancarias en donde se mezclan recursos de otros fondos y programas con objetivos distintos […] sin que a la fecha de la auditoría, el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala acreditara la devolución a la cuenta bancaria de origen y su aplicación en los fines del fondo o su reintegro a la Tesorería de la Federación”, indica asimismo la ASF.
Además de las irregularidades en cada caso, la ASF determinó por ejemplo que, en el caso del manejo del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, Aguascalientes, Ciudad de México y Nuevo León no realizaron una gestión eficiente y transparente de recursos.Efrén Flores | SIN EMBARGO